29/febrero /2012 / Sala Superior 31/2012

México, D.F., a

La decisión anterior se tomó luego de rechazar el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Flavio Galván Rivera, apoyado por el magistrado Manuel González Oropeza, el cual proponía declarar fundado el recurso de apelación promovido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por conductas que presuntamente trasgredían la normativa electoral federal, relativas a la entrevista hecha a Calderón Hinojosa en el programa denominado “El Cafecito”, transmitido el 5 de noviembre de 2011 por emisoras con cobertura en el estado de Michoacán de las cuales es concesionaria Televisión Azteca.

Al manifestar su desacuerdo con el sentido del proyecto, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que no se acreditó en autos elemento alguno que permitiera inferir que la participación de la entonces candidata derivó de la celebración de un contrato. Además, que en las manifestaciones vertidas durante el programa no se advierte “que haya sido previamente pactado, producido o editado y, por tanto, debe decirse que se trató de una auténtica entrevista, válidamente amparada por el derecho de la libertad de expresión”.

El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar coincidió con esa postura. “Lo cierto es que yo no encuentro ningún elemento que me permita presumir, inferir o llegar siquiera al indicio de que hubo una adquisición indebida en tiempos de radio y televisión, y por lo tanto para mí no se viola esa norma”.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa opinó que el Tribunal no puede prohibir a los candidatos, en tiempos de campaña, hablar en entrevistas o en programas de estas características sobre su labor proselitista. “Esto per se no constituye adquisición indebida o una promoción que los pone en una ventaja ilegal o ilícita respecto de los otros contrincantes”, dijo. Para llegar a esa conclusión, agregó, se debe contar con otros elementos. En coincidencia con el magistrado Nava Gomar, en el sentido de que en entrevista a una candidata o a un candidato durante una campaña proselitista, los temas recurrentes tienen que ver con su labor y sus propuestas.

El magistrado Constancio Carrasco Daza se pronunció por analizar detenidamente cada uno de los casos, sobre la presunta adquisición ilegal de tiempos en medios de comunicación presentados al TEPJF, a través de recursos de apelación promovidos en contra de resoluciones del Consejo General del IFE. Dijo que sólo a partir de las pruebas consistentes se podrá determinar si se confirma o no una absolución o una sanción. En este caso en particular, señaló que “ante esta insuficiencia probatoria no veo yo en esta ocasión cómo podamos sancionar o cómo podamos revocar y sancionar nosotros por adquisición indebida”.

A su vez, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos consideró que en una entrevista, el candidato tiene la libertad de contestar y de expresar lo que estima conveniente, “lo que él puede hacer o lo que él quiere realizar, o cuál es la función que él quiere desempeñar, por eso yo pienso que sí fue en el ejercicio de una entrevista normal, y yo creo que de otra manera perdería toda situación de interés, inclusive de un periodista entrevistar a un candidato".

Deja Sala Superior sin efecto plebiscito en Sonora

La Sala Superior resolvió tres juicios de revisión constitucional electoral, promovidos en contra de actos de autoridad ocurridos en el estado de Sonora.

En el primero, determinó, por mayoría de seis votos a favor y uno en contra, la inaplicación de lo dispuesto en los artículos 10, 23, fracción I, y 47 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, que fueron impugnados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque limitan el derecho constitucional de los institutos políticos de integrar órganos electorales y además generan inequidad por permitir la celebración de plebiscitos durante los procesos comiciales.

El pleno de la Sala Superior revocó el acuerdo para que el Consejo Estatal Electoral de Sonora, realice las modificaciones necesarias a fin de garantizar la participación de los comisionados y representantes de los partidos políticos, alianzas y coaliciones en los consejos, comisiones y mesas de participación ciudadana.

En el segundo, revocó por unanimidad el acuerdo número 11 del Consejo Estatal Electoral y dejó sin efecto las actuaciones realizadas con motivo de la solicitud de organización de un plebiscito presentada por el gobernador del estado, quien pretendía someter a consideración de la ciudadanía temas relacionados con cinco programas de interés de la población, y que en el proyecto de sentencia se consideraron como propaganda gubernamental que se realizaría en forma paralela con las campañas electorales, lo cual colocaría en desventaja a ciertos partidos políticos.

Al resolver el tercero de los juicos de revisión constitucional, la Sala Superior vinculó al Consejo Estatal Electoral del estado para que en un plazo de 48 horas siguientes a que la notificación de la ejecutoria, lleve a cabo, ante el Congreso Estatal las diligencias y gestiones que en términos de la normativa aplicable sean necesarias para la obtención de una ampliación presupuestal que sea suficiente para garantizar el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, el incremento anual, los gastos de campaña, los de obtención del voto, y en general, las previsiones que previamente tuvo por determinadas, correspondientes al año electoral 2012, en que serán elegidos los diputados al Congreso del estado y los integrantes de los ayuntamientos.

Se confirma resolución en caso Mancera

Por unanimidad, los magistrados confirmaron la sentencia emitida el 21 de febrero pasado, por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), en la cual se ratificó el acuerdo de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que determinó la improcedencia de dictar medidas cautelares consistentes en retirar propaganda alusiva a Miguel Ángel Mancera Espinosa, al considerar infundados los conceptos de agravio formulados por el PAN.

El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, decretó un receso en la sesión pública de resolución que inició hoy, y convocó para su reanudación mañana al medio día.