Con sus resoluciones, la Sala Regional Xalapa garantiza
la inclusión efectiva en la vida política del país
17/febrero /2023 / Sala Superior 59/2023
Xalapa, Veracruz
• En sesión solemne, la magistrada presidenta, Eva Barrientos Zepeda presentó el Informe de Labores de la Sala Regional Xalapa correspondiente al periodo 2021-2022.
• El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón destacó que no hay democracia sin un Poder Judicial que haga valer el Estado de derecho con autonomía e independencia.
La Sala Regional Xalapa garantiza la inclusión efectiva en la vida política del país en cada asunto que resuelve los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos y comunidades indígenas, así como de todos los grupos en situación de desventaja, destacó la magistrada presidenta de dicha Sala, Eva Barrientos Zepeda, al presentar el Informe de Labores 2021-2022.
En sesión solemne y ante la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera; así como del gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez; además de los integrantes del pleno de la Sala Regional Xalapa, el magistrado Enrique Figueroa Ávila y el magistrado en funciones José Antonio Troncoso Ávila, la magistrada Eva Barrientos expuso que gracias a las opiniones, criterios y expertis jurídico de sus pares, las resoluciones que se emiten se refuerzan en contenido, a fin de impartir justicia con responsabilidad y velando por los derechos político–electorales de la ciudadanía.
Señaló que el año pasado, la Sala Regional Xalapa vivió dos procesos electorales ordinarios, en el estado de Oaxaca y Quintana Roo, en donde se renovaron las gubernaturas y las legislaturas. También se llevaron a cabo elecciones extraordinarias en 18 municipios distribuidos en Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
La magistrada presidenta expuso que resolvieron un total de 7 mil 572 asuntos, el 96.56 por ciento en un máximo de10 días; el 3.14 por ciento entre 11 y 30 días, y el 3 por ciento restante se resolvió posterior a los 30 días. Puntualizó que solo 177 sentencias, equivalentes al 22.63 por ciento de las determinaciones emitidas, fueron impugnadas ante la Sala Superior, y de estas solo ocho fueron revocadas y dos confirmadas, mientras que el resto adquirieron firmeza.
Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que la fuerza del Poder Judicial está en la calidad de sus sentencias, y su efectividad cuando los actores las acatan. Invitó a las magistraturas de todas las Salas Regionales a continuar consolidando la imagen de este Tribunal Electoral como un incansable defensor de la ciudadanía que exige respetar los principios democráticos y con ello mantener la confianza pública, brindar certeza y estabilidad.
Al hacer énfasis en que el acatamiento de las sentencias del Tribunal Electoral son verdaderos contrapesos de la desigualdad social, puntualizó que desdeñarlas impide ejercer el voto de manera libre y que los representantes no hagan valer las voces ciudadanas. Por el contrario, añadió, al ser el Tribunal Electoral un espacio institucional para contener y dar una resolución pacífica a las diferencias, el acatamiento de sus sentencias pone en marcha un círculo de desarrollo político y social.
Al término del Informe y en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el TEPJF y este órgano jurisdiccional local firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de consolidar buenas prácticas en materia electoral para fortalecer la democracia en esta entidad. Con dicho acuerdo se pretende llevar a cabo capacitación y formación académica a los servidores y servidoras públicas del TEV, con lo que podrán fortalecer su carrera judicial.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez y la magistrada presidenta del TEV, Tania Celina Vásquez Muñoz, coincidieron en que este convenio fortalece la independencia judicial y genera lazos de cooperación para salvaguardar la justicia electoral y defensa de los derechos político-electorales, mediante el trabajo conjunto entre autoridades jurisdiccionales.
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