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Presentan en el TEPJF libro Violencia política contra la mujer. Una realidad en México

9 /febrero /2018 / Sala Superior 42/2018

Ciudad de México

  • Las acciones afirmativas siguen vigentes porque está pendiente el reconocimiento de diversos derechos de la población, señaló la magistrada Soto Fregoso en un mensaje enviado 

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se presentó el libro Violencia política contra la mujer. Una realidad en México, de Rafael Elizondo Gasperín, ejercicio analítico que se inscribe en la preocupación de las mexicanas y los mexicanos por la violencia en nuestra vida social, la violencia física contra las mujeres, así como la violencia política que busca obstruir los derechos político-electorales de las mujeres y detener su empoderamiento.

La bienvenida estuvo a cargo de la Licenciada Adriana Bracho Alegría, Directora General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, quien dio lectura al mensaje de la Magistrada de Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso.

En el mensaje, se resaltó la importancia de las acciones afirmativas, “…aceptando que, en relación con los derechos de las mujeres, lo que hoy se requiere es la ampliación y progresividad de los aspectos operativos del principio de paridad; soy de la opinión de que la utilidad de las acciones afirmativas no ha concluido, si se mira al futuro y se enfoca a los sectores de la población que no han logrado un avance y reconocimiento de sus derechos, como el conquistado por el movimiento femenino”.

En adición, mencionó: “Al interior de los partidos y en las representaciones legislativas aún existen resabios de una cultura política patriarcal que arropa desde la condescendencia hasta la violencia política y la misoginia. La cultura paritaria aún tiene mucho terreno por ganar en la clase política mexicana en general y en los sectores masculinos en particular”.

Como comentaristas de la obra estuvieron presentes Teresa Hevia Rocha, especialista en temas de género y consultora independiente, así como Clicerio Coello, Garcés, Visitador del TEPJF.

Teresa Hevia Rocha mencionó que, a partir de la reforma de 2014, se logró avanzar en forma cuantitativa en la paridad de género, y consideró que siempre que se haga una denuncia se debe realizar un análisis exhaustivo del contexto para confirmar si se está ejerciendo realmente violencia política contra las mujeres. La especialista señaló que en la agenda del combate a la violencia en razón de género queda pendiente como un reto a alcanzar la tipificación como delito y el desarrollo de la normatividad para reglamentar acciones administrativas, que también permitan garantizar el ejercicio pleno de los derechos por la vía jurisdiccional.

Por su parte, el Visitador del TEPJF, Clicerio Coello Garcés, destacó que la obra contiene esquemas didácticos de cómo se ejerce la violencia política de género en la sociedad mexicana, cómo está presente en las campañas electorales, en los promocionales o en los spots que se difunden en los medios electrónicos y en las redes sociales.

Advirtió que se parte de estereotipos y, de acuerdo con los análisis que realizaron los magistrados en la Sala Regional Especializada, durante los procesos electorales de 2016, se abrió una nueva óptica para revisar el tema de violencia de género.
Por su parte, el autor de la obra, Rafael Elizondo Gasperín, dijo que este libro es un ejercicio de sistematización de información y significó un cambio de paradigma para convencer a los abogados de sus propuestas e investigaciones.

El autor destacó el cambio de criterio de percepción y de apertura para hacer valer los derechos de la mujer, “para actuar con perspectiva de género”; sin embargo, “la violencia no cesa y está principalmente en medios electrónicos y en redes sociales. Es voraz el carácter que tiene y el carácter viral con que se puede extender”, subrayó.

Finalmente, planteó cuatro grandes retos para erradicar la violencia política contra las mujeres: la necesidad de una regulación normativa integral; otorgar medidas de protección de forma directa; en el caso de mensajes en medios electrónicos poder suspenderlos de forma inmediata, y mayor rapidez en la valoración de pruebas en las denuncias que estén vinculadas a procesos electorales.