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El Tribunal Electoral, en las resoluciones de los procedimientos  
sancionadores especiales, a partir de la sentencia dictada en el expediente  
PSE-TEJ-003/2014 adoptó el criterio de que en todos estos procedimientos  
debe regir el principio de la presunción de inocencia, previsto en el  
artículo 20 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del  
cual se infiere que ésta es un derecho fundamental a favor de todo  
gobernado; que tiene por objeto preservar la libertad, la seguridad jurídica  
y la defensa social, pues busca proteger a las personas respecto a la  
limitación de sus derechos.
En ese sentido, para el jurista Raúl F. Cárdenas Ríoseco, la presunción  
de inocencia, es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la  
categoría de derecho humano fundamental que posee eficacia en un doble  
plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye  
en derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe de  
los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el  
referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo  
decisivo en el régimen jurídico de la prueba.
De manera similar, el autor David Aljovín, sostiene que la presunción de  
inocencia reviste tres aspectos fundamentales: a) Constituye la garantía  
básica del procedimiento administrativo sancionador; b) Opera en todo  
momento la regla de tratamiento del imputado durante el mismo, y c) Se  
observa la regla relativa a la carga de la prueba. Esos elementos son  
fundamentales para comprender la proyección constitucional del derecho a ser  
considerado inocente por la autoridad, en los procedimientos sancionadores  
electorales, hasta en tanto se demuestre la responsabilidad en la comisión  
de una infracción, bajo el apego al debido proceso y a la oportunidad de una  
defensa adecuada. Así, el principio de presunción de inocencia aplicable al  
procedimiento sancionador especial establece un equilibrio entre la facultad  
sancionadora del Estado y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, a  
fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el conflicto partiendo  
siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas está la  
relativa a que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones.

Expediente: PSE-TEJ-003/2014Tipo: Sentencias RelevantesDescriptor o  
título: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

[1] https://www.te.gob.mx/juriselectoral/Juris/print/1040
[2] https://www.te.gob.mx/juriselectoral/Juris/printpdf/1040