8 /marzo /2011 / Sala Superior 1/2011

México, D. F.

El ocho de marzo es una remembranza obligada. Nos remite a las mujeres calcinadas en Nueva York, a la marcha que hace exactamente un siglo emprendieron más de un millón de mujeres y a las subsecuentes luchas que ocurrieron durante toda la primera mitad de esa centuria, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Gracias a la academia, a la literatura feminista y a los movimientos organizados de mujeres, la reflexión del Día Internacional de la Mujer se ha extendido a otros ámbitos de la vida pública y privada donde existen asimetrías.
Es paradójico que, en la era de la modernidad, todavía haya quienes creen que las diferencias biológicas entre los sexos justifican niveles diferenciados de bienestar o de participación en sociedad.
Por eso me llena de orgullo que el Poder Judicial de la Federación no permanezca inerte o ajeno a esta reflexión de tanta importancia para la sociedad mexicana.
La sobriedad acostumbrada de los juzgadores no puede traducirse en indiferencia hacia la opresión de un sexo por el otro. No se puede ser neutro frente a este tema. Es necesario aportar toda nuestra experiencia y toda nuestra capacidad de trabajo conjunto para romper con ese panorama de exclusión que nada aporta a la construcción del México democrático.
Sé que algunos pensarán que exagero, que la propia presencia de una Ministra y una Magistrada en una mesa de trabajo es, en sí misma, muestra de las posibilidades que tenemos las mujeres en este país.
No dejo de reconocer que hay datos que ilustran que vamos por la ruta correcta, pero es necesario ser cautos. Hay evidencia que demuestra que el camino por andar es todavía, muy, muy largo.
Pensemos, por ejemplo, que nuestro país genera uno de los treinta productos internos brutos más altos del mundo, pero se encuentra en el lugar 68 del índice de desarrollo de género de Naciones Unidas. Nos ubicamos en peor posición que Trinidad y Tobago y Kuwait.
Hay quienes prefieren centrar su atención, más que en el nivel específico de desarrollo humano, en la brecha que separa su calidad de vida respecto a la de los hombres.
Ahí el panorama es menos halagüeño. De 134 países analizados por el foro económico mundial, México ocupa el lugar 91. Al final de la tabla latinoamericana, junto con El Salvador, Belice y Surinam.
¿Qué está pasando?
Quiero dar cuenta de algunos indicadores que devienen del Censo 2010 cuyos resultados fueron dados a conocer por el INEGI hace algunos días. A mi modo de ver, son claves para entender cuál es la situación actual que vive la mujer.
• Pensemos por ejemplo en la educación. Las mujeres han aumentado su acceso al sistema educativo, pero en los niveles medio superior y superior, la proporción de mujeres es todavía cinco por ciento menor que la de hombres.
• Probablemente el trabajo sea un ámbito más ilustrativo. Es cierto que hoy las mujeres han ingresado de lleno al mercado de trabajo, pero 96 de cada 100 mujeres tienen que combinar su actividad laboral con actividades del hogar.
Además, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. En aquellas labores que requieren una preparación superior o media superior, la diferencia salarial alcanza hasta el 14 por ciento de diferencia.
• Uno de los ámbitos más problemáticos es el del ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, aspecto que tiene que ver con en el tipo de democracia que estamos construyendo.
Un régimen que carece de mecanismos que motiven el ingreso de mujeres a los espacios de toma de decisiones y que carece de incentivos para convencerlas de permanecer en la política, padece un déficit fundamental en materia de oportunidades y de construcción de ciudadanía.
De ahí que resulten tan relevantes los contrastes que resultan de comparar el 51 por ciento de población que somos, con los niveles de representación en distintos ámbitos.
Refiero algunas cifras para ilustrar el rezago.
• En toda la historia nacional, ninguna mujer ha sido Presidenta de la República. Cinco han sido gobernadoras de sus estados.
• No obstante que las cuotas de género a nivel federal han alcanzado el 40 por ciento, la representación de mujeres en la Cámara de Diputados es del 28 por ciento y en la de Senadores del 18 por ciento.
• En los estados la situación no mejora. La representación de mujeres en las legislaturas estatales es, en lo general, 50% menor que la cuota de género establecida por las propias entidades federativas en sus leyes.
• En todo el país, uno de cada veinte ayuntamientos es presidido por una mujer.
• Actualmente ningún Comité Ejecutivo Nacional partidista es dirigido por una mujer.
No quiero ser omisa respecto al Poder Judicial de la Federación. Sé bien que la cantidad de integrantes en los plenos de los tres órganos deja todavía mucho por decir. En el Tribunal Electoral, por ejemplo, 32 por ciento de los magistrados de las seis salas somos mujeres.
Desde hace tres años hemos estado trabajando en fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y en transformar las asimetrías de género que pudieran subsistir.
• Primero, con el Colegio de México, pusimos en marcha un diagnóstico en Sala Superior y Salas Regionales, el cual nos ha indicado aspectos a observar en la relación entre hombres y mujeres en nuestra institución y, en particular, en la importancia de garantizar que el entorno laboral no obstaculice la vida familiar o personal de nuestras y nuestros trabajadores.
Con ello en mente, se integraron un Comité de Magistrados y un área especializada que se encargan de diseñar e implementar políticas institucionales de equidad de género. Estas últimas se han traducido, por ejemplo, en esquemas de sensibilización y formación hacia nuestro personal, basados en una perspectiva de género.
• Segundo, se ha fortalecido la vinculación con autoridades, instituciones, organizaciones y partidos, a efecto de potenciar los esfuerzos dirigidos a la promoción de la participación política de las mujeres y la tutela de sus derechos político – electorales.
