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Sostienen debate sobre la Suspensión de los Derechos Políticos

19/mayo /2011 / Sala Regional Monterrey 12/2011

Monterrey, N.L.

Las posturas a favor y en contra de lo estipulado en el Artículo 38, fracción II, de la Constitución Mexicana fueron expuestas en el Seminario de Investigación “El debate de la Suspensión de los Derechos Políticos. El Caso Mexicano”, realizado en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Como ponentes estuvieron el Magistrado Constancio Carrasco Daza, integrante de la Sala Superior; la Doctora Virginia Pujadas Tortosa, de la Universidad Oberta de Catalunya; y el Doctor Luis Efrén Ríos Vega, del Centro de Derechos Políticos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; y contó con la presencia de la Magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno, presidenta de la Sala Monterrey, quien fungió como moderadora.

Al iniciar el seminario, la Doctora Pujadas Tortosa afirmó que en el disenso sobre la Suspensión de los Derechos Políticos hay dos principios capitales: la supremacía constitucional y la presunción de la inocencia.

Agregó que el debate sobre este tema debe centrarse en cuál debe ser la causa razonable para suspender los Derechos Políticos.

El Doctor Ríos Vega dijo que la Suspensión de los Derechos Políticos es una medida cautelar dentro del proceso penal, que impacta al proceso electoral.

Ante esto, el investigador indicó que la versión cautelar no es suficiente para que a un ciudadano le sean suspendidos sus Derechos Políticos, ya que puede enfrentar un proceso penal por circunstancias fortuitas, que no representan un peligro para la sociedad.

En su participación, el Magistrado Carrasco Daza expresó que esta disposición no distingue entre el voto activo, por el que un ciudadano acude a emitir su sufragio, y el pasivo, que es el derecho a ser votado.

El magistrado de la Sala Superior dijo que tratándose del voto activo no encuentra una razón para que un ciudadano en México no lo pueda ejercer.

Al evento acudieron representantes de institutos y tribunales electorales de Nuevo León y Coahuila, además de integrantes de distintas instituciones de la sociedad civil.