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Piden juzgadores electorales definir distribución de competencias entre órganos electorales

14/septiembre/2007 / Sala Superior 86/2007

México, D.F.

Durante el segundo día de actividades de la Reunión Nacional de Juzgadores Electorales se presentó la mesa Distribución de competencias en el Tribunal Electoral y facultades de atracción y delegación, en la que participaron el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, el Dr. Miguel Ángel Garita Alonso y el magistrado Héctor Solorio Almazán.

En su intervención, el magistrado de la Sala Superior se congratuló con la reforma constitucional –aún en discusión- que propone la permanencia de las Salas Regionales del TEPJF.

Al hablar sobre la competencia jurisdiccional, definió a ésta como el ámbito jurídico en el cual puede actuar válidamente un órgano jurisdiccional -dependa o no del Poder Judicial, tenga o no autonomía constitucional-; lo importante es la función a realizar. La competencia jurisdiccional varía entre unos y otros según la estructura orgánica y según la legislación procesal de cada uno de los estados.

El magistrado propuso la competencia geocronológica que se puede aplicar en la materia electoral, ya que todavía, desde su perspectiva, tenemos dividida la materia de lo electoral y la aparentemente no electoral.

Respecto del criterio de competencia por materia, Galván Rivera reiteró que ésta se determina en función de la naturaleza jurídica de la relación sustancial, de ahí que los tribunales electorales se dediquen única y exclusivamente a la materia electoral. En este sentido, enfatizó que son muchos los temas que tienen que atender los institutos electorales, por lo que su trabajo debe ser permanente.

Al hacer un breve recuento de la evolución del Tribunal Electoral, desde su creación en el año de 1987, hasta la reforma de 1996, que estableció la incorporación de éste al Poder Judicial, destacó la judicialización de la política de una manera integral, como una vía para resolver todas las diferencias, todas las controversias, conforme a Derecho, a través de los tribunales. “No es judicializar la política, es hacer que la política entre al orden normativo, jurídico, constitucional y legal”, dijo.

En su oportunidad, el Dr. Miguel Ángel Garita Alonso, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que en el ámbito de la academia se llegan a plantear problemas en diversas líneas de investigación, con la intención de presentar alternativas que contribuyan al perfeccionamiento de las instituciones, en este caso, las electorales. El tema de competencias, facultades de atracción y delegación, dijo, desde la reforma de 1996 ha sido recurrente para mejorar el funcionamiento de la justicia electoral en el país.

Garita Alonso señaló que la distribución de cargas de trabajo entre la Sala Superior y Salas Regionales del TEPJF era un reclamo constante, por lo que destacó el avance logrado con las reformas constitucionales que están aprobándose en ambas cámaras del Congreso, que otorgan a éstas últimas un carácter permanente.

Por otro lado, llamó a trabajar en la construcción de criterios adecuados para interpretar la reforma constitucional, sobre todo para la autoridad que tendrá la obligación de aplicar la ley. Los criterios que se establecen en los dictámenes y que serán presentados en las legislaturas de los estados, serán sumamente relevantes para la redacción de las leyes secundarias.

En tanto, el magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Héctor Solorio Almazán, refirió que la reforma constitucional -casi consumada- obligará a establecer los lineamientos que regirán el sistema de competencias entre los tribunales locales y las Salas Regionales y Superior del TEPJF. En este sentido, dijo, se tendrá que buscar el equilibrio entre la distribución de competencias de cada uno de los órganos impartidores de justicia electoral.

Por otro lado, señaló que otros de los avances de esta reforma constitucional es el control sobre los medios de comunicación. El magistrado puso sobre la mesa una serie de propuestas entre las que destacan la optimización de recursos y la unificación de calendarios electorales.