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IMPULSA TEPJF MÁXIMA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE SUS SENTENCIAS

6 /octubre /2011 / Sala Superior 100/2011

México, D. F., a

  • Inicia el IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral
La transparencia es sinónimo de democracia, por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reitera su compromiso inquebrantable con la máxima publicidad de sus sentencias, con su quehacer jurisdiccional y administrativo, enfatizó el magistrado Pedro Esteban Penagos López, integrante de la Sala Superior de este organismo.

Al inaugurar el IV el Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, el magistrado aseguró que la transparencia contribuye a que la sociedad haga un escrutinio de las instituciones públicas, y con ello se forje una opinión mejor informada sobre el ejercicio del poder.

Es por ello que el TEPJF resuelve los asuntos en sesiones públicas transmitidas por televisión (a través del Canal Judicial), y en vivo por Internet, medio en donde se pueden también consultar todas las sentencias, tesis relevantes y jurisprudencias que emite esta autoridad.

Advirtió que esta cuarta edición del Observatorio Judicial Electoral representa “una caja de cristal en donde puede analizarse, criticarse y evaluarse el trabajo del Tribunal, a través de las voces de expertos juristas, impartidores de justicia y sociedad en general de México y el mundo”.

En vísperas del inicio legal del proceso electoral 2011-2012, Penagos López consideró que es de suma importancia analizar el papel de la autoridad jurisdiccional electoral para la consolidación de la democracia mexicana, porque a través de su actividad se protegen los derechos políticos ciudadanos, la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales.

Ponderar derechos públicos y privados en materia electoral
La ministra Olga Sánchez Cordero, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al participar en la sesión “La Prueba Ilícita, el Caso Comparado”, consideró conveniente que los tribunales electorales ponderen entre el derecho de un servidor público a la inviolabilidad de sus comunicaciones y el derecho colectivo de los ciudadanos a tener certeza de elecciones sin injerencia de funcionario alguno en los comicios.

Lo anterior, con referencia a los casos en que se han presentado como pruebas para desvirtuar los resultados electorales o la validez de un proceso electoral, grabaciones obtenidas ilegalmente de conversaciones de servidores públicos.

En esa mesa también participaron Luis E. Delgado, profesor de la Universidad de Burgos; José Eduardo de Resende, presidente de la Red Latinoamericana de Jueces; y el magistrado Roberto Martínez, de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF como moderador. Los panelistas advirtieron, en sus exposiciones, cierta tensión entre la búsqueda de la verdad material de una denuncia, y la protección de los derechos individuales.

Sobre el mismo tema, pero en la sesión “La Prueba Ilícita en Materia Electoral”, compartieron la mesa Imer Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Lourdes González, magistrada del Tribunal Electoral de Panamá; Francisco Javier Matia, profesor de la Universidad de Valladolid; y la magistrada Claudia Pastor, presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF como moderadora.

Postularon que tratados internacionales firmados por distintos países, entre ellos México, protegen las comunicaciones privadas; asimismo, resaltaron la diferencia entre procesos penales y electorales, se observó la pertinencia de revisar el catálogo de delitos comiciales y las facultades de la Fepade y el Ministerio Público al respecto.

Se analizaron 19 sentencias del TEPJF
A través de 5 sesiones de trabajo desarrolladas durante este día, 14 panelistas de Argentina, Colombia, España, Perú, Panamá, Italia y México analizaron 19 sentencias del Tribunal Electoral.

En la sesión “Elecciones por Usos y Costumbres Indígenas”, participaron Marco Antonio Pérez, del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF; Óscar Sánchez, Profesor de la Universidad de Valladolid y Willibald Sonnleitner, investigador del Colegio de México; y fue moderada por el magistrado Penagos López.

Los ponentes coincidieron en que normas internacionales han establecido que el respeto a los usos y costumbres no debe obstaculizar el derecho universal al voto de la mayoría de los integrantes de las comunidades indígenas. Reconocieron que el Estado mexicano enfrenta el reto de garantizar los derechos humanos de dichos pueblos así como su prerrogativa de elegir a sus autoridades bajo sus propias normas.

Durante la sesión “El Derecho a Integrar Órganos Electorales, Cuestiones Procedimentales”, participaron Giovanni Figueroa, investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit; Néstor Osuna, profesor de la Universidad Externado de Colombia, Nora Rascioni, prosecretaria de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, y fue moderada por el magistrado Manuel González Oropeza, de la Sala Superior del TEPJF.

Los analistas resaltaron que aunque las legislaturas de los estados del país tienen la soberanía para determinar sus propios métodos, para designar a los integrantes de las autoridades electorales, dichos procedimientos deben estar acordes con la Constitución federal en materia de respeto a los derechos fundamentales.

Para la mesa “El Derecho a Integrar Órganos Electorales, Elegibilidad, Reelección y Mayoría Calificada”, los exponentes advirtieron que cada estado del país regula de diferentes formas los procedimientos para designar a los consejeros electorales en sus entidades; ante ello, sugirieron que sin menoscabo de la autonomía legislativa local, la Constitución establezca requisitos mínimos al respecto, así como criterio de mérito, capacidad, profesionalismo y autonomía de los aspirantes y consejeros en funciones, y la posible reelección de quienes están en el cargo.

Janeyri Boyer Carrera, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Jordi Ferrer Beltrán, investigador de la Universidad de Girona; y Alfonso Hernández, profesor de la Universidad de Guadalajara, participaron en este tema, con la conducción del magistrado del TEPJF, Salvador Nava Gomar.