2 /junio /2020 / Sala Superior 107/2020

Ciudad de México

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez consideró que en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 no se debe perder de vista la figura de “ombudsman digital”, ya que a partir del enorme manejo de datos personales que las empresas realizan, se exige un mayor nivel de protección y tutela de la información personal de la ciudadanía en todo el mundo.

El magistrado participó en el Congreso virtual “Transparencia y justicia abierta en el marco del COVID-19”, organizado por la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF y el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la mesa 1 “Justicia abierta y la garantía de la protección de datos personales durante la crisis sanitaria”, junto el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Sergio Arturo Guerrero Olvera; Isabel Davara, directora de Davara Abogados; Lina Ornelas Núñez, directora de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para México, América Central y el Caribe de Google y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien moderó el debate.

El magistrado José Luis Vargas opinó que la pandemia del COVID-19 ha mostrado la capacidad de instituciones y empresas para facilitar el ejercicio de los derechos a través de la tecnología, y no se debe perder de vista que aún se tiene que trabajar en la universalidad del acceso a la tecnología como una nueva forma de ejercer los derechos fundamentales.

Afirmó que el concepto de justicia abierta exige la capacidad de las autoridades de verdaderamente acercar la justicia a las personas, y tras señalar que las herramientas que nos ofrece la tecnología hoy pueden ayudar a hacer una justicia mucho más pronta, expedita y transparente, consideró que los proveedores de redes sociales deben ser vistos como aliados estratégicos.

El magistrado Sergio Arturo Guerrero recalcó que los tribunales abiertos deben avocarse a la digitalización y a la comprensión de los derechos digitales, los cuales son los derechos humanos en la web, ofreciendo ventanillas de acceso virtuales y demandas disponibles al público para poder generar autodefensas.

Isabel Davara opinó que la ciudadanía está tomando mayor conciencia del tratamiento de sus datos personales, debido a que el intercambio de datos se ha vuelto intensivo, mientras que Lina Ornelas dijo que tener información certera sobre la movilidad de la ciudadanía ayuda a las autoridades a reducir la cantidad de contagios.

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