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Los juzgadores deben garantizar que las controversias electorales se diriman por los cauces institucionales: Vargas Valdez

6 /marzo /2018 / Sala Superior 79/2018

Mérida, Yucatán

  • Reglas electorales del juego deben ser claras y no se deben modificar ya iniciado el partido: De Icaza Hernández
  • La mejor fórmula para que funcione la protección de los derechos fundamentales es el fortalecimiento de nuestras democracias: Lizarazo Ocampo

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, destacó que, como juzgadores, deben garantizar que las controversias electorales se diriman por los cauces institucionales, para que todos los contendientes tengan incentivos para jugar las reglas del juego y aceptar la jurisdicción de los tribunales de cara a los próximos comicios.

Al coordinar la mesa internacional “Jurisdicción internacional, Derechos Humanos y democracia en el siglo XXI”, en el marco del X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales, el Magistrado señaló que hay una invitación, desde múltiples voces, a no perder de vista el importante y fundamental valor de la independencia e imparcialidad de quienes ejercen la función electoral, particularmente, en lo que toca a las garantías a los candidatos.

En su opinión, una de las principales reglas del juego, son las garantías que se deben brindar a los participantes en la contienda por parte del sistema de jurisdicción electoral. “Las reglas del juego deben ser claras e inamovibles y creo que, precisamente, esa es nuestra función”, indicó.

El magistrado Vargas Valdez agregó que, como jueces electorales y constitucionales, a partir de las reformas al artículo 1° Constitucional, tienen la función de ver y mirar mucho más allá del Estado nación, una perspectiva de jurisdicción internacional. Al respecto, dijo que la jurisdicción interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental y, por ello, hay que recurrir permanentemente a los casos que han permitido la evolución en nuestros sistemas jurídicos, entre los que destacó el caso Castañeda Gutman; el caso Yatama del año 2005; y el caso reciente del opositor en Venezuela, Leopoldo López.

Gerardo De Icaza Hernández, Secretario Interino para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que las reglas electorales del juego deben ser claras y no se deben de modificar ya iniciado el partido y mencionó como un claro ejemplo la elección que se verificó en El Salvador en 2014.

Respecto a una jurisdicción internacional en materia electoral, desde la perspectiva interamericana, apuntó que lo que existe son algunas instancias internacionales que revisan el estado de los derechos políticos, como son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las misiones de observación electoral de la Organización.

Sobre las misiones de observación de la OEA, destacó que se enfocan en tres aspectos fundamentales: la conformación y la estructura de la justicia electoral; el acceso a la misma y las condiciones en las cuales se lleva a cabo y el procedimiento.

Al referirse al sentido que tiene la justicia y para qué sirve, señaló que le ha dado gusto escuchar en las mesas del evento y, en las sentencias que ha emitido el Tribunal, palabras como certeza y legalidad, así como el hecho de que sean predecibles las sentencias del TEPJF.

Por su parte, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Antonio José Lizarazo Ocampo, al referirse a cuáles deberán de ser los mecanismos más eficaces para la actuación de los jueces internacionales en materia de protección de derechos humanos, indicó que, en principio, no deberían existir esos mecanismos, si nuestras democracias y nuestros sistemas funcionaran adecuadamente.

“La mejor fórmula para que funcione la protección de los derechos fundamentales es el fortalecimiento de nuestras democracias, y ahí nosotros, los jueces tenemos un papel fundamental en nuestros países y particularmente los jueces electorales”, subrayó.

La moderación de la mesa estuvo a cargo de la magistrada Gabriela del Valle Pérez, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.