29/febrero /2008 / Sala Superior 24/2008

Hermosillo, Sonora

Ante los integrantes del Consejo Estatal Electoral, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, estudiantes y público, Galván Rivera señaló que los diputados de cada estado tienen la enorme tarea de adecuar sus leyes locales en materia electoral, de acuerdo con las reformas a la Constitución mexicana y al Código Federal Electoral, aprobadas por las cámaras de Diputados y de Senadores, en 2007 y 2008, respectivamente.

Expuso que los legisladores deben considerar tres aspectos en la adecuación de sus normas: las que competen a los partidos políticos, las referentes a las autoridades electorales y las que competen a los organismos jurisdiccionales.

Respecto de la primera, el magistrado destacó que la reforma constitucional electoral prohíbe la afiliación en grupos o corporativa, como se hacía en el pasado, por lo que los partidos políticos tendrán que revisar sus estatutos, para evitar este tipo de afiliación, con el riesgo de enfrentare a impugnaciones por ello.

Agregó que si bien la vida de los partidos se norma con sus propias reglas, éstas deben ceñirse a lo que establece la Constitución y las leyes federales y estatales, para vigilar que se garantice el derecho de todo ciudadano de asociarse, afiliarse y de votar y ser votado.

La reforma establece que cuando un ciudadano militante de un partido político considere que han sido violentados sus derechos y ya haya agotado las instancias de su partido, podrá acudir a los tribunales electorales para revisar su caso.

Respecto a la vida interna de los partidos, Flavio Galván destacó que la reforma regula la organización de las pre-campañas y las campañas electorales, sin embargo, tanto el legislativo federal como los locales, tendrán que especificar las definiciones, los plazos y las características, tanto de los procesos internos de los partidos como de los constitucionales.

El magistrado hizo énfasis en que los candidatos ya no podrán argumentar el derecho a la libertad de expresión para hacer propaganda que insulte a sus contrincantes, pues la reforma electoral prohíbe la diatriba y el insulto.

Destacó que la propaganda debe sustentarse en los programas y plataformas de los partidos, para dar a conocer a los ciudadanos sus propuestas, cuyo fin es resolver las demandas ciudadanas y los problemas económicos, sociales y culturales del país.

Para el magistrado es necesaria una ley de partidos políticos, como mecanismo que regule la vida interna de estos institutos y con ello fortalecer el sistema democrático del país.

En su exposición, destacó que la reforma electoral establece que los congresos de los estados deberán hacer una ley de medios de impugnación que señale, de manera clara y precisa, las bases para realizar posibles recuentos de votos y las causales de nulidad de elecciones locales.

También destacó que los legisladores locales tienen la enorme tarea de hacer normas aplicables para crear partidos políticos y su vida interna, lo referente a regular el financiamiento público de éstos, los límites al gasto en precampañas y campañas, entre otros aspectos.

Destacó que la Constitución prevé la facultad de cada instituto o consejo electoral para conocer los estados financieros de cada partido, pero además, que el secreto bancario, fiduciario o hacendario no podrá apelarse en contra de una investigación de carácter electoral.

Estas limitantes que prevalecieron en la elección de 2000, ya no podrá valer en los procesos electorales siguientes, pues los consejeros electorales podrán solicitar la información que requieran para llevar a cabo investigaciones relacionadas con probables irregularidades financieras en las campañas federales y locales.

Para finalizar su exposición, el magistrado Galván Rivera destacó la importancia de que los partidos políticos ofrezcan a los ciudadanos autenticas posibilidades de solucionar los problemas sociales, o de lo contrario perderán toda la confianza en las instituciones políticas del país.

Y abundó al señalar que una vez que los candidatos ganadores reciban su constancia de mayoría y asuman el cargo, los ciudadanos deben exigirle cuentas respecto de sus promesas de campaña y los resultados de su gestión; si esto no se hace así, “veremos que nuestros esfuerzos resultan vanos”, sentenció.

A la conferencia asistieron el licenciado Marcos Arturo García Celaya, presidente del Consejo Electoral de Sonora, y los consejeros Maria del Carmen Arvizu Bohórquez, Hilda Benítez Carreón, Jesús Humberto Valencia Valencia y Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito.

También asistieron los integrantes del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del estado, Lic. Miguel Ángel Bustamante Maldonado, magistrado presidente; y los integrantes María Teresa González Saavedra, Luís Enrique Pérez Alvídrez, Jesús Alfredo Dosamantes Terán.