25/enero /2008 / Sala Superior 8/2008

México, D.F.

Al referirse a la organización de las elecciones locales, el Consejero Electoral Rodrigo Morales dijo que con la nueva legislación se consideró la reducción de costos de los procesos locales, donde se puede aprovechar la capacidad que tiene el Instituto Federal Electoral en todo el país, a través de su gran capital humano integrado en el Servicio Profesional Electoral.

Rodrigo Morales señaló que con las nuevas reglas de la competencia también se establece la obligación de los institutos estatales a coordinarse con el IFE en materia de fiscalización y que las legislaturas locales, deberán considerar este mecanismo para armonizarse con la Reforma Constitucional.

El también presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), destacó que IFE es un organismo regulador con facultades de vigilancia y control, pero también de sanción, donde no hay que perder de vista que el nuevo marco legal incluye una sustancial expansión del universo de sujetos cuya conducta es regulable y, en su caso, sancionable por parte del Instituto.

En su turno, el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, al referirse al derecho de libertad de expresión en cuanto al arbitraje de la propaganda electoral, dijo que en el ámbito del debate político este derecho se maximiza; se ensanchan las libertades de los contendientes y de la sociedad, no sólo de los partidos políticos, ni de los candidatos. Agregó que el ejerció de la libertad de expresión no es un derecho absoluto ya que encuentra límites como los valores intrínsecos de la persona humana.

Al respecto, Joy Langston Hawkes, académica de la Universidad de Chicago, dijo que en respuesta a las contiendas negativas durante las reformas electorales de 2007, no hubo mucha discusión entre los líderes de opinión, ni tampoco entre los partidos políticos.

En lo que se refiere a la prohibición de expresiones denigrantes –añadió- que lejos de ser negativas y críticas para la democracia, son fundamentales para su buen funcionamiento y al limitarlas la democracia mexicana se va a mostrar más débil, pues –mencionó- los votantes van a ir a las urnas con menos información, lo cual implica que pueden tener muchos problemas para votar a favor de sus propios intereses.

Argumentó, además, que las campañas negativas son fundamentales para la rendición de cuentas, porque les dan oportunidades a quienes están fuera del poder, es decir los votantes.

Por su parte, el Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar señaló que las nuevas reglas electorales implican grandes retos para el Instituto Federal Electoral, tomando en consideración que este mismo año comienza además el Proceso Electoral Federal, pero no significa -apuntó- que sólo se hable de implicaciones en los órganos centrales del Instituto, sino que tiene que ver con toda la estructura de la autoridad electoral.

Consideró que con la creación de la Contraloría General, se sugiere diseñar flujos de información permanentes para el Contralor. Indicó que con dichas acciones entre todas las áreas administrativas del propio Instituto y la Contraloría se fortalece el principio de transparencia. Al referirse a la Unidad de Fiscalización dijo, supone un mecanismo de control, el cual es garante de cualquier funcionamiento democrático.

Al tomar la palabra, el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Fernando Agiss Bitar, subrayó que con la Reforma Electoral el Instituto pone en funcionamiento nuevas áreas entre las que destacó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dentro del rubro del fortalecimiento de las atribuciones de la autoridad electoral.

Agiss Bitar puntualizó que la fiscalización es el eje fundamental sobre el cual los partidos políticos rinden cuentas, al considerar que la mayoría de sus recursos provienen del erario público; pero también establecen condiciones de equidad en la competencia electoral al establecer reglas comunes a las que tienen que sujetarse candidatos y partidos políticos.

Señaló que los cambios en materia de fiscalización que propone la Constitución y la reforma legal son positivos, siempre y cuando se parta del hecho de que los partidos políticos asuman su responsabilidad, para que la autoridad electoral pueda dar cuenta de la rendición de lo que gastan los partidos políticos ante la sociedad y, en ese sentido, equilibrar las condiciones de la competencia.