23/noviembre /2021 / Sala Superior 270/2021

Ciudad de México

Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón: Buenos días, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Distinguidas Ministras, distinguidos Ministros.

Estimados Consejeros.

Apreciables Magistradas y Magistrados de la Sala Superior.

Este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple 25 años. Con la reforma constitucional de 1996 que integró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se decidió que lo jurídico está por encima de lo político.

Como corresponde en una democracia constitucional, se hizo del Estado de derecho el ámbito para dirimir las controversias electorales.

En este cuarto de siglo, el Tribunal ha dotado de certeza, legalidad y legitimidad a una competencia política cada vez más dinámica, judicializada y plural.

De ahí que la justicia que imparte el Tribunal Electoral haya sido fundamental en el desarrollo democrático de México; al menos, desde tres perspectivas:

Una, garantizando la competencia partidista en elecciones equitativas, dos, celebrando elecciones de manera regular, tutelando el sufragio libre, secreto y universal, y tres, salvaguardando los derechos políticos y los derechos electorales bajo el mandato de la protección de los derechos humanos.

Desde su creación, el Tribunal ha acompañado nueve elecciones federales, la más reciente celebrada el 6 de junio de este año.

Hoy, las Magistradas y los Magistrados acudimos a la máxima Corte de nuestro país a presentar el Informe de Labores que corresponde al periodo del 1º de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.

La labor más importante del Tribunal Electoral es dotar a la ciudadanía de certidumbre, de esa certidumbre que la elección de sus representantes requiere en democracia.

Los procesos electorales de este año fueron los más grandes de nuestra historia, tanto por el número de votantes registrados como por la renovación de los 20 mil 446 cargos de elección popular.

Además, estas elecciones se celebraron en un contexto inédito, la emergencia sanitaria a nivel global.

En este periodo las Salas Regionales y la Sala Superior recibieron 18 mil 242 impugnaciones, resueltas en un promedio de 15 días.

Las resoluciones se emitieron reflejando nuestro compromiso con una justicia electoral oportuna, certera y eficaz.

La cantidad de sentencias y su alto índice de cumplimiento expresan la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos depositada en el Tribunal.

El 99.48 por ciento de las sentencias fueron cumplidas. Además, las resoluciones reflejan criterios clave en materia de acciones afirmativas, representatividad, fiscalización, reelección integridad electoral y nulidades.

En materia de postulación de candidaturas se validaron las acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

La Sala Superior confirmó los acuerdos del INE en los que se vinculó a los partidos políticos a postular candidaturas indígenas para diputaciones federales en 21 distritos, de registrar por la vía de representación proporcional candidaturas de personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la comunidad de la diversidad sexual.

A nivel local destaca el caso de Oaxaca, en el que se validaron los lineamientos para la postulación de candidaturas independientes de las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos.

A la par, en la disputa por las 15 gubernaturas se vinculó a los partidos políticos nacionales a postular al menos a siete mujeres, lo que contribuyó a que resultaran seis gobernadoras electas.

Por otro lado, en la Cámara de Diputadas y Diputados se logró la paridad perfecta con 250 hombres y 250 mujeres.

Igualmente la paridad se alcanzó en los 30 Congresos locales renovados. De hecho, en 18 de ellos se cuenta con una integración mayoritaria de mujeres.

En cuanto a los límites constitucionales de representatividad, la Sala Superior validó la inclusión del criterio de militancia efectiva; con éste se garantizó que en la asignación de curules por la vía de representación proporcional las diputaciones se contabilizaron para el partido al que efectivamente le correspondían.

En este periodo, destacan los primeros casos de reelección y sus implicaciones para no militantes. Al respecto, el Tribunal diferenció entre las exigencias para la reelección de los munícipes y legisladores no militantes.

Con ello, se hizo efectivo el mandato constitucional de reelección que exige postularse por el mismo partido o renunciar su vínculo partidista antes de la mitad de su mandato.

En lo relativo a la fiscalización de recursos públicos en las precampañas se determinó que se puede perder el derecho al registro de una candidatura por no presentar los informes de gastos de precampaña.

En materia de integridad electoral se reiteró que las servidoras y servidores públicos deben apegarse al principio de neutralidad y abstenerse de usar recursos gubernamentales para favorecer alguna candidatura, partido o coalición.

A su vez, se estableció que, aunque cuentan con libertad de expresión las personas conocidas como influencers, no están exentas de cumplir con los principios constitucionales. En consecuencia, se sancionó al partido político involucrado por vulnerar de forma reincidente la equidad en la contienda con actividades de proselitismo pagado.

En materia de resultados electorales, destaca la impugnación a siete elecciones de gubernatura, todas ellas resueltas por la Sala Superior.

Un criterio relevante ocurrió en el caso de Michoacán. La Sala Superior decidió no ser ajena a los efectos que la inseguridad tiene para los procesos electorales. Por ese motivo, flexibilizó el estándar probatorio sobre actos de violencia y dejó sin efectos la votación de cuatro municipios.

