Se presentaron ante la Sala Superior dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mediante los cuales los actores solicitaron la protección a su derecho a la autonomía y el respeto a su sistema normativo y que se les reconociera con tal carácter a sus autoridades tradicionales, solicitando se ordenara a todas las autoridades estatales y federales hacer lo mismo sin la mediación de una autoridad externa como era en ese momento el Presidente de Álamos. Además se solicitó que se ordenara al congreso local emitir un decreto reconociendo la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad y a su Gobernador Tradicional y Comisario Tradicional como sus representantes.

La Sala Superior ordenó reconocer la autonomía y autogobierno de las comunidades del ejido Guarijíos-Burapaco Mesa Colorada, y de la colonia Makurawi, San Bernardo, ambos en Álamo, Sonora y a los actores como Gobernadores Tradicionales de las comunidades en mención.

La decisión de los Magistrados, se fundó en el derecho reconocido de libre autodeterminación de los pueblos indígenas, cuya finalidad radica en la protección y permanencia de esas comunidades, el reconocimiento de sus propias formas de organización, y la regulación de dichas formas, aspectos que constituyen la piedra angular del autogobierno indígena.

Para la Sala Superior el problema radicó en la situación de incertidumbre en que se encontraba la comunidad, en cuanto al procedimiento o la autoridad facultada para reconocer los cargos de Gobernador Tradicional, pues resultaba un serio riesgo para las comunidades indígenas al estar en peligro sus derechos político-electorales, ya que ninguna de las autoridades a las que se les requirió información, señalaron contar con facultades para acreditar a los actores como gobernadores; sin embargo, conforme a las actas de asamblea comunitaria se demostró que los actores fueron ratificados para dichos cargos.