17/septiembre/2017 / Sala Superior 181/2017

Cancún, Quintana Roo

El magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que a través de sus sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca fortalecer a las instituciones al tutelar su independencia presupuestaria y operativa, porque en la medida en que las autoridades electorales actúan de manera imparcial, la calidad de las elecciones se beneficia notoriamente, pues incrementan la confianza en las instituciones públicas.

Al participar en la Mesa Especial III “Recientes avances para mitigar las malas prácticas electorales: Desafíos y conceptuales y metodológicos”, en el marco del V Congreso Internacional de Ciencia Política. Riesgos de la Democracia: Desigualdad, Discriminación y Corrupción, el Magistrado del TEPJF añadió que de la misma manera la Sala Superior ha buscado sentar los incentivos adecuados para que los partidos políticos se enfrenten en condiciones de equidad y sean medios efectivos para instrumentar el goce de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

“El TEPJF junto con los tribunales electorales estatales del país nos enfrentamos al proceso electoral, el 2017-2018, más desafiante de la historia política mexicana. En este contexto, los tribunales debemos adoptar una postura no tradicional sino activa, que dote de significado y efectividad la integridad de las elecciones”, sostuvo Rodríguez Mondragón.

Esta postura jurisdiccional, continuó durante su explicación, es activa y en diálogo constante con otras instituciones electorales para garantizar la funcionalidad independiente e imparcial, así como para ampliar libertades y fortalecer la participación ciudadana y la equidad entre contendientes en el contexto electoral.

“En la medida en que los conflictos se atienden de manera pacífica a través de canales institucionales como los tribunales, nuestro papel debe concentrarse en mantener despejados los canales para la deliberación y el cambio político. A su vez, los tribunales debemos garantizar los mecanismos idóneos para que los contendientes que resulten electos asuman plenamente su deber de representación pues se trata de orientar el rumbo del país de forma congruente con el sentir de la ciudadanía”, aseveró el Magistrado.

Rodríguez Mondragón afirmó que las malas prácticas, principalmente el fraude o manipulación electoral, demeritan la integridad de una elección porque implican necesariamente una actitud intencionada en contra de la integridad electoral, que produce desconfianza y reduce la legitimidad de las elecciones y su resultado, así como de las autoridades que las administran.

El magistrado de la Sala Superior señaló que otro efecto negativo de las malas prácticas electorales es que propician mayores y/o posteriores prácticas de corrupción, por lo que quienes resultaron electos mediando prácticas corruptas probablemente tendrán que premiar a aquellos que les ayudaron a llegar a esos puestos, por lo que dichas acciones inciden negativamente en el aparato burocrático. “En suma, las malas prácticas comprometen la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia”.

El magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que la calidad de las elecciones está fuertemente impactada por la calidad de la autoridad electoral, por ello la independencia de estas es fundamental ya que significa que no están influenciadas ni subordinadas a otros órganos de poder.

En este tenor, subrayó, otra mala práctica que afecta el marco democrático consiste en la intención de los ejecutivos estales en presionar a las autoridades electorales afectando sus finanzas al negarles o disminuirles los recursos con los que tienen que operar cada año.

El Magistrado del TEPJF subrayó que ese tipo de actitudes asumidas por el poder ejecutivo y por las autoridades financieras estatales provocan tensiones graves en el funcionamiento y desempeño de los órganos electorales estatales, y el problema adquiere dimensiones mayores, cuando está en curso o por iniciar un proceso electoral.

“El TEPJF ha emitido distintas resoluciones para garantizar las condiciones presupuestales necesarias para que los institutos y tribunales electorales estatales estén en posibilidades de cumplir con su mandato. La confianza pública en las autoridades electorales depende en gran medida de su adecuado desempeño y en ese contexto, las presiones que ejercen los gobiernos estatales al comprometer la operación de estas autoridades comprometen la integridad electoral”, concluyó Rodríguez Mondragón.