24/octubre /2016 / Sala Superior 402/2016

Hermosillo, Sonora

En las instalaciones del Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora, se llevó a cabo la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, evento organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la Junta local del Instituto Nacional Electoral en Sonora y la Red de Mujeres en Plural de Sonora.

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, comenzó señalando que era muy importante seguir difundiendo dicho instrumento, puesto que actualmente se continua sin una ley que sancione. Por otra parte, comentó que era su último evento como Magistrada constitucional en materia electoral, lo que la impulsaba a seguir alzando la voz por la igualdad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.

Asimismo, confió en que la nueva integración le dé continuidad y amplíe este proyecto, ya que hay mucho por hacer y el ámbito jurisdiccional es fundamental para que los derechos políticos de las mujeres avancen.

La Dra. Alanis enfatizó que la violencia política contra las mujeres es un problema que se ha enfrentado desde hace mucho tiempo, pero que apenas se está nombrando y abordando en términos judiciales, legislativos y académicos, principalmente en América Latina.

Así, precisó que la violencia política de género constituye una manifestación más de la violación a los derechos humanos de las mujeres, que les impide el ejercicio de sus derechos políticos electorales y, dijo, que este no es sólo un problema de México.

Alanis Figueroa refirió que en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se está elaborando la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, cuya idea es que, con base en este instrumento, se impulsen legislaciones dentro de los parlamentos de la región. Todo ello, con el fin de garantizar la participación política de las mujeres.


De ahí recordó que, al día de hoy, se han emitido cuatro sentencias donde se declara la existencia de violencia política de género.

La primera, sobre acoso laboral en contra de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes; la segunda relativa a la renuncia forzada de Rosa Pérez Pérez, presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas; la tercera, de Agustina Castellanos Zaragoza, agente municipal y otras colegas de su agencia que, mediante violencia política de género, fueron destituidas de su cargo en el municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca. La cuarta, de Felicitas Muñiz, presidenta municipal del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, quien sufrió diversos actos de hostigamiento, con miras a que renunciara a su cargo.

La magistrada Alanis Figueroa concluyó que, desde el más alto tribunal electoral del país, no se puede avalar que con violencia sean obstaculizados y arrebatados puestos electos democráticamente y que no puede enviar el mensaje de que de nada sirven las elecciones si un grupo de inconformes, haciendo uso de la violencia, podrá quitar del cargo a quienes lo han obtenido con el voto de la ciudadanía.