29/octubre /2007 / Sala Superior 111/2007

México, D.F.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó esta noche la sentencia del órgano jurisdiccional estatal, mediante la cual se validó el cómputo estatal de la elección de gobernador de Baja California, del 5 de agosto pasado, la declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor del candidato a gobernador de la coalición “Alianza por Baja California”, José Guadalupe Osuna Millán.

El proyecto de resolución, presentado por el magistrado Flavio Galván Rivera, recibió el voto unánime de los integrantes presentes de la Sala Superior, quedando sin efecto la demanda presentada por la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, misma que impugnó los resultados de dichos comicios, solicitando su anulación.

Durante la sesión pública se expuso que no quedaron demostradas las irregularidades que adujo la parte impugnante al promover el juicio de revisión constitucional electoral JRC-271/2007 en contra del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California.

Se explicó que este tipo de juicio es un medio de impugnación de estricto derecho. Es decir, que en el mismo no existe la posibilidad jurídica de que se supla la deficiencia en el planteamiento de agravios, ya que sólo se puede hacer el estudio conforme con lo planteado por las partes. Los actores deben combatir con argumentos, en forma frontal, las consideraciones de las autoridades emisoras de los actos impugnados. No basta con manifestar que una determinada consideración es indebida o que está mal, sino que se debe decir porqué está mal y cómo debió ser la resolución correcta. Las afirmaciones deben ser sustentadas en las pruebas atingentes.

En cuanto al caso concreto, se tiene que la coalición actora adujo –entre otras- la supuesta intervención del gobierno del estado en el proceso electoral; la implementación de una campaña denostativa en contra de su candidato; la indebida creación y actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia de Baja California; inequidad en el proceso electoral, e indebida valoración de pruebas por parte del órgano jurisdiccional local.

Sin embargo, la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” no presentó las pruebas necesarias para demostrar sus afirmaciones ni combatió eficazmente los argumentos del Tribunal Electoral local que declaró la validez de la elección.

Así, por ejemplo, como prueba de la intervención del Ejecutivo local, la parte demandante ofreció un “monitoreo de medios” que carece de la metodología mínima que lo acredite como tal. Es decir, se trata de una simple recopilación de información aislada.

Otro elemento presentado fue la difusión de spots en contra del candidato de la “Alianza para que Vivas Mejor”. De la revisión de los mensajes, la Sala Superior concluyó que dos incluían mensajes denostativos, pero que no son suficientes para demostrar una campaña negativa. La coalición no logró acreditar una acción sistemática contra su candidato ni la afectación que supuestamente, éstos le causaron.

De igual forma, mientras la coalición demandante argumentaba que “cientos” de citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California fueron emitidos en contra de su campaña, es el caso que sólo demostró la existencia de trece, de los cuales sólo uno fue dirigido a un simpatizante de esta agrupación.

En el curso de la sesión, se determinó dar vista a las procuradurías General de la República y de Justicia del estado, toda vez que durante el alegato que formuló la coalición “Alianza por Baja California” se registró la asistencia de un funcionario del gobierno local que hoy se sabe, se desempeña en el cargo de Subsecretario General de Gobierno, a fin de que estas instancias determinen lo que a derecho corresponda.

Al finalizar la sesión, la Magistrada Presidenta destacó el interés público en este caso y se congratuló de que los actores políticos y los ciudadanos estén cada vez más interesados en la labor jurisdiccional. Por ello, reiteró su compromiso con la transparencia y celebró que las audiencias que, conforme a derecho, llevan las partes en el TEPJF sean del conocimiento público mediante las agendas de los Magistrados que difunde el propio Tribunal a través de su página de internet.