Igualdad de género

Juicio de revisión constitucional electoral SDF-JRC-3/2013.

En este asunto, el Partido de la Revolución Democrática hizo valer diversos agravios en contra de los razonamientos de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala relacionados con las reglas contenidas en el Acuerdo CG 18/2013 del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, en el que se establecieron los lineamientos de equidad de género que deben observar los partidos políticos y las coaliciones en las elecciones ordinarias de diputados locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala.

En relación con las elecciones de ayuntamientos, en la sentencia se consideró que en términos de lo establecido en el artículo 95 de la Constitución local, el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala tiene la facultad y obligación de emitir las normas complementarias que permitan alcanzar el cumplimiento del principio de paridad en estudio, de ahí que se arribara a la conclusión de que la prescripción contenida en el Acuerdo CG 18/2013 relativa a que el registro de candidatos a integrar los ayuntamientos debía darse en planillas completas con fórmulas alternadas de candidatos a presidente municipal, síndico y regidores resultara adecuada, proporcional y razonable, ya que obedece a la obligación que tiene el Instituto Electoral de Tlaxcala de cumplir con el principio de “equidad de género”. Además, la cuota de género no sólo guarda un alcance que se agota en el municipio concreto sujeto a renovación, sino que en términos de equidad y progresión de los derechos debe considerarse a la entidad federativa en su totalidad, ya que lo importante no es el tipo de cargo, sino que se garantice la participación del género menos favorecido en condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos.

En materia de las elecciones de presidentes de comunidad, en la sentencia se consideró que, si bien la cuota de género resultaba aplicable a los candidatos a presidentes de comunidad, al pertenecer estos a la estructura del ayuntamiento debían cumplirla de manera obligatoria, por lo que no podía exigirse únicamente si se tomaba la elección como si se tratara de una sola en el ámbito estatal. Así, al considerar que el número de presidencias de comunidad varía entre un municipio y otro por depender de un factor poblacional, para hacer viable el cumplimiento de la cuota de género paritaria que se prevé en la legislación de Tlaxcala, se estimó procedente circunscribir esta al ayuntamiento al que pertenecían los candidatos a presidentes de comunidad propuestos, lo cual permitiría exigir a los partidos políticos y coaliciones el cumplimiento de una cuota del orden de 50% para cada género.

Juicio ciudadano SDF-JDC-301/2015.

En esta sentencia se sentó un criterio relevante en materia de profesionalización de las mujeres en la vida política al resolver un juicio ciudadano relacionado con la designación de candidaturas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a síndico en el municipio de Cuautla, Morelos, en el cual las actoras esgrimieron que el tribunal local no fundamentó ni motivó por qué ante la renuncia de la fórmula de candidatas de dicho partido, estas no tenían un mejor derecho que la ciudadana designada, Sandra Lucía Balón Narciso, quien nunca se registró en el proceso interno de selección. Las promoventes adujeron tener un mejor derecho que la ciudadana designada, pues cumplieron con los requisitos establecidos para participar en el proceso interno, en el cual se aceptó su precandidatura y, en consecuencia, realizaron la campaña política respectiva.

En dicho marco, la Sala Regional observó que, al haberse presentado la solicitud de cuatro fórmulas compuestas por varones y dos por mujeres, y en atención al principio de paridad de género, dado que el cargo de presidente municipal le correspondía a un varón, era necesario que una mujer contendiera por la sindicatura, tomando en cuenta que el acceso de las mujeres a la vida política se logra con la participación material de estas, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y constitucionales. De esta manera, se razonó que la autodeterminación del partido se actualizó con la emisión de la convocatoria y la celebración del proceso interno partidista, de conformidad con sus propias reglas; sin embargo, la designación impugnada no podía ampararse en el derecho de autodeterminación, toda vez que en el caso representaba una afectación directa al derecho a ser votada de las actoras, quienes efectivamente contaban con un mejor derecho que la candidata designada, ya que debía darse prioridad a los procesos internos de selección, sin que ello implicara un menoscabo al instituto político en la designación directa de sus candidatos, en razón de que tales designaciones no deben ser arbitrarias, sino que tienen que respetar la normativa partidista y, en términos del artículo 1 constitucional, deben estar en armonía con el respeto a los derechos de los militantes que participan en esos procesos.

Acceso a la justicia

Juicio ciudadano SDF-JDC-49/2013.

Danelia Guzmán Salgado fue candidata a ayudante municipal de Yautepec, Morelos, y en su demanda adujo, esencialmente, que en el proceso de elección de ayudantes municipales en el cual participó existieron diversas irregularidades y que, por tanto, debían anularse dichos comicios. En primer término, en la sentencia se analizó la reparabilidad de los actos reclamados y se razonó que, aunque la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establecía que los ayudantes municipales debían iniciar sus funciones el 1 de abril del año siguiente al de la elección de ayuntamientos, al no haber existido tiempo suficiente para que la actora agotara toda la cadena impugnativa, debía privilegiarse su derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que el acto impugnado era reparable. Asimismo, se expuso que, si bien los actos impugnados eran eminentemente electorales, si la autoridad organizadora no había establecido la forma en que debían contarse los plazos para la promoción del medio de defensa atinente, no debían correr los días naturales y que solo se habían computado los días hábiles. No obstante lo anterior, en la sentencia los agravios fueron calificados como infundados e inoperantes porque en el fallo reclamado sí constó el análisis de los agravios esgrimidos y la valoración de pruebas que llevó a cabo el Tribunal local, los cuales no fueron suficientes para anular los comicios municipales.

