26/marzo /2009 / Sala Superior 26/2009

México, Distrito Federal a

Los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de integrar las demandas de las comunidades indígenas en su gestión, en particular de mujeres y niñas, adecuar las condiciones para una participación política igualitaria entre los dos sexos, así como distribuir el poder público y los beneficios del desarrollo sin ninguna discriminación, coincidieron autoridades electorales federales del país, el gobernador del estado de Chiapas, así como representantes de organismos internacionales.

Al inaugurar el “Seminario Internacional sobre la Participación Política y Liderazgo de las Mujeres Indígenas en América Latina”, en esta ciudad, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que la mayoría de las democracias en el mundo tienen la necesidad de “lograr una participación equitativa entre hombres y mujeres”, tras el reconocimiento de ciudadanía exigido por los movimientos feministas de los siglos XIX y XX.

Respecto de la participación política de las mujeres indígenas, Alanis enfatizó que se requieren fórmulas imaginativas para tutelar los derechos comunitarios y políticos de algunos pueblos originarios, por ello confió en que este seminario aporte experiencias y resultados positivos.

Además, llamó a fortalecer la organización civil y empoderamiento de este sector social, actualizar la legislación con perspectiva de género, ampliar la investigación social y académica sobre la participación política de las mujeres, y destacó la tarea de las autoridades jurisdiccionales de interpretar normas para reconocer la igualdad de los sexos y generar acciones para que éstos accedan “de manera equitativa al poder público y a los beneficios del desarrollo”.

En su oportunidad, el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero destacó que en su entidad se valora el trabajo y participación de la mujer, por lo que desde el inicio de su gestión ha llevado a cabo acciones para generar condiciones igualitarias de este sector respecto de los hombres.

Al respecto, resaltó cambios legislativos encaminados a reconocer el trabajo doméstico de las chiapanecas, eliminación del Código Civil estatal de conceptos discriminatorios hacia la mujer, incorporación de los juicios orales para resolver demandas de pensión alimenticia en menos de 15 días, castigos más severos para la explotación y trata de mujeres, así como la prohibición de que más del 70% de los cargos públicos sean ocupados por un sólo género, entre muchos otros.

Por ello, el gobernador Sabines enfatizó que en materia legislativa para la participación política y empoderamiento de la mujer, Chiapas está a la vanguardia de los tratados y normas internacionales. Prueba de ello es que mantiene una estrecha colaboración con el PNUD, para medir las condiciones de pobreza y planear y desarrollar estrategias que combatan la desigualdad, por ello, “estamos alineados a las Naciones Unidas en la política social”.

Al hacer uso de la voz, Prisciliano Jiménez Rosales, Jefe de la Unidad de Planeación y consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), destacó los avances en materia política, electoral y constitucional que se han dado en México, pues nuestro país es una nación pluricultural. Se establecieron distritos electorales lo que posibilita mayor representación indígena en el Congreso.

En dichos distritos, la CDI participa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el Tribunal Electoral, y otras organizaciones internacionales para impulsar una cultura cívica y democrática de la participación de la mujer en comunidades indígenas.

Sin embargo, advirtió que falta mucho por hacer para que se viva una participación plena en los pueblos originarios de México; recordó que en nuestro país habitan 12 millones de indígenas, en 62 grupos etnolingüísticos, y en donde se concentran las mayores expresiones de pobreza, marginación y discriminación.

El director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Diego Antoni, destacó la importancia del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas y fortalecer el avance democrático del país. La exclusión del pleno disfrute de aquellos representa un riesgo para que el Estado mantenga “un piso mínimo de libertades y desarrollo humano”.

Enfatizó que en México el 81 por ciento de los indígenas perciben ingresos por “debajo de la línea de pobreza”, y, según un informe del PNUD sobre el estado de la democracia en América Latina, “sólo el 23 por ciento de los indígenas entrevistados aseguraron que siempre o casi siempre se hacen valer sus derechos”. Las mujeres viven una doble o triple discriminación, en razón de su sexo, etnia y condición social.

Confió en que el presente seminario aportará soluciones a esta amenaza, en la medida en que partidos políticos legislen a partir de las experiencias que se compartan y amplíen sus agendas para establecer acuerdos; en la impartición de justicia electoral y la manera de procesar juicios que involucren derechos indígenas y de la mujer, y se garanticen los equilibrios y la convivencia democrática, así como llevar a cabo políticas públicas que coadyuven a garantizar los derechos elementales de las comunidades más marginadas.

En su momento, Juan Arroyo, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destacó el interés de nuestro país (a través de los gobiernos estatal y federal, así como universidades) para participar en programas internacionales de financiamiento a proyectos para el fortalecimiento de la cultura democrática en comunidades indígenas, entre otros.

Por ello, reconoció la participación de instituciones y organismos mexicanos en el desarrollo de las comunidades indígenas, y confió en el éxito del presente seminario.

Durante la inauguración participaron Sandra García, Directora de Educación Cívica y Capacitación Ciudadana del Instituto Federal Electoral; el magistrado José María Chambé Hernández, presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas, y Jaime Valls Esponda, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.



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