11/mayo /2007 / Sala Superior 34/2007

México, D.F.

El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar quién previo a su integración a este órgano jurisdiccional tuvo un sobresaliente desempeño como promotor de diversas iniciativas para hacer posible la transparencia y acceso a la información pública, destacó el “largo proceso en el que hemos sido partícipes del impulso y aliento de consensos básicos al seno del Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades federativas, experiencias la mayoría de ellas, que han germinado en una nueva normatividad de la que podemos sentirnos orgullosos en la medida de nuestras contribuciones”.

El magistrado de la Sala Superior admitió que, sobre todo en materia administrativa, el TEPJF tiene asignaturas pendientes que se buscará remediar en el corto y mediano plazo. Como ejemplo de ello, reveló que se instalará un grupo de trabajo que analizará y propondrá las medidas necesarias para determinar si se emite un reglamento o si se avanza mediante una revisión integral del acuerdo vigente en materia de transparencia, además propondrá los pasos a seguir en la emisión de los lineamientos para la operación del Sistema Institucional de Archivos y Datos Personales.

Agregó que, en tanto sujeto obligado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), se ha contemplado la forma de enlazar al TEPJF con la red de otros sujetos obligados en beneficio de los usuarios. Al respecto señaló “tenemos que seguir el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que cuentan ya con la densidad normativa en materia de transparencia y acceso a la información, más desarrollada”.

Nava Gomar indicó que al seno del Tribunal late con positivo vigor el efecto de una tenencia progresiva del tema. “Estamos dando muestras de ser más que reactivos en el esmero de responder a cada solicitud de acceso a la información y/o en el de resolver cada recurso de revisión”. Al respecto, el magistrado difundió algunos datos referente al procesamiento de solicitudes de transparencia y acceso a la información. Informó que desde el año de 2003 se han recibido más de dos mil noventa solicitudes y, sólo recientemente se promovió el primer recurso de revisión, por lo que debió instalarse el Comité de Transparencia del Tribunal.

Nava Gomar destacó que la Ley de Transparencia por un lado, asegura la concreción de los derechos fundamentales a una gestión pública nítida y transparente y, por otro, abre el camino para asegurar la correlación de los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos.

En su intervención, el Dr. Sergio López Ayllón, profesor-investigador y director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), resaltó que la información es una condición necesaria para la realización del Estado democrático. Hoy, dijo, los países con democracias avanzadas, cuentan con leyes de acceso a la información.

López Ayllón explicó por qué los conceptos de transparencia y acceso a la información son ideas centrales para la conformación de los Estados democráticos contemporáneos. Indicó que la LFTPIAPG crea el mecanismo institucional a través del cual los ciudadanos tienen acceso a la información gubernamental como un mecanismo de rendición de cuentas.

El profesor investigador del CIDE señaló que el derecho a la información pública, como derecho fundamental, debe ser el mismo para todos los ciudadanos. Destacó al TEPJF como pieza importante en la construcción de la idea del derecho a la información como un derecho fundamental y como una de las condiciones necesarias de la democracia contemporánea, al decir que el voto tiene que ser un voto informado, y que los ciudadanos tienen derecho a informarse para poder ejercer plenamente el derecho político de votar.

En la mesa participaron también, el Dr. Rodolfo Terrazas Salgado, el Mtro. Juan Carlos Silva Adaya y el Lic. Sergio Guerrero Olvera, funcionarios del TEPJF, quienes compartieron sus puntos de vista sobre el derecho al acceso a la información y se refirieron, principalmente, a la falta de una conceptualización normativa, a la necesidad de atender la problemática surgida cuando el derecho a la información se colisiona con principios como la certeza, la objetividad, entre otros. Destacaron también la vocación garantista del TEPJF y la ponderación de principios en la resolución de sentencias diversas.