26/noviembre /2019 / Sala Superior 187/2019

Ciudad de México

 El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez reconoció que el mayor reto al que se enfrentan los juzgadores constitucionales radica en cómo acercar el mundo del derecho a la sociedad y encontrar soluciones idóneas, justas y apegadas a la ley, a problemas tangibles y reales.

En su participación en la Segunda Semana de la Escuela Judicial (EJE) denominada en esta edición “Democracia y diversidad”, aceptó que a la hora de juzgar les gustaría ser más progresistas, pero cuando el expediente y las pruebas no lo dan, no pueden ir más allá porque podrían afectar otros derechos.

En la mesa “Derechos de la comunidad LGBT+”, el magistrado Vargas Valdez analizó junto con Adolfo Voorduin, presidente de Circuito de la Diversidad Sexual, A.C.; Antonio Peña Freire, de la Universidad de Granada; Luisa Conesa, de la Escuela Libre de Derecho y Raúl Zeuz Ávila Sánchez, secretario de estudio y cuenta la sentencia del expediente SUP-JDC-304/2018 sobre las personas muxes, de la comunidad indígena mixe de Oaxaca.

Con Mariana Santisteban Valencia como moderadora, el magistrado José Luis Vargas destacó que el derecho a la representación femenina fue el principal elemento que estuvo en juego en el caso muxe y, en este sentido, defendió que los derechos de la mujer no podían quedar sin la protección jurídica y constitucional del TEPJF.

Reconoció que el caso, trabajado en su ponencia, ha representado un paradigma, puesto que en ningún país del mundo la diversidad sexual, étnica y de minorías tiene tan poca representación pública como en México. “Creo que hacia allá tenemos que ir”, dijo, y explicó que dicha sentencia genera la posibilidad de ser un referente para otras partes del mundo, a fin de ampliar los derechos de las personas LGBT+ y de otras minorías que siguen olvidadas de nuestra concepción diaria de hacer y aplicar el Derecho.

Señaló que, si bien la sentencia recibió críticas, esto respondió a la naturaleza misma del caso, pues se contraponían derechos de carácter constitucional, como el relativo a la igualdad, al respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas y a la paridad.