16/octubre /2007 / Sala Superior 104/2007

México, D.F.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, convocó hoy a los llamados “Otros Sujetos Obligados” a hacer un llamado al Poder Legislativo para mejorar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, con el propósito de incorporar exigencias “más altas” en la rendición de cuentas de estos órganos del poder público federal.

Alanis Figueroa habló de incorporar a la legislación “ejes mínimos” para la información que deben de proporcionar estos organismos sui generis, que están sometidos a la citada ley, pero que no pertenecen al Poder Ejecutivo y que no están bajo la autoridad del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Se trata de instituciones públicas consideradas de la “mayor relevancia”, como las cámaras de Diputados y de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario y el TEPJF.

El llamado fue hecho por Alanis Figueroa al inaugurar la Reunión Anual de los Otros Sujetos Obligados, en el auditorio de esta institución, con la presencia de representantes de los mencionados órganos, del comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, y el diputado Arnoldo Ochoa González.

A nombre de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Alanis subrayó que los ciudadanos ya no se conforman con normas claras de acceso a la información, sino que exigen conocer todo lo relacionado con las decisiones de los servidores públicos, las razones que los llevaron a decidir entre una alternativa y otra, los costos y los recursos comprometidos en la aplicación de esa decisión y los resultados de las mismas.

También expuso que si en buena parte del siglo pasado la opacidad y el secreto fueron mecanismos para preservar el poder en los autoritarismos y en las dictaduras instauradas en América Latina, en la actualidad son precisamente el acceso a la información y la transparencia las precondiciones para que las personas ejerzan sus derechos políticos.

La pregunta sobre si el derecho al acceso a la información es deseable ya ha quedado rebasada, dijo, lo que interesa hoy es ¿qué tanto ha permeado este derecho en el país?, ¿cómo se compara el avance mexicano con el de otras democracias recientes?, ¿qué factores han impedido un avance mayor? y ¿qué puede hacerse desde la arena de los Otros Sujetos Obligados, para revertir cualquier lastre de opacidad?

María del Carmen Alanis propuso cuatro rubros en torno a los cuales, dijo, podría generarse un debate en el ámbito legislativo, para dar forma al piso mínimo de obligaciones a incluir en el título tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información:

- Un catálogo de obligaciones de transparencia que refleje la naturaleza especial de las actividades, incluyendo la especificidad de las que se realizan en los poderes Legislativo y Judicial, los Tribunales Administrativos y todos los órganos constitucionales autónomos.

- Condiciones obligatorias para que los órganos que resuelvan los recursos de revisión al interior de los “otros sujetos obligados” adquieran independencia y especialización de acuerdo con el mandato constitucional.

- La exigencia de establecer sistemas electrónicos para recibir solicitudes, interponer controversias y para informar públicamente el grado de avance de ambos procesos.

- Y generar procedimientos y mecanismos para la imposición de sanciones, en los casos de incumplimiento de la Ley.

Por lo que respecta al contenido de la información, planteó dar impulso a una nueva generación de información pública, pues dijo que ya no basta con poner a disposición normas, criterios, acuerdos y procedimientos sólo comprensibles para el círculo profesional especializado, sino que es necesario utilizar un lenguaje ciudadano accesible.

Como parte de los trabajos de esta Reunión Anual, el doctor Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentó el “Código de buenas prácticas y alternativas para el acceso a la información”, el cual establece una serie de prácticas que pueden servir como marco de referencia para el diseño de las legislaciones a nivel local.

A su vez, el Centro de Capacitación Judicial Electoral presentó una relatoría en la que citó los acuerdos logrados en la reunión de trabajo:

1. Existe consenso general para instrumentar el desarrollo legislativo que supone la reciente reforma constitucional al artículo sexto y, en consecuencia, construir insumos para orientarlo.

2. El Código de Buenas Prácticas es un mecanismo por el cual se pretenden establecer parámetros y guías que permitan ajustar las directrices y principios en materia de transparencia y acceso a la información para beneficio de todos los sujetos obligados.

3. Compromiso de las instituciones participantes para generar un consenso que lleve a la aprobación del Código.

El magistrado de la Sala Superior, Salvador Olimpo Nava Gomar, presidente de la Comisión de Supervisión y Resolución, calificó el Código de Buenas Prácticas como un instrumento que sintetiza los principios y valores del derecho de acceso a la información en sus distintas modalidades, para garantizar el ejercicio sistemático de este derecho, a través de un basto conjunto de de procedimientos y acciones.

En su intervención el diputado Gustavo Parra, reconoció que la división de poderes como sistema de pesos y contrapesos, ha dotado a nuestra nación de instituciones sólidas capaz de permanecer más allá de cualquier coyuntura. En este sentido, resaltó que debemos estar orgullosos de contar con organismos que tutelen los derechos más esenciales del ser humano, al garantizar el acceso a la información en poder de los órganos públicos.