15/abril /2019 / Sala Superior 70/2019

Ciudad de México

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que la población indígena de nuestro país enfrenta muchos obstáculos para lograr el ejercicio efectivo de sus derechos y la participación en la política. Entre estos obstáculos, dijo, destacan la marginalización, la pobreza y la discriminación, así como violencia e impunidad, que es urgente enfrentar y erradicar.

Durante su participación en el “Foro del debate sobre temas pendientes y emergentes de violencia política en comunidades indígenas”, la magistrada Otálora habló sobre las consecuencias de violencia que padecen las personas indígenas y que les impide desarrollar sus vidas en paz y con plena libertad. En especial, se refirió a la situación de las personas desplazadas, aquellas comunidades que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de violencia y salvaguardar sus vidas.

“Cuando las personas desplazadas buscan apoyo de justicia, debemos escucharlos y apoyarlas, debemos tener especial sensibilidad ante su situación que, con frecuencia, rebasa las problemáticas que conocemos y analizamos cotidianamente”. Así fue la decisión del TEPJF en el último proceso electoral, en el cual la Sala Superior determinó que las personas desplazadas tienen derecho a participar en las elecciones federales y locales, a pesar de estar fuera de sus lugares de residencia, y que las autoridades tienen la obligación de asegurar condiciones necesarias para que puedan ejercer el voto.

Finalmente, en la clausura de ese evento, señaló que la participación de las personas indígenas es clave para fortalecimiento de sus derechos y para la construcción de una democracia incluyente, en la que “toda decisión relevante que impacte en la vida de las personas encuentre su sustento en un criterio que, de un modo u otro, pueda ser atribuido al consenso de la mayoría”.

En este sentido, las demandas que recibe el Tribunal abren el camino para que se tomen decisiones que protegen o amplían los derechos de las personas. “Las demandas que recibimos de quienes se ven afectados en el ejercicio pleno de sus derechos, como fue el caso de la comunidad tsotsil desplazada, nos abren la oportunidad para hacer el cambio. Sin ellas, nuestra función y nuestra labor se vacía de contenido”, señaló la magistrada Otálora.

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