26/junio /2020 / Sala Superior 136/2020

Ciudad de México

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, participaron en el Diálogo en Abierto “Derechos fundamentales en situaciones de emergencia: los casos de España, Italia y México”.

En el diálogo, organizado por la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) y el TEPJF, en que participaron también Josep María Castellá, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y Tania Groppi, profesora titular de Derecho Público de la Universidad de Siena, bajo la moderación del Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Antonio López Vega, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña consideró que la pandemia del COVID-19 no puede entenderse como un momento en el que el Derecho se puede dejar de aplicar.

Opinó que el voto en línea puede ser seguro y dar certeza a las elecciones, y todavía es un reto para México. “Me parece que la pandemia, la vida, la tecnología, nos está forzando justamente a dar un paso hacia adelante”, dijo y planteó una paradoja porque los connacionales en el extranjero podrían, cuando funcione la plataforma para ello, votar en línea desde otros países, pero los mexicanos aquí no tendrían ese derecho.

De la Mata Pizaña afirmó que la pandemia es un problema para todos y en ese sentido los jueces constitucionales tienen que entender que la ley debe resolver estas situaciones, sin afectar otros derechos, con soluciones flexibles.

El magistrado José Luis Vargas opinó que hoy se vive una situación excepcional en México y en el resto del mundo, y se enfrentan retos como la suspensión y aplazamiento de procesos electorales; en ese contexto, consideró que se deben generar los controles para evitar que los gobernantes se mantengan en los cargos públicos de manera indefinida y no se use el aplazamiento como un recurso para preservarse sin límites en el poder, para que así, cuando las condiciones lo permitan, regresar a la normalidad constitucional.

En ese sentido, dijo que los tribunales constitucionales deben ejercer su función de intérpretes de la norma constitucional para garantizar la protección a la vida y la salud, y a la vez, conciliar con los derechos político-electorales.

Vargas Valdez reiteró que uno de los principales retos que se identifican a raíz de la pandemia y sus consecuencias, es la necesidad de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías.

Al respecto mencionó que “si no tenemos la capacidad de estar conectados, nuestros derechos estarían más limitados de lo que hoy por necesidad están”. En ese sentido, agregó que desde las instituciones del Estado se tiene que empezar a trabajar en reducir la brecha digital.

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