La Sala también resolvió que el INE adoptara distintas medidas para hacer frente a situaciones de esta índole en futuras elecciones.

No obstante, se validó el resultado final de la elección a la gubernatura de Michoacán, porque las irregularidades no fueron generalizadas y no se puso en riesgo la legalidad o la autenticidad de la elección.

Un segundo asunto emblemático fue la calificación de la elección a la gubernatura de Campeche, donde se reconoció que cuando existan indicios que pongan en duda el cómputo y el margen entre los primeros lugares sea estrecho, la medida apropiada para dotar de legitimidad y de certeza al resultado, es el recuento total de votos.

Con este recuento se precisó el resultado de la elección de la gubernatura de Campeche; además, se validó la elección, porque en el caso no se acreditó el uso indebido de programas sociales, ni el incumplimiento a la veda electoral o el empleo de símbolos religiosos de estos.

Por otra parte, la Sala Superior confirmó o decretó la nulidad de 15 elecciones, 14 municipales y una de un distrito local.

Sobresalen los casos de Iliatenco, en Guerrero y San Pedro Tlaquepaque en Jalisco.

En el primer caso se determinó la nulidad de la elección de la presidencia municipal de Iliatenco en Guerrero, por actos de violencia política en razón de género en contra de candidata que quedó en segundo lugar a tan solo 53 votos del primero.

Así, reforzamos nuestro compromiso por combatir las conductas que obstaculizan la participación sustantiva de las mujeres en el ámbito político.

En el caso de San José Tlaquepaque se anuló la elección debido a que un actor religioso intervino durante la veda electoral. Esto resultó en una vulneración grave al principio de separación Iglesia-Estado, se trató de una falta determinante, ya que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar era menor al dos por ciento de la votación total.

Además, durante el periodo de este Informe, este órgano jurisdiccional estableció 13 jurisprudencias y 11 tesis.

Como dejan ver estos criterios, durante el proceso electoral 2020-2021 se reiteró la enorme valía y la solidez de un Tribunal Electoral independiente y al servicio de la ciudadanía.

Agradezco desde aquí a las mexicanas y a los mexicanos por confiar en el Tribunal como garante de sus derechos políticos y electorales.

Asimismo, reconozco el profesionalismo de quienes forman parte de las instituciones electorales nacionales y estatales.

Gracias a su compromiso y colaboración se sigue consolidando la democracia constitucional mexicana.

Ahora, para seguir cumpliendo con su alta encomienda, el Tribunal, a través de la Escuela Judicial Electoral, continúa trabajando en la capacitación y formación permanentes.

Con este objetivo se impartieron 60 cursos; además, actualmente la Escuela Judicial ofrece tres posgrados que apoyan la formación de un capital humano profesional; la maestría en derecho electoral, el master en derechos humanos con perspectiva de género y paridad, así como el doctorado en derecho electoral.

En el marco del proceso electoral, el tribunal creó el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Jurisdiccional. Este mecanismo de financiamiento respaldó nueve proyectos de organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el Tribunal organizó cuatro misiones internacionales de acompañamiento jurisdiccional para analizar el desempeño de este órgano durante todas las etapas del proceso electoral.

La observación electoral y el acompañamiento internacional contribuyen a mejorar nuestra actuación y a incrementar la confianza ciudadana en los procesos electorales.

En cuanto a la administración del Tribunal Electoral, hemos asumido el compromiso de garantizar las buenas prácticas en el desempeño de las labores y el ejercicio del gasto público.

De ahí, la Contraloría Interna realizó 47 procedimientos de revisión, seguimiento y control al ejercicio de los recursos públicos.

Por otra parte, hemos impulsado acciones para ser cada vez más transparentes frente a la ciudadanía. Logramos atender las solicitudes de acceso a la información en un plazo promedio de 10 días, lo que representa casi la mitad del tiempo legal previsto.

En reconocimiento a los esfuerzos del personal del Tribunal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales otorgó al Tribunal la calificación máxima de cien por ciento en el Índice Global de Cumplimiento de Portales de Transparencia.

Adicionalmente, se llevaron a cabo múltiples acciones dirigidas a dialogar con jóvenes, estudiantes y otros sectores de la población.

Resaltan los Talleres de Análisis de Sentencias que permitieron a más de ocho mil 894 personas profundizar su conocimiento sobre la labor del Tribunal Electoral.

Asimismo, desde el Tribunal se han fomentado los principios de inclusión, no discriminación y accesibilidad democrática, junto con los de paridad e igualdad sustantiva.

Destaca el trabajo de la Defensoría Pública Electoral al brindar 317 servicios de asesoría y protección gratuitos para pueblos y comunidades indígenas.

Bajo esta búsqueda por la inclusión y siguiendo las políticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral amplió la duración de las licencias de paternidad a 90 días naturales con goce íntegro de sueldo.

Reconocemos la importancia de eliminar prácticas basadas en estereotipos de género.

