21/marzo /2007 / Sala Superior 16/2007

México, D.F.

Respecto del recurso de apelación, los magistrados electorales revocaron -por unanimidad- la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por medio de la cual multó a la “Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social, Agrupación Política Nacional”. Así, se dejó insubsistente la determinación y ordenaron a la autoridad electoral administrativa dictar una nueva en la que se pronuncie de nueva cuenta sobre la clasificación de la gravedad de las faltas e individualice la sanción, velando en todo momento para que impere la proporcionalidad entre las infracciones demostradas y las sanciones que imponga.

Los seis juicios de revisión constitucional se interpusieron para combatir resoluciones de las autoridades de los Estados de Chiapas, Guanajuato, Nuevo León y Sinaloa. Así las cosas, se ratificó la multa de poco más de 112 mil pesos impuesta al Partido Nueva Alianza en Chiapas, toda vez que la autoridad estatal actuó de manera correcta al desechar la demanda primigenia por haberse presentado de manera extemporánea. En su oportunidad, la sanción se impuso debido a que Nueva Alianza incurrió en infracciones a la ley electoral, entre las que destacan no haber presentado las aclaraciones y justificaciones solicitadas en relación a dichas irregularidades, haber rebasado el tope máximo de gasto en medios de comunicación, haber recibido financiamiento privado en un monto superior al financiamiento público, haber realizado pagos por servicios personales superior al 40 % del financiamiento público permitido y haber retirado de una cuenta su remanente sin justificar el uso y destino del recurso retirado y no haber informado sobre un remanente en otra cuenta.

De igual manera, el TEPJF confirmó la resolución de las autoridades electorales locales respecto de las bases y criterios en la determinación del financiamiento público de los partidos políticos en Nuevo León, que controvirtió el Partido Verde Ecologista de México y desechó el juicio presentado –en este mismo sentido- por el PRI en esta misma entidad. Asimismo, se ratificó la determinación relativa al monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos para 2007 en Guanajuato.

En tanto, se negó la razón al Partido de la Revolución Democrática en su juicio promovido contra el Congreso de Sinaloa, a través del cual combatió los acuerdos de designación del Presidente y Consejeros, propietarios y suplentes, del Consejo Estatal Electoral.

De los 32 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano que se resolvieron el día de hoy, 23 estuvieron relacionados con diversos conflictos suscitados en el Partido Acción Nacional en el Estado de Campeche.

Nueve de esos juicios se relacionaban con la destitución de diversos cargos en la delegación municipal panista en Tenabo, los magistrados de la Sala Superior consideraron que se omitió cumplir con una notificación oportuna y completa de tal destitución, con lo que se dejó a los actores en un estado que les impidió asumir una defensa adecuada de sus derechos e intereses. Como consecuencia de lo anterior, los magistrados ordenaron a la Presidenta del Comité Directivo Estatal que, en un plazo de cinco días, notifique a los inconformes el acuerdo íntegro de referencia y se precisó que, una vez realizada dicha notificación, los demandantes estarán en plena actitud de ejercer la defensa jurídica de sus intereses, o bien, aceptar libremente y en pleno ejercicio, el acuerdo de sustitución.

En contraste, en otros juicios se confirmó la convocatoria y la Asamblea Municipal del PAN, realizada el pasado 18 de febrero en Ciudad del Carmen, al tiempo que se sobreseyó el juicio en relación con los acuerdos adoptados en esa asamblea, debido a que las determinaciones impugnadas no son definitivas y firmes.

En el mismo sentido, los magistrados sobreseyeron el juicio en el que se impugnó la designación de Yolanda del Carmen Montalvo López como coordinadora del grupo parlamentario del PAN de la LIX Legislatura de Campeche, debido a que, por mayoría de cinco votos, se consideró que resulta improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano para impugnar tal determinación en razón de no existir derecho de esa naturaleza violado. El juicio lo presentó Mario Enrique Pacheco Ceballos.

Por otro lado, los magistrados ordenaron a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en Chihuahua dar respuesta, en un plazo de cinco días, a la solicitud de entrega de credencial que acredite la militancia de Jesús Ordóñez Villagrán. Y se revocó la suspensión temporal de los derechos de José Luis Torres Díaz, como militante del PASC.

En Veracruz, resultó infundada la pretensión de Arnulfo González Corro en un juicio relacionado con el PASC en Veracruz y se ratificó la negativa del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de otorgarle la constancia de acreditación de la evaluación como aspirante a Consejero Estatal de ese instituto político en el Estado de México a Roberto Liceaga García.

Por último, fueron desechados, por diversas razones, cinco juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Los juicios fueron presentados contra la Comisión Estatal de Honor y de Justicia del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua; la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, respecto del proceso de renovación del Comité Ejecutivo Municipal en Poza Rica, Veracruz y el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Salamanca, Guanajuato. En tanto que Arturo Oropeza Ramírez impugnó la toma de protesta de la presidenta y el secretario general del CEN del PRI.