EL TEPJF PRESENTA EL PROTOCOLO PARA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
21/abril /2017 / Sala Superior 64/2017
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
- La magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora Malassis, dijo que es importante posicionar a la Defensoría como un puente entre los indígenas y las instituciones de justicia electoral
- El Protocolo se dirige a quienes tienen la necesidad de acudir a los organismos jurisdiccionales en materia electoral, para hacer valer sus derechos políticos cuando estimen que han sido vulnerados
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que con el fortalecimiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se logran efectos positivos sobre la inclusión en la vida política de dichos pueblos, garantizando un ejercicio efectivo de absolutamente todos los derechos humanos.
Al encabezar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la presentación del Protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, la magistrada Otálora Malassis señaló la importancia de posicionar a la Defensoría como un puente entre los colectivos y comunidades indígenas y las instituciones de justicia electoral.
“Si logramos que las y los integrantes de las comunidades indígenas vean a la Defensoría como una instancia a su servicio, entonces podremos decir que habremos allanado el camino para que vean en los jueces y en los tribunales, instancias que ofrecen servicios públicos en su beneficio, exclusivamente para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos, y con un ejercicio pleno de estos derechos se van fortaleciendo el ejercicio y la vigencia de los demás derechos humanos”, dijo.
La Magistrada Presidenta destacó que el Protocolo representa un instrumento fundamental para quienes están involucrados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y para quienes se sumen a este proyecto, que tiene como único fin fortalecer la democracia, logrando la participación política plena de las comunidades indígenas y de sus integrantes.
En este sentido, recordó que la Defensoría se creó como una respuesta a la obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia y responder con ello a las obligaciones internacionales que exigen que los pueblos indígenas no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a la justicia del Estado.
“De esta manera, contribuimos por parte del Tribunal Electoral, a que las comunidades y sus integrantes estén en aptitud de ejercer en condiciones de igualdad material a la jurisdicción electoral completa y efectiva, para defender y proteger sus derechos político-electorales. Este compromiso de juzgar con perspectiva intercultural lo tenemos en el Tribunal Electoral desde hace ya varios años, y queda plasmado en diversas sentencias cuyos criterios también son contenidos dentro de este protocolo”, sostuvo.
El Protocolo apoyará a hombres y mujeres indígenas que buscan hacer valer sus derechos políticos
Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago, señaló que el principal propósito del Protocolo es apoyar a los hombres y mujeres de los pueblos y comunidades indígenas, que tengan la necesidad de acudir a los organismos jurisdiccionales en materia electoral, para hacer valer sus derechos políticos cuando estimen que estos han sido o pueden ser vulnerados.
López Santiago hizo un recuento de las acciones realizadas por la Defensoría a un año de su creación: cuenta con cinco defensoras y defensores públicos electorales, para atender a todo el país, mismos que al día de hoy han recibido 131 solicitudes de servicio, distribuidos en 85 asesorías, 44 defensas y en 2 casos se abstuvieron de prestar algún servicio, porque se trataban de asuntos de materia mercantil y penal, distintas a la materia electoral.
Los asuntos atendidos corresponden a Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán y Durango, además de que han tutelado los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y de sus integrantes, a través de las solicitudes de mediación electoral en asuntos del estado de Oaxaca y de los medios de impugnación que se han presentado ante los tribunales locales o ante las Salas del TEPJF.
Por su parte, la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS Pacífico Sur, Margarita Dalton Paloma, indicó que el Protocolo representa un gran avance y su impacto se complementa con el hecho de que las defensoras y los defensores están capacitados y conscientes de la multiculturalidad en las comunidades indígenas para que sus resultados sean plenos.
La representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., Anabel López Sánchez, dijo que el Protocolo es una herramienta didáctica muy útil para todas las personas que están involucradas en la defensa de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, pero sobre todo de las mujeres.
Como parte de la presentación el Protocolo, se llevó a cabo la mesa de análisis Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. (Chenalhó, Chiapas, Ayutla de Los Libres, Guerrero), en la que participaron la defensora Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo, el defensor Eginardo Hernández Andrés, así como la asesora de la Coordinación de Asesores de la Presidencia del TEPJF, Karolina Monika Gilas.
En dicha mesa se analizaron y revisaron casos concretos de defensa de derechos con perspectiva de género y multiculturalidad recibidos por los defensores a fin de que los asistentes conocieran el trabajo que lleva a cabo la Defensoría para atender sus solicitudes de manera profesional y efectiva, siempre con apego a los principios legales.