4 /marzo /2017 / Sala Superior 34/2017

Ciudad de México

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, aseguró que la reforma electoral de 2014 ha sido un terreno fértil para el fortalecimiento de las instituciones públicas, especialmente las electorales.
Al participar en la presentación del libro El proceso electoral 2014-2015. Una visión desde lo local, coordinado por el consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Luis Octavio Vado Grajales, el Magistrado de la Sala Superior señaló que “el federalismo electoral es una realidad viva y vigente, que nos compromete a todos a aportar lo mejor de nosotros para asegurar la sanidad y el buen funcionamiento del sistema electoral mexicano”.

De la Mata Pizaña afirmó que dicha reforma político-electoral reestructuró el sistema electoral mexicano y ha permitido grandes cambios, porque estableció un nuevo modelo de integración y distribución de competencias de las autoridades electorales, en todas sus formas, e introdujo modificaciones en diversos temas enfocados a garantizar la certeza y transparencia en las elecciones.
“A raíz de la reforma de 2014 se creó un sistema nacional de elecciones -podría llamarse así-, el cual estandarizó la aplicación de la ley para dar una mayor equidad a la disputa por los poderes públicos en todos los ámbitos electorales del país, contribuyendo a confeccionar este sistema democrático más transparente, modificando estructuralmente la administración electoral de todo el país”, aseveró.
Al referirse a la obra, De la Mata Pizaña comentó que refleja justamente la aplicación del nuevo modelo de organización de las elecciones en México, por ello las experiencias vertidas son el resultado del trabajo de quienes estuvieron directamente involucrados en resolver las controversias presentadas durante el proceso electoral 2014-2015.
“Estos análisis nos permiten, a quienes tenemos la responsabilidad de resolver los medios de impugnación derivados de esta nueva normativa, contar con aportaciones extraordinarias, que reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo la organización electoral en el país”, puntualizó el Magistrado en el evento realizado en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF.


La reforma electoral del 2014 aún tiene pendientes por resolver
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, indicó que la finalidad de la reforma electoral de 2014 fue, por un lado, reducir los costos de los procesos electorales y, por el otro, evitar que los gobernadores intervinieran en las elecciones locales, situaciones que no lograron revertirse.
En el primer punto, precisó que no hubo disminución de los costos de las elecciones. Con respecto al segundo, añadió, “tengo 10 investigaciones en contra de gobernadores, dos importantes, una ya consignada, creo que también se puede comprobar que esto no necesariamente dio los frutos que habíamos pensado que iban a darse con la reforma del año 2014”.
“El punto central de discusión es ¿cómo hacer articular el sistema para efecto de hacerlo más eficaz y al final del día legitimar el proceso electoral? La autonomía es un elemento muy importante, mientras los institutos electorales locales no cuenten con una autonomía de naturaleza financiera, vamos a estar viviendo un problema de deslegitimación relevante que es importante discutir y resolver en el marco de los instrumentos normativos generales para la República Mexicana”, sostuvo.
El consejero Vado Grajales señaló que las reformas electorales suelen pensarse para atender los problemas que se perciben en la capital, pero su impacto más inmediato se presenta en las elecciones locales, obligando a las instancias de dicho ámbito a adecuar la norma pensada desde lo nacional a realidades de lo inmediato, que “desde luego no es fácil, pero de su adecuada consecución depende en buena medida el éxito de las elecciones”.
Agregó que el TEPJF al juzgar las elecciones locales ha demostrado estar atento a las peculiaridades de cada entidad, desarrollando incluso mecanismos de retroalimentación y diálogo, porque los jueces comiciales requieren conocer de viva voz lo que sucede en los estados, no como una forma de indebida interferencia, “sino como la oportunidad de tener un marco referencia dentro del cual desarrollan su función, porque a final de cuentas la función judicial busca resolver cuestiones concretas con efectos en la vida pública de la nación”.
En su oportunidad, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Marván Laborde, aseveró que el contar con medios de defensa legal y que la solución de los conflictos se haga en los tribunales es un avance democrático, pero también se debe aceptar que, a pesar de tener dicho avance, hay un exceso de impugnaciones, por lo que sería conveniente pensar en la posibilidad de que se castigue a quienes abusen de dichos recursos.
“Es indispensable que los tribunales se pongan cada vez más estrictos para aceptar impugnaciones y litigios, y habría que empezar a pensar en sancionar a quienes abusan del sistema, porque eso se ha convertido en parte esencial de la estrategia de los partidos, no sólo el hacer impugnaciones, por la exposición mediática que les da, sino porque se busca ganar en tribunales lo que no se gana en las urnas”, subrayó.