30/abril /2017 / Sala Superior 70/2017

Guadalajara, Jalisco

La necesidad de entender que los derechos emergentes requieren de una visión transversal en el ejercicio y la enseñanza del derecho, al tratarse de bienes intangibles cuya preservación se encuentra vinculada con el futuro y el desarrollo social, fue planteada por el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

Al participar en la Mesa de Estrategias Didácticas para la Enseñanza de los Derechos Emergentes, en el marco del Congreso CEEAD 2017, Educación Jurídica, efectuado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, Rodríguez Mondragón explicó que los derechos emergentes “se dan en un contexto de globalización, en donde los avances tecnológicos y el desarrollo de la economía, de la ciencia, plantean retos y problemas distintos a los que tradicionalmente se enfrentaba la profesión legal”.

“Cuando hablamos de derechos emergentes hablamos de bienes intangibles, de valores que tienen que ver, por ejemplo, con la solidaridad del derecho a la paz, la dignidad, la igualdad, entre otros”, en que los derechos humanos juegan un papel importante porque al hablar de democracia el componente central no es sólo la democracia representativa, sino la democracia participativa.

Ante estudiantes y académicos, el magistrado Rodríguez Mondragón destacó que el estudio y la práctica de los derechos emergentes requieren de interdisciplinariedad por el carácter reivindicatorio o transformador de la profesión o del papel que debe tener la profesión legal en este tipo de problemáticas.

“Hablamos de problemas sociales particularmente. Por lo tanto, el derecho deja de ser entendido únicamente en su dimensión normativa, adquiere una dimensión sobre todo contextual, contingente y valorativa respecto del futuro que se busca construir o transformar ya sea a nivel institucional o a nivel social”, expresó.

Acompañado en la mesa por el doctor José Roldán Xopa, citó ejemplos de cómo en un contexto de derechos emergentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió casos sobre las características que debe tener una consulta a pueblos y comunidades indígenas, “cuando lo que se busca incidir o se va a tener efectos es en el desarrollo comunitario, económico, social o político”.


“También, en materia de democracia, podemos referirnos a un derecho a la solidaridad. En relación con esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos emergentes destaca el derecho del conocimiento, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, y disfrutar de bienes comunes universales”.

Citó como la defensa del medio ambiente llevó a un litigio de 170 años en Nueva Zelanda, hasta que fue reconocido que un río como una entidad de vida formaba parte del patrimonio de una comunidad, y en ese y otros casos puede reflejarse cómo la práctica jurídica, la defensa de la ley, busca preservar el presente, “pensando en el futuro, bienes que son indispensables, ya sea desde un punto de vista ideológico o para el desarrollo humano”.

Rodríguez Mondragón indicó que, en materia electoral, la defensa de los derechos políticos de las comunidades indígenas debe ser desde una perspectiva mucho más amplia y contextual, tratando de garantizar la concepción de democracia participativa.

Refirió que en el caso de la redistritación electoral en distritos con componente indígena, como la comunidad Cucapá en Sonora, el TEPJF estableció la obligación de las autoridades electoral para consultar y que la propia comunidad determinara lo que más le conviniera, de acuerdo con su cultura, geografía y actividad económica, y no sólo tomando en cuenta parámetros técnicos.

Rodríguez Mondragón cita también el caso de una comunidad indígena en Oaxaca donde la autoridad local estableció una consulta sobre el acceso a recursos públicos y a la asignación, distribución y transparencia de su uso.

El TEPJF resolvió que el derecho de acceso a recursos públicos no está a una consulta. “En lo que sí tenían que convocar a la comunidad es para las modalidades de transferencia, administración y transparencia”.

Para cerrar su participación, se preguntó cómo trascienden estos nuevos contextos normativos a la enseñanza y la práctica de la abogacía?, e indicó que la enseñanza de los derechos emergentes sí ha implicado modificación en los programas de estudio de universidades como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, para incorporar herramientas de argumentación, pensamiento crítico y apertura a otras disciplinas, mientras que en México lo que se ha hecho es modificarlos sólo con una lógica de contenidos y nuevas asignaturas “no hay un énfasis en argumentación, en razonamiento o en herramientas que permitan aprovechar la interdisciplinariedad para el análisis y solución de problemas”.

Habló de la posibilidad de que la enseñanza del derecho incorporara como materias centrales los Derechos Humanos, el Derecho Civil, Justicia Constitucional, Penal, Derecho Administrativo, entre otros.

“Debe establecer una ruta que desarrolle las habilidades del pensamiento crítico y ahí ubicaría inclusive cuestiones como justicia procedimental, negociación, resolución de conflictos, psicología social, argumentación jurídica, interpretación lógica y metodologías cuantitativas y cualitativas”, añadió.

“El enfoque interdisciplinario es esencial cuando estamos hablando de derechos emergentes, porque todos los problemas en este contexto tienen que ver con instituciones globales y con un entendimiento sobre recursos, ya sea políticos, ya sea sociales o económicos, y es muy difícil prever y tomar buenas decisiones si no entendemos las implicaciones de todas estas asignaturas”.