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DEBATEN ESPECIALISTAS SOBRE VIDA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

13/septiembre/2007 / Sala Superior 82/2007

México, D.F.

 Al iniciar las mesas de debate, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza, destacó que a 20 años de justicia electoral en México se ha logrado garantizar judicialmente los derechos políticos, algo que antes, en esa etapa de tribunales electorales, no se había podido lograr. Esto es, resaltó, una garantía, uno de los mayores logros no sólo del TEPJF, sino de todos los tribunales electorales del país.

Al dictar la conferencia Aprobación de Reformas Estatutarias Elementos Mínimos de los estatutos de los partidos políticos, indicó que más que ver hacia atrás, la importancia de esta reunión será poder ver hacia delante, en lo que nos depara una nueva justicia electoral con la participación del diálogo productivo.

Sobre los temas de reforma electoral, destacó el relativo a una iniciativa que establece la obligación legal de los militantes de velar por la democracia interna de sus partidos. Así mismo, consideró la posibilidad de que la jurisprudencia de todos los tribunales electorales pueda transformarse no sólo en un instrumento eficiente para la certeza jurídica y jurisdiccional, sino una opción para dar a éstos la capacidad de iniciar leyes.

Antes estas consideraciones, González Oropeza mencionó que las entidades federativas tienen un gran reto, que es el respeto a los usos y costumbres de indígenas, pero con la sobre posición de una legislación electoral partidista.

En su intervención, el magistrado Javier David Garfias Sitges, del Tribunal Estatal Electoral de Querétaro, habló de los derechos político-electorales consagrados en la Carta Magna, así como del papel de los partidos políticos como entidades de interés público, cuya finalidad es promover la participación de la ciudadanía e la vida democrática del país.

Tras hablar de temas trascendentales, como las candidaturas independientes, dijo que ante las lagunas que presenta la ley, el papel de las jurisprudencias ha sido relevante en la determinación de reglas y el establecimiento de elementos mínimos democráticos que deben atender los estatutos de los partidos políticos.

En tanto, Javier Garza, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, manifestó que sería de gran beneficio para la comunidad en general el que, desde la óptica constitucional federal, se impusiera la obligación de cada entidad federativa de adaptar sus normas fundamentales y secundarias, a fin de que para que un partido político conserve su registro sus estatutos deberán cumplir con un mínimo de normas democráticas que garanticen el acceso a los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votado y de libre asociación.

Isidro Cisneros, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, destacó que la construcción de un sistema confiable y maduro para controlar la constitucionalidad y legalidad en la vida interna de los partidos políticos no ha dejado de avanzar. En este sentido, consideró que el reto actual de los ordenamientos constitucionales consiste en respetar dos principios de la vida democrática que requieren equilibrarse: el derecho de participación política de los afiliados y el derecho de autoorganización que tienen los partidos.

Manifestó que si los partidos políticos dejan de ser el camino para que los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones al poder público o niegan, por ejemplo, el derecho de libre asociación, las autoridades electorales, al igual que el Estado, están obligadas a intervenir en la vida interna partidaria y hacer que dichas entidades de interés público permanezcan abiertas a la ciudadanía.