16/mayo /2008 / Sala Superior 61/2008

Toluca, Estado de México

El foro, que busca acercar a los congresos locales e instituciones electorales toda la información disponible sobre la Reforma Electoral, aprobada el 13 de noviembre de 2007, fue inaugurado por el gobernador mexiquese, Enrique Peña Nieto.
En el evento, en el que participan representantes de los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y el Estado de México, el diputado federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado señaló que el cuestionamiento al Proceso Electoral del 2006 debilitó la gobernabilidad del país, ante lo cual, el Congreso de la Unión, con las reformas electorales, consiguió establecer acuerdos para alentar la confianza y la gobernabilidad democrática. “Con todo y las críticas que ha recibido, (…) hemos avanzado fortaleciendo nuestra vida democrática”, puntualizó.
Explicó que el Congreso convocará a un periodo extraordinario a fin de aprobar aquellas leyes secundarias vinculadas con la Reforma Electoral Constitucional, pues ellas son muy importantes para completar el círculo de la normatividad en la materia. Por ello, se acude a las entidades federativas para que los tres órdenes del gobierno estatales conozcan el espíritu de los cambios legales y así se mejore la ley por el bien de México y su democracia.
Por su parte, el senador Raúl Mejía González, presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, aseguró que la reforma en materia electoral fue una demanda social que identificó los riesgos que enfrentaba el sistema político ante el uso del dinero y de los medios de comunicación para condicionar el voto. Señaló que la nueva ley afianza definitivamente la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república democrática, representativa, federal que consolide el progreso nacional.
Mejía González dijo que la Reforma plantea una nueva gobernabilidad electoral, enfocada a la reconciliación de los actores políticos, a partir de alentar la certeza jurídica, la confianza y a evitar acciones desbordadas de diversos actores económicos. Por ello, consideró una obligación del Senado acercar información sobre motivos, razones y propósitos que le llevaron a modificar la ley y así asumir el compromiso de la construcción de una nueva vida democrática que evite descalificaciones a instituciones electorales, con el propósito de trabajar en beneficio de la sociedad.
En su oportunidad, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Salvador Olimpo Nava Gomar, celebró la coordinación entre ambas cámaras del Congreso de la Unión, del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de integrantes de institutos estatales electorales de otras entidades para fortalecer la vida democrática del país.
Destacó que la Reforma Constitucional entraña la más extraordinaria relación entre derecho y política, porque el Estado Constitucional no supone otra cosa, más que el intento de juridificar a la democracia, siendo la Constitución la forma en que esta pretensión se cumple.
“El hecho de que hoy distintos niveles de gobierno, distintos poderes hagamos en público lo que es público, estamos dando vida a nuestra vida democrática; sigamos razonando nuestras normas para llevar todavía a mejor puerto nuestra vida electoral”, puntualizó Nava Gomar.
El Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Virgilio Andrade Martínez, aseguró hoy que una de las condiciones necesarias para un sano desarrollo de la vida democrática es la celebración de elecciones libres y pacíficas en condiciones de equidad.
En el marco del Quinto Foro Regional de Información y Comunicación en materia electoral, realizado en Toluca, Estado de México, Virgilio Andrade dijo que la Reforma Electoral recién aprobada pretende, sustancialmente, disminuir la influencia del dinero de los poderes en la vida política y en la vida ciudadana.

En este sentido, agregó que se ha implementado un nuevo sistema de acceso a la radio y a la televisión; ahorros en el financiamiento público y, sobre todo, se pretende privilegiar en el debate la propuesta sobre la descalificación.