30/noviembre /2017 / Sala Superior 258/2017

Guadalajara, Jalisco

La magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene el indeclinable deber de realizar actividades encaminadas a la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, en especial de las personas y de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Al presentar el Manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, editado por el TEPJF, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2017, la magistrada presidenta subrayó que con esta obra “se demuestra cómo el Tribunal Electoral contribuye a la participación y al respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de nuestro país, así como en diversos instrumentos internacionales que ya están incorporados en nuestro derecho interno”.

Otálora Malassis, recordó que el año pasado, ante un vacío del Estado mexicano para atender las demandas de las comunidades indígenas, el TEPJF, como órgano de Estado, creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con la que se han atendido las peticiones que hacen particularmente las mujeres, más que los hombres, pero muchas de ellas tienen que ver más con problemas de trabajo, integridad física, de violencia, de pobreza, de hambre, “y uno dice: y aquí viene uno a hablar de derechos políticos para que cuando finalmente el mínimo de la subsistencia no está garantizado para todos estos ciudadanos”.

Por ello, sostuvo Otálora Malassis, la Defensoría Pública, representa un sueño que se ha hecho realidad y que va creciendo día con día, porque se han aumentado cada vez más los casos a los que les da seguimiento, al punto de que hoy en día ya cinco defensores están siendo realmente un problema para lograr el desempeño cabal de sus funciones y cuyos servicios son 100 por ciento gratuitos y profesionales.

“En esta nueva integración de la Sala Superior además hemos fortalecido el impartir justicia con mejores herramientas y entre ellas ha sido utilizar la prueba antropológica, que consiste en que peritos especialistas en derechos indígenas vienen a decirnos cuáles es la visión más neutra sobre un conflicto que se plantea ante nosotros”, añadió Otálora Malassis.

Al recordar al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, en su obra México profundo, que proponía la construcción de una nación plural en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde, la magistrada presidenta indicó que, “en efecto, reconocer nuestras diferencias culturales es lo único que nos va a hacer fuertes como Nación y ricos dentro de nuestra diversidad”.

En su intervención, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, indicó que bajo el preámbulo internacional y por la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado los alcances de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral se encamina en dos rutas de acción para atender las necesidades de dichas comunidades.

En la primera, señaló, está la emisión de sentencias garantistas y líneas jurisprudenciales protectoras de los derechos y pueblos originarios, en las que, por ejemplo, se ha construido toda una doctrina judicial en relación con la suplencia total de los agravios, el respeto de los usos y costumbres, siempre y cuando se ajusten al marco constitucional en materia probatoria, además de que se ha llegado a ordenar la realización de pruebas antropológicas a fin de dotar de contenido probatorio adecuado, las resoluciones que se alcanzan en los recursos de reconsideración.

En segundo término, continuó el magistrado de la Sala Superior, está la concepción de ser un Tribunal Constitucional, así como su impacto en la sociedad, en el sentido de que no debe circunscribirse, única y exclusivamente a la emisión de criterios jurisprudenciales, sino que, por el contrario, debe encaminar al diseño de una política judicial.

“Dentro de esa política judicial, los jueces constitucionales debemos facilitar que los principios contenidos en el Pacto Federal, se aterricen en acciones concretas, y que éstas beneficien a los grupos en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, género, violencia política, indígenas y personas con algún grado de discapacidad”, destacó Fuentes Barrera.

En esa tesitura, aseveró el magistrado de la Sala Superior, es que se inscribe el Manual que se presentó, porque es una visión de vanguardia para que los pueblos y comunidades indígenas, tengan acceso real a la justicia completa y eficiente en materia electoral, habida cuenta de que superada la discusión sobre si los derechos político-electorales son o no derechos fundamentales, estos deben potenciarse y aplicarse de mejor forma.

“La justicia para este grupo vulnerable, es en realidad, algo aún lejano, es por definición un tema que todas las instituciones nos debemos de ocupar en resolver, no porque dichos pueblos carezcan de competencias para ello, sino por el contrario, es tanta su riqueza cultural, que necesita ser entendida, para ser atendida en condiciones justas”, puntualizó Fuentes Barrera.

Luego de la presentación del Manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, la magistrada presidenta Otálora Malassis y el magistrado Fuentes Barrera visitaron el stand que el TEPJF instaló en el Centro de Convenciones en el marco de la edición 2017 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de recorrer y visitar diversas editoriales.