31/mayo /2018 / Sala Superior 188/2018

Ciudad de México

La labor jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha permitido el reconocimiento y la protección de la igualdad, como en los derechos de los indígenas, afirmó la presidenta de esta institución, Janine M. Otálora Malassis, al hablar de una sentencia reciente en la que se crearon 13 curules en la Cámara de Diputados exclusivamente para ciudadanos indígenas.

Al hacer la presentación de Armin von Bogdandy, director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, quien dictó la Conferencia Magistral “El papel de la ciudadanía y la democracia en la agenda del Ius Constitucionales Commune: América Latina y Europa”, Otálora Malassis destacó que las constituciones de nuestro continente se reconocen cada vez más en naciones pluriculturales.

La magistrada presidenta refirió que América Latina apuesta a un constitucionalismo regional de derechos con garantías supranacionales que está formado por tres elementos: derechos humanos, democracia y estado de derecho.

“El desarrollo de este derecho constitucional común se debe a la historia propia de la región que ha tenido una herencia de regímenes autoritarios y un legado de instituciones débiles, cuyo fortalecimiento seguimos moldeando por diversas vías”, señaló.

“Desde la perspectiva apuntada, el desarrollo del derecho constitucional común en nuestra región se debe, en gran medida, a la debilidad de las instituciones. A raíz de la inestabilidad institucional, la sociedad civil ha tenido que acudir a organismos internacionales de protección de derechos humanos, lo cual ha aumentado su papel de relevancia en el continente como fuerzas transformadoras”, subrayó la magistrada presidenta.

La lucha de la ciudadanía, desde distintos frentes, dijo, ha impulsado la agenda Ius Constitucionale Communae, ya sea a través del activismo legal o incidiendo directamente en reformas estructurales y, consecuentemente, en políticas públicas, lo que llevó a la gran reforma constitucional del artículo primero constitucional.

Al moderar la mesa “El paradigma del Ius Constitutionale Commune: Elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana”, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, señaló que el tema del paradigma del derecho constitucional común en la región Latinoamericana es de central importancia para todo estado de derecho.

Al respecto, dijo que nuestro país nunca había contado con un orden jurídico tan conscientemente abierto al derecho internacional y al derecho comparado, como el que tiene en la actualidad. “Decididamente visible desde la reforma constitucional de junio de 2011, el derecho constitucional común tiene sentido en México, porque se trata de un país que ha tomado la decisión soberana de pertenecer a los sistemas universal y regional de los derechos humanos”.

El magistrado De la Mata agregó que la conformación del derecho constitucional común para México considera el proceso de formación de estándares que se construyen a partir de la jurisprudencia interamericana, en el mismo sentido que sucede para todos los países que han reconocido la jurisdicción de esa Corte supranacional.

En la mesa participaron José Luis Caballero Ochoa, de la Universidad Iberoamericana; Mariela Morales Antoniazzi, de Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht y José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– International Association of Constitutional Law.

Al moderar la mesa “Los órganos internacionales e interamericanos en los procesos de democratización de América Latina”, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que el Derecho tiene que usar la herramienta del diálogo, junto a otras disciplinas, no sólo para comprender fenómenos como la corrupción, de desconfianza y una cultura política de baja calidad, sino para construir soluciones e instituciones, “y eso no aleja a los jueces o a la función judicial, más bien los acerca y compromete”.

La mesa estuvo integrada por Raúl Ávila Ortiz, académico y consultor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Salvador Romero Ballivián, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Christian Courtis, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sede Nueva York.

Contribuir a la plena realización de los derechos: Von Bogdandy

Al ofrecer su conferencia magistral, el director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, Armin von Bogdandy, resaltó que la ambición del proyecto Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) es contribuir a la plena realización de los derechos, de la democracia y del estado de derecho, y participar en la construcción de sociedades que sean más plurales y más cohesionadas.

El ponente habló sobre el constitucionalismo transformador, y en ese sentido señaló el ICCAL es, ante todo, un enfoque de derecho público. Su principal objetivo de estudio, aseveró, es el conjunto de normas jurídicas que gobiernan el ejercicio de la autoridad pública. Este constitucionalismo transformador ya tiene un impacto importante en América Latina, comentó.

En la región, los derechos humanos se han convertido durante los últimos 30 años en un lenguaje legal, político y social común que no existía previamente, señaló en su conferencia. Actualmente, agregó, se trata de una plataforma de movilización para un público mucho más amplio.

Más adelante, el expositor señaló que en el ICCAL existe plena conciencia de que el avance en una agenda de transformación por medio de procesos jurídicos genera muchos retos. En ese sentido, indicó que es claro que el Poder Judicial no puede sustituir la aprobación de políticas públicas por parte de las instituciones políticas.

No obstante, consideró necesario que los tribunales tengan su rol dentro del sistema político, que esté acorde al contexto social y político específico de cada país en América Latina, particularmente cuando existen fenómenos de exclusión y debilidad institucional.

“Cuando las instituciones políticas están bloqueadas o cooptadas, existe un concepto idóneo para que los tribunales intervengan. Como reconocen muchas teorías de la democracia, los tribunales tienen más legitimidad para intervenir cuando el procedimiento democrático es deficitario”, destacó Armin von Bogdandy.