24/septiembre/2020 / Sala Superior 209/2020

Ciudad de México

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que es un imperativo para la democracia y para las instituciones en México que la participación política de las mujeres en las próximas elecciones, las más grandes de la historia, se lleve a cabo en el marco de una igualdad plena, sin discriminación, y libres de toda violencia política contra las mujeres.

Lo anterior, al participar en la XVI sesión del Observatorio de participación política de las mujeres en México “Mujeres indígenas y afromexicanas”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF.

En el evento virtual, en el que participaron Nadine Gasman Zylbermann, titular del Inmujeres y Lorenzo Córdova, presidente del INE, así como la consejera electoral Carla Humphrey, la magistrada Mónica Soto consideró que desde el Observatorio y quienes impulsan la igualdad de género, deben incidir para eliminar las fuentes de desigualdad, discriminación y violencia, que obstaculizan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.

Reconoció que el bloque de constitucionalidad para la protección de los derechos de las mujeres hoy no es menor y el reto se centra en que las sentencias que emiten órganos como el TEPJF cambien la vida de estas personas, en ámbitos como la política, con acciones vivas, dinámicas y complejas que favorezcan sus derechos humanos.

Mónica Soto recordó que en agosto de 2019 se incluyó en la Constitución el reconocimiento de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación, equiparando sus derechos a los pueblos y comunidades indígenas.

La magistrada dijo que este reconocimiento debe traducirse ahora en leyes a nivel local, políticas públicas, presupuestos y acciones concretas en materia de servicios públicos dirigidos a garantizar su libre determinación.

Al hacer un repaso de las sentencias que ha emitido la Sala Superior en la materia, destacó el criterio adoptado por el que se revierte la carga de la prueba en casos de violencia política hacia las mujeres; antes se pedía que quien afirma estaba obligado a probar, y ahora dicha responsabilidad recae en la parte demandada y no en las afectadas.

La magistrada reconoció que ya han recibido casos en el TEPJF en los que la violencia contra mujeres es generada por otras mujeres; lamentó la situación pues se ha luchado por erradicar la violencia contra las mujeres y ahora son ellas mismas las que la infringen, fenómeno que debe ser tratado en un espacio específico, concluyó.

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