14/abril /2005 / Sala Superior 19/2005

México, D.F.

Respecto a los juicios presentados por los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, contra el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México, el pasado 11 de febrero, relativo a la auditoría sobre el origen y aplicación de los recursos de los actos anticipados de campaña del PAN, los magistrados determinaron que sigue surtiendo sus efectos la resolución impugnada.

El PVEM impugnó la indebida disminución del monto de la sanción propuesta inicialmente por la Comisión de Fiscalización de la autoridad estatal; el Revolucionario Institucional se inconformó porque no se impuso al Partido Acción Nacional la sanción consistente en la imposibilidad de registrar candidato para la elección de gobernador, y el PAN se manifestó contra la aplicación de las sanciones.

En los juicios presentados, los partidos inconformes no combatieron adecuadamente los sustentos del fallo impugnado, debido a que sólo realizaron manifestaciones genéricas y afirmaciones o negaciones abiertas.

Al resolver dos recursos presentados por la coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur y el Partido del Trabajo, contra los resultados de la elección en el ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, los magistrados confirmaron la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial y, con ello, el triunfo del candidato de la Coalición Sudcaliforniana (PRD-Convergencia), Víctor Castro Cossío.

Por otra parte, los magistrados electorales confirmaron el desechamiento de las quejas interpuestas en el IFE por Miguel Bess-Oberto Díaz y Gabriela Martín Morones, en contra del Partido del Trabajo por supuestas infracciones a la ley electoral federal. La autoridad responsable actuó correctamente, razonó la Sala Superior, toda vez que no existían elementos concretos ni hechos definitivos que tuvieran como consecuencia jurídica el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra del instituto político señalado. En el caso de Gabriela Martín Morones, ésta pretendía, no que se sancionara al PT, sino que se adecuaran sus estatutos, pero la vía intentada no fue la idónea para satisfacer sus pretensiones.

Por último, por diversas razones se desecharon las demandas interpuestas por Manuela de Jesús Ruiz Alucano, Sergio Octavio Delgado Soto y Carmen Loeza Hernández.