21/agosto /2017 / Sala Superior 155/2017

Monterrey, Nuevo León

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que el reto de las autoridades para el proceso electoral 2017-2018 es tener la capacidad para detectar, contener, disuadir, desincentivar y sancionar las malas prácticas electorales, como el clientelismo y el turismo electoral, a lo largo de dicho proceso.

Al ofrecer la Conferencia Magistral "Herramientas para analizar malas prácticas: clientelismo y turismo electoral", en el marco del Coloquio Retos y desafíos hacia el Proceso Electoral 2018: Alteración del Registro Federal de Electores, el Magistrado de la Sala Superior sostuvo que el objetivo de las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, así como de los gobiernos, es garantizar la confianza pública en las elecciones.

“Uno de los retos y desafíos para el proceso electoral 2017-2018 es colocar a la confianza pública en el centro del proceso electoral en el cual interactuamos autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, los partidos políticos y los gobiernos que, si bien no deberían ser actores en el proceso electoral, sabemos que tienen una incidencia en los arreglos políticos, en general en el debate o en el discurso político”, sostuvo Rodríguez Mondragón.

Por lo tanto, continuó durante su ponencia presentada en el auditorio EGADE Business School Monterrey del Tecnológico de Monterrey, la relevancia de la independencia, profesionalismo e imparcialidad de las instituciones electorales es vital, pues son estos órganos los encargados de tareas esenciales como la organización de las elecciones, registrar a los electores, partidos y candidatos, contar la votación emitida y garantizar procesos electorales limpios, transparentes, justos y equitativos.

“El carácter integral implica un campo de juego nivelado entre los contendientes de una elección, así como la capacidad para prevenir malas prácticas electorales y, sobre todo, monitorearlas y sancionarlas cuando estas se producen. Toda mala práctica que no es sancionada genera zonas grises, zonas de impunidad, y alimenta los incentivos para llevarlas a cabo porque obtienen un beneficio en el resultado electoral”, subrayó.

Rodríguez Mondragón indicó que es fundamental que las autoridades electorales tengan las herramientas para prevenir, contener y sancionar esas malas prácticas, además de prever la colaboración interinstitucional para diseñar las acciones para contrarrestarlas, pensando sobre todo en las personas que puedan desviar sus conductas, deben “tener dientes para prevenir contener y sancionar malas prácticas”.

Comentó que entre las estrategias que se pueden implementar contra el clientelismo y el turismo electoral destacarían la colaboración interinstitucional que permita detectar dichos casos a partir de la observación electoral no sólo en los días previos a la jornada electoral, sino que fuera de manera permanente y con observadores nacionales e internacionales.

El Magistrado de la Sala Superior aseveró que las malas prácticas constituyen un problema político, pero también de diseño institucional, ya que el poder y la competencia por el poder deben regularse pues el derecho debe estar por encima de la política cuando se trata de procesos electorales, debido a que la política no se puede anteponer a la aplicación efectiva de la ley y el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho.

“Para los estándares de integridad electoral, dado que se basa en una dimensión moral, política, social y jurídica, no es suficiente que los gobiernos creen buenas instituciones y procesos eficientes, los actores de la política electoral deben respetar y defender la independencia, el profesionalismo y la imparcialidad de los funcionarios, institutos y tribunales electorales, porque quienes más ganan al tener árbitros imparciales, independientes y profesionales, son precisamente quienes compiten por el poder”, puntualizó Rodríguez Mondragón.