Sala Monterrey ratifica triunfo del PAN en Río Bravo, Tamaulipas
13/octubre /2010 / Sala Regional Monterrey 27/2010
Monterrey, N.L.
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Tamaulipas en la que otorgó el triunfo al Partido Acción Nacional (PAN) en el Municipio de Río Bravo.
La Coalición “Todos Tamaulipas” integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, acudió a este órgano jurisdiccional federal para inconformarse en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas que revocó la declaración de validez en la elección de Río Bravo a favor de su candidato, Roberto García Martínez emitida por el Consejo Municipal Electoral, y otorgó el triunfo al candidato del PAN, Juan Diego Guajardo Anzaldúa.
Lo anterior luego de que la Sala Monterrey, en su sesión pública del 8 de septiembre de 2010, revocó la anulación de la elección municipal determinada por el Tribunal local, y le ordenó dictar una nueva sentencia a un juicio promovido por el PAN.
La magistrada presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno, y los magistrados Georgina Reyes Escalera y Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz declararon inatendibles, inoperantes e infundados los diversos agravios expuestos por la Coalición inconforme, ya que el Tribunal estatal sí realizó una correcta valoración de las pruebas presentadas.
En otro asunto, la Sala Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas, en la que ratificó la multa de 3 mil días de salario mínimo vigente en el estado a Juan Genaro de la Portilla Narváez, ex precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Alcaldía de Altamira, por realizar actos anticipados de campaña.
El pleno declaró infundadas las quejas expuestas por De la Portilla Narváez, ya que no probó sus afirmaciones.
En la sesión pública de este miércoles, la Sala Monterrey resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional electoral.
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