28/abril /2023 / Sala Superior 167/2023

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para mejorar el acceso a la justicia de los grupos históricamente discriminados e invisibilizados, por lo que los servicios que brinda la Defensoría Pública Electoral son fundamentales para que la justicia electoral camine, aseguró la magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis.

Al participar en la reunión de trabajo para dar a conocer los servicios de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral a las personas integrantes de grupos históricamente discriminados, la magistrada Janine Otálora resaltó los servicios de calidad que brinda esta institución a través de defensoras y defensores altamente formados y profesionalizados.

Ante representantes de diversos grupos de la sociedad civil de todo el país, destacó que es a través de juicios como se pueden materializar los derechos político-electorales de las personas, porque sin un juicio el Tribunal no puede actuar, de ahí, recalcó, la importancia de asumir un compromiso colectivo con la ciudadanía para conseguir que en 2023-2024 se logre una elección realmente incluyente.

Tras referir los riesgos en los que se encuentran las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que el Tribunal Electoral está comprometido para garantizar que las personas discriminadas sigan ejerciendo sus derechos y ocupen más espacios de representación popular.

En su intervención, la titular de la Defensoría Pública Electoral, Marina López Santiago detalló que esta institución amplía sus servicios al brindar ahora a los grupos históricamente discriminados atención en materia electoral como orientación, asesoría, representación jurídica y coadyuvar en la mediación en casos que la ley lo permite.

Esos apoyos, detalló, se brindarán a las personas de grupos de comunidades y pueblos indígenas, y comunidades equiparables; mujeres en casos de paridad y violencia política en razón de género; residentes en el extranjero; personas afromexicanas, con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; jóvenes; personas adultas mayores, de la diversidad sexual, de género y en prisión preventiva, entre otros.

Durante la reunión, que comprenderá dos días de trabajo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz García, reconoció que la salvaguarda de la democracia conlleva a que a través de instancias como la Defensoría Pública Electoral, las autoridades del Estado protejan los derechos de las personas, aún en contra de decisiones mayoritarias. Detalló que la función de dictar justicia se redimensiona como un garante de derechos de minorías, porque sin la participación política de personas indígenas, con discapacidad, mujeres, de la comunidad LGBT, no existiría la democracia.

En su intervención, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que el alcance y avance que se ha tenido en las garantías de los derechos político-electorales a favor de este sector de la población no tiene precedente en el país, porque nunca se habían garantizado tantos derechos de manera eficaz como se dio en las elecciones de 2021.

En tanto, Álvaro Esteban Pop Ac, miembro del Comité Directivo de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas, destacó que México ha dado pasos importantes en el esfuerzo en torno al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas históricamente discriminados y excluidos. Agregó que la democracia es un asunto de importancia para la evolución de las sociedades, por lo que consideró fundamental contar con instituciones que se ocupen de estos temas, como la Defensoría Pública Electoral del TEPJF.

Por su parte, el diputado federal, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, celebró la organización del evento, ya que representa la oportunidad de compartir experiencias a fin de continuar ampliando el compromiso y el camino en la lucha por los derechos de las personas históricamente discriminadas.

En el marco de este encuentro, la magistrada Janine Otálora Malassis impartió la conferencia magistral “Los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y su relación con el derecho al territorio”, hizo un llamado a los a las juezas y los jueces de los tribunales locales para que juzguen con perspectiva intercultural.

En ese sentido, enfatizó que el hecho de que las personas indígenas puedan acceder a los cargos públicos implica que puedan implementar una visión intercultural desde los órganos de decisión del Estado.

Finalmente señaló que la igualdad y el respeto que exigen los pueblos indígenas por el impulso de sus derechos político-electorales, se logrará a través de dos principios fundamentales: reconocimiento y justicia. Por ello, añadió, lo que se busca en el TEPJF es garantizar que cualquier persona, sin importar su origen, tenga acceso a una defensa adecuada y, por lo tanto, se le administre justicia en la defensa de sus derechos.

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