29/septiembre/2008 / Sala Superior 120/2008

México, DF

El concepto de libertad de expresión debe ensancharse durante las campañas electorales para confrontar las ideas y propuestas de los actores políticos, teniendo como límites la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la dignidad de la persona y la reputación, señaló la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, a nombre del presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el consejero electoral, Alfredo Figueroa Fernández, subrayó la convicción institucional, “absolutamente compartida e irreductible”, de que se puede y se debe ejercer con plenitud la libertad de expresión durante las campañas electorales.

Durante la inauguración del coloquio Libertad, Denigración, Calumnia y Campaña Electoral, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fundación Prensa y Democracia A.C. (Prende) y este organismo jurisdiccional, Alanis Figueroa destacó que, tras la prohibición constitucional de propaganda que denigre o calumnie, el Tribunal Electoral ha resuelto ya los primeros casos relacionados con esta materia y está listo para tutelar el voto ciudadano.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha reconocido que la libertad de expresión no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que tiene como límites cuestiones objetivas como la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, y otras subjetivas como la dignidad de la persona y la reputación, y así lo estableció en la jurisprudencia 11 emitida en este mes, mencionó.

Señaló que el coloquio tiene por objetivo reflexionar sobre el nuevo marco constitucional, y profundizar el debate entre calumnia y libertad de expresión, y aunque no se esperan conclusiones unívocas, aportará luz al respecto, pues conjunta a distintas personalidades de la academia nacional e internacional, así como políticos, comunicólogos, consultores y autoridades electorales del país.

El Tribunal Electoral estará atento a todos los debates, que serán enriquecedores para las reflexiones al momento de sustanciar y resolver impugnaciones que surjan de los próximos comicios, y las instituciones electorales federales están listas para garantizar elecciones apegadas a derecho, finalizó Alanis Figueroa.

El consejero Figueroa Fernández garantizó a comunicadores, intelectuales, académicos y medios donde colaboren, así como a cualquier ciudadano, que pueden argumentar, participar, deliberar y manifestarse a favor o en contra de quienes quieran; hacer cuantos libros, artículos, proclamas, programas o intervenciones consideren útiles antes, durante y después de las elecciones.

“La reforma electoral no coarta la libertad, porque libertad de expresión nunca ha sido sinónimo de injurias y porque, hasta donde entiendo, la reforma electoral ha colocado taxativas pero no para cancelar la libertad sino que para que la libertad se conjugue con otros valores básicos como la equidad y el juego limpio”, puntualizó

El consejero Figueroa Fernández informó que el IFE esperó los debates de estos días para emprender su propio cambio reglamentario en materia de radio y televisión, y abogó por que este coloquio sirva de aprendizaje y de orientación para establecer los criterios en la próxima campaña electoral y encontrar las vías de una contienda civilizada y democrática.

Reconoció la dificultad de conjugar el sentido y aplicación de las leyes con los valores centrales de la libertad y de la democracia misma, como el debate abierto, la crítica incisiva y el despliegue de las posiciones sin admitir censura, pero aclaró que las reformas constitucionales y legales han colocado a la prohibición de la calumnia y la difamación como elemento clave para el desarrollo de las campañas electorales.

En su oportunidad, José Buendía Hegewich, director ejecutivo de Prende A.C., destacó la pertinencia del coloquio, pues la reforma electoral despertó un debate entre quienes afirman que, la misma, podría suponer una amenaza a la libertad de expresión y quienes aseguran que puede permitir un nuevo modelo de campaña electoral al modificar las relaciones entre medios de comunicación y partidos políticos.

Agregó que el actual marco legal facultará a la autoridad, en la próxima campaña electoral, a decidir sobre la legalidad de “dichos” y su actuación tendrá, sin duda, repercusiones sobre la justicia electoral y sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

Y fue más allá al asegurar que las decisiones de la autoridad, que se tomen durante el trascurso del proceso electoral próximo, seguramente se proyectarán más allá de este año y contribuirán a fijar alcances para lo próximas elecciones, lo que supone un enorme reto, que desde la sociedad civil “nos gustará, si nos lo permiten, poder ir acompañando en la vía de nuestras posibilidades”.