27/abril /2006 / Sala Superior 33/2006

México, D.F.

La confiabilidad judicial se pone a prueba en cada decisión de los tribunales y su ausencia estimula el surgimiento de arreglos celebrados al margen o en contra del orden constitucional, sentenció el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al participar en el último día de trabajos del XII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, en la mesa “El papel de la justicia electoral en el fortalecimiento de la democracia”, Reyes Zapata, consideró que un presupuesto fundamental para la buena marcha de la jurisdicción electoral es la conformidad de los actores políticos, en resolver sus diferencias de acuerdo con lo decidido por los órganos jurisdiccionales electorales.

En México, con anterioridad al establecimiento de la jurisdicción electoral, los conflictos se dirimían en el plano extra-jurídico, porque no existían instituciones que llevaran a cabo esta función, o bien, porque esa vía era políticamente ventajosa o poco costosa para las partes. En suma, los actores políticos no confiaban en las vías jurídicas o no estaban acostumbrados ni se veían motivados a acudir a ellas.

En la actualidad, de acuerdo con encuestas recientes realizadas por un diario nacional mexicano, en el periodo que comprende de agosto pasado a abril del presente año, la confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha incrementado de un 48 % a un 57%, dato que contrasta con el grado de confianza hacia los tribunales, prevaleciente en Latinoamérica, que es del 31%, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2005. Por otro lado, este resultado concuerda con el creciente número de impugnaciones presentadas ante el tribunal.

El magistrado Reyes Zapata habló también de la democratización interna que han experimentado los partidos políticos en nuestro país, con el fin de salvaguardar los derechos de sus militantes y garantizar el pleno cumplimento de los elementos democráticos mínimos exigibles en el desarrollo de su vida interna. Producto de lo anterior, los militantes han asumido que la vía jurídica es idónea para la resolución de sus controversias. Así, por ejemplo, resaltó el magistrado, sólo durante este año se han promovido 691 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de los cuales 441 conciernen a procesos de selección interna de candidatos

En su participación, Javier Ezquiaga Ganuzas planteó cinco interrogantes para tratar de entender y explicar la relación existente entre justicia electoral y democracia, con hincapié en los sistemas jurídico políticos que se encuentran en un proceso de transición a la democracia, o bien, se encuentran e la tarea de fortalecer su sistema democrático.

El catedrático español destacó que no hay democracia sin elecciones libres y no hay elecciones libres sin un sistema jurisdiccional; llamó a evitar la judicialización de la política que sería, desde su punto de vista una utilización abusiva de la judicatura, convertida en un arma de la pugna política. En este sentido, alertó que ante la incapacidad de los poderes públicos o de los partidos políticos de ponerse de acuerdo para alcanzar determinados consensos que permitan la gobernabilidad, el acudir a los jueces puede provocar un abuso, debido a que se les lleva a resolver problemas que tienen solución en el ámbito de la política. Cabe el peligro, destacó, de que sustituya la voluntad popular por la voluntad del órgano jurisdiccional, trastocando así el sistema democrático y la separación de poderes.

En su turno, Luis Antonio Sobrado (Costa Rica) presentó un balance de las tendencias de la justicia electoral latinoamericana y sus desafíos democráticos. En su exposición, destacó que la justicia electoral permite canalizar los conflictos político electorales, garantizar el valor del sufragio ejercido en elecciones libres y transparentes, además de que su vigencia permite ofrecer credibilidad a la ciudadanía.

Habló de la defensa de los derechos político electorales de ciudadanos y militantes de partidos políticos costarricenses y destacó algunas diferencias y similitudes con otros países de América Latina y México.

Por último, Enrique Mendoza, moderador de la mesa, calificó a la justicia electoral como los principios, valores y medidas encaminadas a la óptima realización de la democracia representativa, cuya finalidad es la protección de los derechos a elegir o ser elegidos para desempeñar un cargo público, a través de un conjunto de garantías que se le otorga a los participantes: partidos políticos, funcionarios electorales, ciudadanos y candidatos, a efecto de impedir que pueda violarse la voluntad popular.