Son ejemplos de estos esfuerzos, los foros de “justicia y género” que se llevaron a cabo en cinco ciudades del país, con la participación de los órganos de este Poder; los talleres regionales de formación de candidatas en Chiapas, Puebla y Chihuahua, o los dos seminarios sobre participación política que se desarrollaron en Baja California Sur y Nayarit, en preparación de los procesos electorales 2011.
• Tercero, participamos activamente en el debate institucional y académico sobre la ruta para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, contribuyendo desde la perspectiva de la impartición de justicia electoral.
No sólo hemos propiciado discusiones académicas sobre participación política de mujeres, acceso a la justicia y acciones afirmativas. También hemos abierto al interior del Centro de Capacitación Judicial Electoral, una línea de investigación en la materia, misma que está ofreciendo sus primeros productos.
• Cuarto, los Magistrados y el personal de las ponencias hemos incorporado una perspectiva de género a nuestra actividad sustantiva: la resolución de asuntos. Hemos incluido a nuestra interpretación de la norma, el análisis de los efectos diferenciados que ésta tiene para las mujeres y los hombres.
Ejemplo de esta mirada de género es aquella resolución reciente que encontró que la alternancia a la que obliga la regulación de un órgano electoral local implica que después de que dos varones ocuparon la titularidad, el turno corresponde a la tercera integrante mujer.
• Quinto, el Tribunal ha contribuido a través de sistematizar su experiencia en la resolución de asuntos y la de algunas mujeres organizadas, para ofrecerlas como insumos a los Legisladores para la toma de decisiones.
No nos limitamos a proponer que la cuota se incremente al 50 por ciento. Pensamos, también, que para evitar simulaciones, la Ley debe obligar a que las fórmulas de candidatos se integren por personas del mismo sexo. Ante la renuncia de una mujer, será otra la que ocupe el cargo de elección.
Señoras y señores,
A lo largo de mi exposición he presentado ante ustedes datos y reflexiones sobre algunas desigualdades del ámbito político y externas a éste que se traducen en menores posibilidades de acceso al poder político y de participación en la cuestión pública para un sexo que para el otro.
El piso dista de estar parejo para todas y todos. Muchas mujeres, por el sólo hecho de su sexo, parten en condiciones de desventaja ante los hombres.
A las asimetrías que el mercado de trabajo, el entorno familiar o el ámbito educativo siguen generando, habría que agregar aquellas que no se han logrado erradicar de la política.
Institutos políticos que postulan a mujeres a los distritos que consideran perdidos; partidos que gastan en luz y agua los recursos destinados a la capacitación de mujeres; niveles diferenciados de financiamiento a las candidaturas de mujeres y de hombres son, entre otros aspectos, sutiles frenos al desarrollo político de las mujeres y al surgimiento de liderazgos fuertes y sólidos.
Frente a todo ello, aparecen los enormes beneficios que, para las mujeres que participan en cuestiones públicas, pero especialmente para la representación política, trae consigo la inclusión de mujeres.
Las todavía pocas mujeres en posiciones de toma de decisión pueden hacer la diferencia al aportar su propia visión del mundo; sus propuestas de política pública, y especialmente, un ejemplo tangible de que las mujeres pueden, - podemos – asumir responsabilidades de cualquier nivel y sacarlas adelante con éxito y eficiencia.
Desde distintas trincheras, podemos alzar la voz y dedicar esfuerzos para impulsar una agenda común que fortalezca los derechos político – electorales de las mujeres.
Aprovechemos los avances logrados para no cejar en este esfuerzo e ir reduciendo las diferencias. México requiere de nuevos liderazgos. Requerimos de mujeres valientes, comprometidas y trabajadoras que avancen desde distintos ámbitos y en la pluralidad de convicciones. Mujeres que estén bien informadas y bien equipadas para defender sus derechos político electorales.
Han iniciado ya los procesos de renovación locales del 2011 y pronto comenzarán los procesos federal y locales del 2012. Tenemos aquí un desafío y una oportunidad.
Tenemos aquí, en el plazo inmediato, una nueva ocasión para que las mujeres compitan por el poder público y se forjen liderazgos.
Tenemos, también, la enorme responsabilidad de que las mujeres que obtengan triunfos tengan una conducción pública intachable; de gran compromiso y enorme tenacidad.
Ello terminará por derribar los prejuicios de aquellos que todavía piensan que no estamos preparadas.
Para ello, las instituciones públicas, las organizaciones políticas y las sociales debemos actuar de manera conjunta y trascendiendo cualquier diferencia que merme el impulso a los avances de los derechos político electorales de la mujer. Hago un llamado para detectar, impulsar y capacitar liderazgos de mujeres. Porque sólo con formación y capacitación en diversos ámbitos, estos liderazgos podrán enfrentarse con mayores posibilidades de éxito, a las trabas, prejuicios y obstáculos discriminatorios.
Necesitamos más legislación, más justicia y más capacitación con perspectiva de género. El país exige que trabajemos en ello. Invito públicamente a las y los representantes de las instituciones presentes a diseñar, a partir de las mejores prácticas, un proyecto conjunto para impulsar un nuevo “semillero de mujeres líderes por México”.
Desde hace tres años, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos hecho una apuesta por ensanchar la puerta de la justicia e incluir a más y más mujeres. Nuestro compromiso con la justicia y la igualdad siguen vigentes.
Tengan la seguridad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará ahí, para garantizar los derechos políticos de las mujeres que asuman este reto con la democracia.
Muchas gracias.