Derechos electorales de las personas mayores

Juicio ciudadano SDF-JDC-11/2014.

En esta sentencia se fijó el criterio consistente en que el INE debe atender minuciosamente el expediente registral de los ciudadanos, considerando las particularidades del caso, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos. En este caso, Dora María Campos Ruiz de la Peña promovió un juicio ciudadano en atención a que acudió al módulo del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio para reponer su credencial; sin embargo, le fue negado el trámite de reposición solicitado con el argumento de que no presentó el acta de nacimiento, sino una testimonial informativa expedida en el Juzgado 18 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Sala Regional determinó que el agravio de la actora era fundado, habida cuenta de que la responsable se limitó a negar el trámite solicitado con base en que carecía de un acta de nacimiento, sin observar el contexto específico ni sus antecedentes registrales. Además, debían atenderse las condiciones particulares de la ciudadana, pues a la fecha ella tiene más de 60 años, lo cual la sitúa en un grupo vulnerable de la sociedad, el de los adultos mayores. Se consideró necesario señalar que, de modo excepcional y únicamente en el presente asunto, y en atención a que la enjuiciante se encontraba inscrita en el Registro Federal de Electores desde el año 2002, se debería revisar minuciosamente su expediente registral, para que con plenitud de facultades se evaluaran los elementos que en dicho expediente existían y, en caso de no advertir otra causa de improcedencia debidamente fundada y motivada, la Dirección Ejecutiva del Registro expidiera y entregara a la actora su credencial para votar con fotografía.

Participación vecinal y ciudadana

Juicio ciudadano SDF-JDC-297/2014.

En esta resolución se fijó el criterio consistente en que la autoridad administrativa local electoral debe atender las particularidades de cada caso para los supuestos de participación ciudadana, incluso tratándose de supuestos excepcionales a la norma. Este asunto fue promovido por la asociación civil Residentes Unidos por Bosques de las Lomas, A. C., en contra de la determinación del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) que confirmó la negativa de registro como organización ciudadana reconocida por la Ley de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa, con derecho a participar en las asambleas y consejos ciudadanos.

En la sentencia, para el análisis de la controversia, la Sala Regional analizó la naturaleza de la asociación civil, de su registro y asistencia en los mecanismos de participación ciudadana en el Distrito Federal, y determinó que, en el caso concreto, la situación de la colonia no encuadraba en el supuesto previsto en la norma y constituía un caso de excepción, por lo cual se consideró que la asociación civil puede ser registrada en dos delegaciones distintas y participar en los respectivos consejos y asambleas ciudadanas, cuando se trata de una sola colonia, atendiendo al interés de los colonos de mantener la unidad de su colonia y estar en aptitud de gestionar ante las dos autoridades delegacionales en pro de sus intereses. Por lo tanto, bastaba con que acreditara su domicilio en alguna de las dos delegaciones donde se ubica la colonia. En virtud de lo anterior, la Sala Regional DF revocó la resolución impugnada y ordenó el registro de la asociación civil Residentes Unidos por Bosques de las Lomas, A. C., (RUNBO) como organización ciudadana de la colonia Bosques de la Lomas, en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Candidaturas independientes

Juicio ciudadano SDF-JDC-298/2015.

Este juicio fue promovido por un aspirante a candidato independiente a diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del instituto electoral local por el que se aprobó el dictamen presentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de ese instituto, relativo a que su fórmula no contaba con el mínimo de firmas de apoyo requerido para obtener su registro. La Sala Regional determinó ordenar el registro del actor, toda vez que la autoridad responsable actuó de manera negligente al cometer errores e imprecisiones que derivaron en una valoración deficiente y un cálculo erróneo de la documentación aportada en su solicitud de registro, lo que generó falta de certeza en el resultado de la búsqueda de los ciudadanos que apoyaron al candidato en el listado nominal. La Sala Regional llevó a cabo el análisis de dicha documentación y determinó que el ciudadano sí había contado con el suficiente apoyo para obtener su registro.

Derechos partidistas

Juicio ciudadano SDF-JDC-233/2013.

En este caso, Estephania Roldán Portillo promovió juicio ciudadano porque el partido Movimiento Ciudadano (MC) la registró como candidata a diputada propietaria por el principio de representación proporcional ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla. En este asunto, para la Sala Regional resultó decisivo el aspecto consistente en permitir a un ciudadano defender su derecho a no ser votado y estimó que, incluso transcurrida la jornada electoral de su partido, era materialmente posible reparar el derecho que la actora decía violentado. A pesar de que resultaron infundados los agravios referidos en la sentencia, se ventiló la posibilidad de que la negativa de Roldán a participar como candidata postulada por MC –por estimar que su documentación personal fue utilizada sin su conocimiento para avalar una voluntad que ella no concedió– se tomara en cuenta para privar tal registro de efectos posteriores.