Los estereotipos suponen que las mujeres deben ser las responsables directas del cuidado de las hijas o hijos, imponiéndoles cargas de trabajo no remunerado.

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer a la Consejera Loreta Ortiz, y a los Consejeros Bernardo Bátiz y Jorge Antonio Cruz Ramos, su análisis crítico y el enriquecimiento constante que hacen a las decisiones del Comité de la Comisión de Administración, de la cual forman parte.

Su conocimiento del Derecho, su diligencia y su experiencia, han sido fundamentales para que las medidas administrativas que se aplican en el Tribunal, sean congruentes con las políticas del Poder Judicial y busquen la eficiencia y el cuidado del gasto público.

Reconocemos a la Comisión de Administración, como la instancia imprescindible para el fortalecimiento institucional.

Muy especialmente expreso, un sincero reconocimiento al Ministro Presidente Arturo Zaldívar, por su apuesta decidida por mejorar las instituciones de justicia de nuestro país.

Nuestra gratitud por su firme defensa del Poder Judicial. Ese compromiso lo compartimos las Magistradas y los Magistrados.

También, reconozco a mis pares, por enfrentar este difícil proceso electoral con altura de miras y un profundo compromiso institucional.

Así lo refleja el trabajo colegiado que hemos realizado durante todo el año, donde el consenso convive con el disenso.

El 93 por ciento de las sentencias se resolvieron por unanimidad y el 7.0 por ciento restante se resolvió por mayoría.

Destaco la firme determinación de las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior, al aprobar la creación de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral.

Tenemos la convicción de renovar al Tribunal para cumplir con las exigencias de la sociedad y del Poder Judicial de la Federación.

Es nuestra obligación ofrecer una justicia más abierta, más cercana a la gente, dialogante e incluyente, que proteja de mejor manera los derechos humanos.

Si una lección nos ha dejado la pandemia es que la sociedad, los gobiernos y las personas cambian a partir de los desafíos que enfrentan.

El premio Nobel de Economía, Douglas North, escribió que la transformación institucional usualmente es el resultado de una combinación de cambio externo y aprendizaje interno.

En el Tribunal reconocemos que vivimos ambas condiciones y, en consecuencia, es tiempo de adaptarnos a esta dinámica social, asumiendo así, el reto de cambiar lo que se puede mejorar y mantener lo que funciona.

Estamos seguros de que la mejor forma de celebrar el 25 Aniversario del Tribunal Electoral es justamente trabajando con una visión de futuro para servir a la sociedad mexicana.

Por ello, seguiremos tres ejes:

Primero. La renovación interna de la institución.

Segundo. La contribución permanente a fortalecer la cultura democrática en México.

Tercero. El cumplimiento de nuestros compromisos inmediatos con la integridad electoral, en las elecciones del 2022 en donde se renovarán gubernaturas en seis estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; de 2023, en donde tendremos elecciones en Coahuila y el Estado de México y en 2024, con las elecciones por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, 30 congresos estatales y mil 1998 ayuntamientos.

Señoras y señores:

El Tribunal seguirá trabajando como una institución al servicio de la ciudadanía, como un pilar invaluable de nuestra democracia y como parte de un Poder Judicial de la Federación independiente y socialmente responsable.

En todo momento, sabremos mantener el principio de división de Poderes, entendiendo que división no significa confrontación.

Hay múltiples puntos de coincidencia entre los Poderes de la Unión para impulsar la democracia y los derechos humanos.

Por ello, apostamos por la colaboración con los Poderes públicos e instituciones del Estado.

La salud de la democracia mexicana depende hoy, en gran medida, de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre las instituciones públicas.

Todas y todos estamos juntos codo a codo en las causas de la democracia.

Para los comicios que habrán de venir, podemos decir: a los partidos políticos, a las candidaturas y a los actores políticos y, sobre todo, a la ciudadanía, que protegeremos, como lo hemos hecho hasta ahora, la equidad, la libertad y el cumplimiento de la ley.

Pero, debemos ser claros. Nosotros estamos llamados a ser árbitros, capaces de juzgar las situaciones y casos que se nos presentan de forma objetiva y neutral.

Como jueces y juezas, en una contienda se espera que velemos por la firmeza en la aplicación de la ley, la imparcialidad de nuestras sentencias y la independencia en nuestro actuar.

Invitamos a la ciudadanía a hacer suya la justicia electoral, para exigir el acceso y el respeto a sus derechos, sobre todo, de quienes han sido invisibilizados o marginados durante siglos.

Nuestra labor jurisdiccional mantendrá su brújula en favor de las libertades y la igualdad entre las personas, ya que es el único camino para afianzar una democracia de mayor calidad.

Tengo la certeza que estas convicciones son compartidas por todas, por todos, quienes desde hace 25 años en el Tribunal Electoral se esfuerzan cada día por consolidar un México más plural, más libre y más democrático. A ellas y ellos debemos los resultados de lo que hoy rendimos cuentas.

Muchas gracias por su atención.