17/febrero /2011 / Sala Superior 13/2011

México, D. F., a

Explicó que los órganos electorales, a través de sus acuerdos y resoluciones, están obligados a favorecer las condiciones para que el sufragio pueda ser emitido de manera efectiva.

En este sentido, se pronunció por priorizar los instrumentos internacionales o pactos comunitarios que protejan en mayor medida los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

En el marco del Seminario “El ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad”, Carrasco Daza agregó que el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el precepto fundamental de todos los ciudadanos al ejercicio del sufragio, a la participación política incluyente y a la igualdad de condiciones.

El Juicio de protección para los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) es una herramienta eficaz para ello. “El JDC es igual al amparo político y da la posibilidad a las personas con alguna discapacidad que las autoridades electorales respeten sus derechos durante las jornadas comiciales”, expresó.

Urgen instrumentos para hacer valer los derechos establecidos en las leyes
Por su parte, Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), dijo que los derechos de los discapacitados están reconocidos en las leyes e instituciones, sin embargo este sector de la sociedad sigue viviendo en desventaja, porque no hay instrumentos ni mecanismos que permitan el ejercicio de sus garantías político-electorales.

“La dificultad no es tener una discapacidad, es vivir en una sociedad y en un entorno no construido para personas con discapacidad”. Enfatizó que el sistema democrático, el sistema electoral, la legislación y las instituciones públicas deben de estar adecuadas para todas las personas con o sin discapacidad.

Durante la mesa “Obligaciones .del Estado mexicano: Programas y políticas públicas para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad”, Ernesto Rosas Barrientos, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Secretariado Técnico en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), sostuvo que deben existir medidas legislativas y políticas públicas para proteger a este grupo vulnerable.

Agregó que pese a la existencia de leyes, instituciones y programas sociales enfocados a la atención de personas con discapacidad, este sector sigue excluido de los mismos.

Silvia Degante Romero, ex diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, durante el panel “Accesibilidad a las posiciones políticas y al derecho de votar y ser votado/a: Experiencias y políticas legislativas”, aseguró que se aproxima la elección de 2012 y el reto es crear un marco normativo para que las personas con discapacidad puedan ejercer con libertad sus derechos político-electorales.

En esta misma mesa Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, hizo referencia a algunas reformas que propuso al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, entre ellas destacó:

1. Otorgar más atribuciones a los observadores electorales en el momento del sufragio.
2. Obligar a los partidos políticos a que el 1 % de las candidaturas de mayoría relativa sean ocupadas por personas con discapacidad.
3. Que el Canal del Congreso designe siempre a traductores con lenguaje de señas.

En el panel “Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, el caso de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica”, Anabelle León Feoli, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la República de ese país, coincidió que para la implementación del derecho de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad se necesitan acciones específicas para eliminar las barreras arquitectónicas, informáticas, de comunicación, de información y de actitud que garanticen estos derechos.

En la medida en que las eliminemos se podrán garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, subrayó.

En la mesa final, “El ejercicio de los derechos políticos de las Personas con Discapacidad: Situación actual y retos”, Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del IFE; Jorge Mena Vázquez, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral y Joaquín Alva Ruiz Cabañas, Director General de la iniciativa ciudadana TRIUNFADOR-ES.COM, abundaron sobre la necesidad de concientizar a las fuerzas políticas sobre la necesidad de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad.

Expusieron algunas herramientas para facilitar el voto de este sector poblacional como plantillas en escritura Braille, mamparas, casillas móviles, urna electrónica, entre otras.

En la clausura del Seminario participaron Cecilia Tapia Mayas, coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF; Anabelle León Feoli, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica; Miguel Ángel Solís Rivas, director Ejecutivo de Organización Electoral del IFE; y Ernesto Rosas Barrientos, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del CONADIS.