15/octubre /2017 / Sala Superior 199/2017

Ciudad de México

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, destacó que, en los últimos años, se ha llegado a un exacerbado esquema de litigiosidad en el que se ha perdido de vista que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales.

Al participar en la sesión “Legitimidad democrática después de las elecciones”, en el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana. Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: Un panorama Latinoamericano, el Magistrado indicó que será responsabilidad de la ciudadanía, los partidos políticos -como entidades de interés público- y las autoridades, lograr la legitimidad democrática después de la elección de 2018.

Vargas Valdez reconoció que esta elección será “la más compleja y competida que ha tenido la historia de este país”, en la que se elegirán más de 3 mil cargos de elección y en la que, de acuerdo con la proyección que ha hecho la Sala Superior, “tendremos del orden de 50 mil asuntos que resolver, es decir, 50 mil juicios que atender, por el número de elecciones y de participantes en el proceso”. Para 2018, abundó, “el reto será que todos tengamos la capacidad de aceptar los resultados y la voluntad popular”.

Ante tal escenario, el magistrado de la Sala Superior dejó claro que “independientemente de las pugnas políticas, el Tribunal Electoral tiene que hacer valer la Constitución y la Ley, además de conciliar intereses con todas las partes. No podemos perder de vista que, si bien somos un Tribunal Constitucional en materia electoral y tenemos un carácter jurisdiccional en nuestra función sustantiva, con lo que lidiamos, día con día, es con cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad democrática”.
Respecto a la labor de las autoridades electorales, el magistrado Vargas Valdez indicó que ésta “tiene que centrarse precisamente, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, en la función de un árbitro, de un árbitro imparcial, de un árbitro que se apega a las reglas del juego, y eso exige un conocimiento de que no importa quién tenga la preferencia de la ciudadanía. Nuestra obligación es respetar el triunfo y hacer valer esa voluntad popular y, por supuesto, que eso se traduzca en una transición pacífica de poderes y autoridades”.




En este sentido, el trabajo del Tribunal Electoral se centra en emitir sentencias claras y objetivas, debidamente fundadas y motivadas; que puedan ser entendidas por todos, subrayó el Magistrado de la Sala Superior.

Finalmente, reconoció la labor que hacen tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los institutos locales, el cual, dijo, es un trabajo apegado a la legalidad, al profesionalismo y que cumple con los máximos estándares democráticos para respetar la voluntad popular.