2 /septiembre/2021 / Sala Superior 166/2021

Ciudad de México

Agradezco la confianza que depositan en mi persona las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al elegirme como Magistrado Presidente de este tribunal. Es un honor y un desafío asumir esta responsabilidad, particularmente en estos tiempos en los que nuestra democracia se torna cada día más dinámica y también más demandante de autoridades electorales independientes e imparciales. A lo largo del último cuarto de siglo, este Tribunal ha desempeñado un papel clave en la legitimación de los procesos electorales en nuestro país.

Si bien su desempeño no ha estado libre de polémicas, como es natural para cualquier órgano de impartición de justicia, los actores políticos, y la ciudadanía en su conjunto, han aprobado su papel como instancia final de resolución de conflictos en el ámbito electoral.

No obstante, como para cualquier otra institución, para el Tribunal Electoral resulta imprescindible revisar sus procesos internos para robustecer su función social.

Esta es la hora de fortalecer la independencia judicial, y el papel fundamental que juega el tribunal como garante de una democracia igualitaria e incluyente. Esta es la hora de afianzar la imparcialidad y la autonomía del órgano, para fortalecerlo como un auténtico tribunal de derecho. Esta es la hora de apagar cualquier atisbo de influencias externas o presiones de poderes fácticos, para fortalecer la credibilidad y confiabilidad de sus decisiones. Solo así, podemos servir auténticamente a la sociedad con la misión que nos ha encomendado, como órgano de justicia electoral en última instancia.

En este contexto, he sometido a consideración de mis compañeras y compañeros magistrados una agenda de trabajo que se sintetiza en el Proyecto de Acuerdo General Relativo a la Creación de la Comisión para el Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Documento que, en aras de la transparencia judicial, hice público el 31 de agosto pasado. Ese plan estratégico parte de reconocer la necesidad de una revisión profunda de los procesos y las estructuras de este Tribunal. No es un secreto que el Tribunal atraviesa por momentos críticos.

En mi opinión, parte de los conflictos internos que hoy tenemos están asociados a la falta de reglas claras en la administración y en la toma de decisiones. Ante esta situación, considero urgente revisar los procesos y la normatividad respecto del gobierno interno del Tribunal, a fin de fortalecer tanto los procedimientos de colegialidad como la independencia judicial. Por otra parte, en este momento adquiere particular relevancia alinear nuestros objetivos institucionales a la reciente reforma judicial. Es precisamente inspirado en la reforma judicial que encabeza el ministro Zaldivar, que considero apremiante embarcarnos cuanto antes en un proceso interno de fortalecimiento institucional.

Como corresponde a un órgano colegiado como el nuestro, he propuesto que en la comisión encargada del plan estratégico de fortalecimiento participen las 7 magistraturas que conforman la Sala Superior del órgano. De esta manera, las decisiones que ahí se tomen contarán con la legitimidad necesaria para que se conviertan en verdaderas facilitadoras de la labor y los procesos de toma de decisiones del Tribunal. La agenda planteada representa una hoja de ruta de las reflexiones, debates y decisiones que deberemos tomar en los meses por venir.

Entre los principales objetivos del plan estratégico destacan: 1. Revisar, de manera integral, la normativa administrativa, orgánica y procedimental del TEPJF. 2. Formular propuestas para mejorar el marco jurídico y reglamentario del órgano, y establecer las bases para un proyecto de reforma interna. 3. Generar un diálogo amplio con especialistas, académicos y servidores públicos, que aporte elementos para desarrollar un planteamiento de reforma de este órgano. 4. Establecer vínculos con las salas regionales del Tribunal Electoral y con instituciones, nacionales e internacionales, a fin de integrar buenas prácticas de políticas públicas en materia de justicia electoral.

Con el fin de fomentar una mayor transparencia y fortalecer la tutela efectiva de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, he planteado a mis pares que el plan estratégico de fortalecimiento institucional se guíe por siete ejes de acción: 1. Una justicia electoral más abierta y ciudadana. 2. Una protección de los derechos político-electorales robusta. 3. Una modernización administrativa y el ejercicio eficiente de los recursos públicos. 4. Una mejora de la carrera judicial que siguen los funcionarios públicos encargados de la impartición de la justicia electoral y de la labor administrativa. 5. Un uso racional y democrático de las tecnologías de la información para una gobernanza electoral, en el marco de un código de ética actualizado. 6. Una modernización de la tecnología para la gestión judicial orientada a fortalecer decisiones confiables, resoluciones consistentes y transparencia judicial. 7. Una vinculación estratégica entre las distintas áreas del Tribunal.

Este esfuerzo institucional y colectivo servirá para fortalecer al Tribunal Electoral y generar conocimiento útil respecto de las acciones necesarias para alcanzar un mejor desempeño como órgano juzgador, que es parte del Poder Judicial de la Federación. Mi convicción es convocar a la labor de conjunto con el objetivo claro de fortalecer la institución, a fin de articular consensos orientados a la aplicación puntual de las reglas de la democracia Veo el ejercicio de la presidencia del tribunal no como una función de empoderamiento personal, sino como una tarea de promoción del empoderamiento colectivo.

Estoy convencido de que es momento de fortalecer la colegialidad del Tribunal Electoral. No sólo porque la colegialidad y la pluralidad fortalecen las decisiones que emitimos, sino porque de forma colegiada podemos hacer frente a las presiones externas que amenazan la independencia de este órgano. Los tribunales colegiados no hablan por la voz de las personas que los conforman.

Los tribunales hablan por la voz de sus mayorías, es una voz colectiva, y esa voz colectiva debe estar siempre presente cuando se toman las decisiones y se definen las rutas a seguir. La legitimidad se construye con debates de altura, no con decisiones tomadas por imposición, y menos aun, por injerencias o presiones externas.

Como le he dicho antes, la ciudadanía exige jueces y tribunales legítimos, independientes e imparciales, que tutelen escrupulosamente el ejercicio de los derechos político- electorales, y que sean pilar de la democracia.

La ciudadanía espera de nosotros consistencia en la aplicación de los criterios jurisdiccionales, para generar certidumbre en los actores respecto a la interpretación de la norma jurídica.

La ciudadanía espera de nosotros que interpretemos el sentido de las normas constitucionales, y armonicemos sus contenidos, para establecer equilibrios en el sistema de derechos y libertades. La ciudadanía espera de nosotros la capacidad para proteger a las minorías políticas, a fin de garantizar la pluralidad y una democracia más sólida e incluyente.

Todos los actores políticos reconocen la importancia de un tribunal imparcial e independiente, pero lo reconocen aún más quienes forman o han formado alguna vez parte de las minorías, porque son ellos quienes más riesgo corren de verse arrasados por los grupos mayoritarios. De ahí la importancia de fortalecer nuestra independencia, nuestra autonomía y nuestra imparcialidad.

Este Tribunal, como parte integral del Poder Judicial de la Federación, debe seguir siendo pilar de la democratización de México; debe seguir siendo garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía; y debe seguir siendo promotor incansable de la legalidad y el Estado de derecho.