12/septiembre/2016 / Sala Superior 340/2016

Ciudad de México

Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el derecho está en las sentencias porque cuando los ciudadanos enfrentan un problema jurídico recurren a ellas, antes que a la Constitución o a las leyes, por lo que es muy importante sistematizarlas, a fin de acceder a éstas.

“Descubrí, tarde en mi vida, que el derecho está en las sentencias. Tenemos que estudiar más los casos porque el derecho que le importa al ciudadano no es el que está en la Constitución, en las leyes, ni siquiera en los contratos que suscribe o que lo obligan, sino que cuando tiene un problema y va a un juicio, ahí es donde encuentra al derecho”, aseveró.

Al participar en el Seminario “Libertad de Expresión y Estándares Interamericanos”, que se llevó a cabo en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, el Magistrado destacó que ante el cúmulo de información generada y a disposición de la población, sobre todo en Internet, es necesario poner orden para instaurar un sistema que permita un acceso ordenado a dichos datos.

“Necesitamos poner orden para poder discriminar la información a la que queremos acceder porque estamos rebasados felizmente por el océano de la red. Estamos conectados con todo el mundo y los sistemas regionales de jurisdicción, como el Interamericano, no son más que un medio de control, uno, directamente para el Estado, pero cuando lo socializamos y las sociedades de otros lugares lo ven, además de la nuestra, controlan socialmente, para eso sirve la libertad de expresión también”, dijo.

Durante su participación señaló que en el pasado proceso electoral se transmitieron nueve millones de spots políticos, lo que equivale a 75 mil horas de transmisiones por radio y televisión, pero ello no contribuye a la deliberación democrática, ni potencia la libertad de expresión, ni lleva a la reflexión de los votantes, sino que esta concientización del electorado más bien se ha logrado a través de las redes sociales, pues a través de ellas es donde se “está haciendo ciudadanía”.

México ha logrado un gran avance en la implementación de sus sistemas de libertades
Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, indicó que México ha logrado un gran avance en la implementación de sus sistemas de libertades, como lo es el de la libertad de expresión, ya que por medio de ella se presenta un debate amplio y desinhibido con el que se ha logrado fortalecer el sistema democrático.

En este sentido dijo que el modelo de comunicación política implementado en los procesos electorales ha logrado la equidad entre las fuerzas políticas, ya que logra una labor comunicativa efectiva que genera mayor información para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos.

“Sin embargo, se deben establecer espacios de debate más allá de los spots, en donde las fuerzas políticas confronten sus ideas. Porque es importante reconocer que en las redes sociales es en donde se está haciendo ciudadanía, ya que es en ellas en donde se genera un diálogo y un intercambio de información permanente”, afirmó.

En su oportunidad Catalina Botero Marino, consultora internacional en materia de Derechos Humanos, señaló que el TEPJF se ha constituido como el más importante de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de América Latina, pues es el único que está integrado por jueces que son independientes, imparciales y que imprimen un rigor legal en sus decisiones jurídicas.

Aseveró que ante el cúmulo de sentencias que emite el Tribunal Electoral y que marcan una pauta en la región, se debe impulsar un mecanismo de sistematización de las definiciones jurisdiccionales a fin de que se puedan ver la diferencias que se pueden presentar en casos similares y que sirvan como una base de datos a la que puedan acceder los juzgadores y los ciudadanos.

Esta sistematización, detalló Botero Marino, debe contemplar tres características fundamentales, “la coherencia de la jurisprudencia y por jurisprudencia entiendo la tesis y los hechos que la marcan; la consistencia de la sentencia; y la compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular los del derecho de expresión”.