20/octubre /2016 / Sala Superior 398/2016

Ciudad de México

Los días 20 y 21 de octubre, se estará realizando la XI Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, organizada en conjunto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El objetivo de dicha reunión es reunir a todas las autoridades del hemisferio para promover el intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas exitosas sobre la administración electoral en la región.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa participó en la Plenaria 1, denominada “Democracia Interna de los Partidos Políticos”. Señaló que actualmente los partidos políticos cumplen cuatro funciones básicas: 1) seleccionan y presentan candidaturas en las elecciones, 2) mantienen la relación entre gobierno y la ciudadanía y canalizan sus intereses, 3) representan a los diversos grupos de la comunidad y 4) son una forma de asociación organizada.

Al hablar sobre las regulación interna de los partidos, Alanis Figueroa comentó que, tradicionalmente, Europa se ha acercado más a la defensa de la autonomía de los partidos, mientras que en América Latina y otras regiones en procesos de consolidación democrática, se ha establecido un marco jurídico específico para los partidos, el cual regula sus procedimientos para la designación de las y los candidatos o, bien, los obliga a definir estos procedimientos de conformidad con sus estatutos o documentos básicos.

Al abordar el tema de la nominación de candidatos, señaló que un debate central para la democratización interna de los partidos políticos es la adopción de medidas de acción afirmativa para la incorporación de las mujeres a los espacios públicos, de las minorías y las y los jóvenes para asegurar su representación en los parlamentos.

Respecto al tema de la igualdad de género, la juzgadora dijo que, en aras de garantizar la democracia al interior de los partidos, resulta necesario considerar como reglas internas del partido medidas específicas para garantizar que las mujeres tengan una oportunidad adecuada de competir en las elecciones y ser representadas en los órganos electos.

Así, expresó que diversos países de América Latina, incluyendo a México, han establecido cuotas de género u otros mecanismos para asegurar la representatividad de las mujeres en los partidos y en la política. Comentó que hoy en día países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela ya se contempla el principio de paridad en la postulación partidista. Quince países en el mundo ya determinan la paridad en las candidaturas a sus parlamentos.

Sobre las minorías nacionales, la magistrada Alanis Figueroa precisó que como buena práctica los partidos políticos deben esforzarse voluntariamente para garantizar la presentación de temas que conciernen a las minorías nacionales en los programas del partido y que la adopción de iniciativas específicas con el objetivo de promocionar la participación minoritaria es crucial para garantizar que la representación de las minorías sea materialice. En México no existe ninguna regulación que garantice el acceso de las minorías al Poder Legislativo y que, desde su óptica, deben incorporarse acciones afirmativas en la ley que hagan realidad el acceso de estos grupos a los espacios públicos.

Además, detalló que a pesar de que se estima que la población de entre 20 y 44 años representa el 57% del electorado a nivel mundial, es un grupo poblacional sub-representado, pues su representación en los órganos legislativos apenas alcanza el 26%. En diversos países se ha ideado la implementación de una “cuota de edad” o cuota joven para contribuir a una mayor participación política de este sector de población.

Concluyó señalando que son diversos los temas que inciden en la democracia interna de los partidos políticos, pero tres son los fundamentales: la selección de candidaturas; la toma de decisiones transparentes y por la mayor parte de los integrantes de un instituto político; y los derechos y obligaciones de las y los militantes, así como las instancias internas para su adecuada defensa. Para ello, propuso que el eje central de cualquier regulación respecto a los partidos políticos debía ser la protección de los derechos humanos y el establecimiento de estándares de conformidad con el contexto y leyes de cada país.