22/noviembre /2007 / Sala Superior 125/2007

México, D.F.

Ponentes en el Congreso Internacional “Dos décadas de Justicia Electoral en México Perspectivas Comparadas” destacaron hoy la apertura y aplicación que se hace en nuestro país de los tratados internacionales en materia de justicia, pero advirtieron que aún existen reticencias para reconocerlos y hacer uso de ellos por parte de alguno juzgadores.

En el segundo día de trabajos de este evento, el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Armando I. Maitret Hernández, comentó que, en los últimos tiempos, los órganos jurisdiccionales federales, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han incluido, como parte de su discurso relativo a la resolución de conflictos, sobre todo los electorales, la necesidad de aplicar tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

Esta tendencia debe permear en todos los órganos jurisdiccionales del país y se debe de arraigar entre los impartidotes de justicia las siguientes tres ideas: que los tratados internacionales no son un elementos extraño al sistema jurídico; que para su vigencia no se necesitan actos posteriores del Legislativo, con el propósito de retomar o detallar el orden de su aplicación, y que son instrumentos que pueden proporcionar soluciones a casos concretos, dijo Maitret Hernández.

El magistrado explicó que la necesidad de dicho arraigo se debe a la presión de la SCJN, sobre jueces y tribunales de las entidades federativas, para defender la tesis de “control concentrado de la constitucionalidad”.

Esta presión, agregó, ha impedido que los tribunales de las entidades tomen en serio la aplicación de los tratados internacionales, pese a que la interpretación del artículo 133 de la Constitución, relativo a esta materia, “obliga” a los tribunales locales a aplicar leyes federales y tratados internacionales.

“En este sentido, creo que en la justicia electoral local estamos obligados a aplicar tratados internacionales en la solución de conflictos”, dijo Maitret, al participar en la mesa “Tratados Internacionales y su aplicación judicial en materia electoral”.

Asimismo, propuso que, como parte de una reforma constitucional que se esté llevando a cabo, se incluya una disposición para dar “jerarquía constitucional” a los tratados relativos a los derechos humanos.

El doctor Manuel Becerra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encomió la apertura de México en sus relaciones internacionales, por ser puerta de entrada a tratados internacionales, entre ellos los relacionados con los derechos humanos y, consecuentemente, con la democracia y las elecciones.

Sin embargo, expuso después que en tribunales y en la propia SCJN la invocación de los tratados internacionales, es “bastante defectuosa”.

“Los tribunales, me apena decirlo, pero todavía están muy reticentes a reconocer los tratados internacionales; todavía hacen discusión”, manifestó ante académicos, especialistas, magistrados y público reunido en la sesión de trabajo.

En su turno, el magistrado del TEPJF Constancio Carrasco Daza se refirió a la interpretación del artículo 133 constitucional, y señaló que la SCJN ha determinado que en orden jurídico nacional, los tratados internacionales sólo están por debajo de la Carta Magna.

La Corte, añadió, ha reconocido un “orden jurídico nacional”, en el cual está primero la Constitución federal, después, los tratados internacionales y, posteriormente, las leyes generales y las leyes federales.

Carrasco Daza habló de la necesidad de aplicar en nuestro país el marco jurídico vinculante de los tratados internacionales que protegen, entre otras cosas, las llamadas “reglas del debido proceso”, con el propósito de resolver aquí casos que luego llegan a los tribunales internacionales.

Comentó que cada día encuentra más en los precedentes de la Corte Interamericana asuntos que llegan de los países signantes, por el incumplimiento de las “reglas del debido proceso”, que son muchas, muy variadas y muy complejas.

El magistrado observó que se trata de un tema que cada día encuentra más eco en tribunales internacionales y que los jueces constitucionales en México tienen que “atajar”.

“Y cuando digo atajar, lo digo en la exactitud de la expresión del término. Tenemos que atajar para resolverlo en el orden jurídico nacional”, indicó.

Participó también en la mesa Nguyen Huu Dong, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien habló de sus experiencias en la observación de procesos electorales en diversos países.

Los trabajos del Congreso Internacional continuaron con las mesas “Evolución histórica de la justicia electoral mexicana” y “La Justicia electoral en el derecho comparado de América del Norte”.