6 /septiembre/2016 / Sala Superior 331/2016

Ciudad de México

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que, a 20 años de la promulgación de la primera ley general de un sistema de medios de impugnación para la tutela de los derechos políticos, se requiere impulsar nuevas reflexiones para crear un mecanismo propio de tutela judicial que reconozca en la diversidad, el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la autodeterminación a partir de sus sistemas normativos.

Precisó que ese juicio nació como el medio de control constitucional para proteger los derechos a votar y ser votado de todos los ciudadanos y que, ahora, ese espectro se ha ampliado al derecho a la información, a la libertad de expresión, a la asociación y reunión política, así como a otros derechos vinculados con el ejercicio de los derechos políticos básicos.

“Más de 20 años de confección de esa ley nos exige nuevas reflexiones; nos exige un mecanismo propio de tutela judicial que reconozca precisamente en la diversidad, desde varias perspectivas de orden constitucional y convencional, el derecho de las comunidades a autodeterminarse políticamente a partir de sus propios sistemas normativos, desde el ejercicio de lo que han sido sus usos y costumbres”, indicó.

Al participar en la inauguración del Seminario “La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, lecciones aprendidas desde América Latina”, realizado en el auditorio José Luis de la Peza, de la Sala Superior del TEPJF, el Magistrado destacó la importancia de que los integrantes de estos pueblos cuenten con mecanismos alternativos dentro de la tutela judicial, que les permitan resolver sus controversias por la vía de la autocomposición.

Precisó que en los últimos 10 años de ejercicio jurisdiccional del Tribunal Electoral han llegado más de tres mil asuntos que involucran directamente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y hombres que integran las comunidades indígenas y, que esencialmente, esos juicios tienen que ver con la compatibilidad de los sistemas normativos internos para gobernarse, con las restricciones a los derechos políticos que éstos determinan en sus propias comunidades indígenas.

Se integra un protocolo para la defensa de los derechos políticos con perspectiva intercultural
Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, informó que este organismo, consciente de la necesidad de difundir sus logros y conocimientos, está consolidando un protocolo para la defensa de los derechos políticos con perspectiva intercultural.

Este documento, explicó, será un instrumento que servirá a todos los defensores indígenas en el desarrollo de sus funciones y una guía para que los integrantes de los pueblos indígenas conozcan sus derechos y sepan de qué manera deben ser escuchados y defendidos en los tribunales. Agregó, que se buscará que sea traducido en varias lenguas indígenas.

“Con ello la Defensoría Electoral reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos que atraviesan las comunidades indígenas, posibilitando en todo tiempo su acceso a los tribunales para obtener la protección de sus derechos políticos. Se avanzará en el proceso de dar visibilidad a las poblaciones indígenas, la cual durante años les ha sido negada”, recalcó.

Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, aseguró que la creación de la Defensoría Pública Electoral es una iniciativa que se inscribe en la ola de evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que se inserta, en medidas institucionales y estatales para el mejor ejercicio de los derechos.

“La creación de la Defensoría Pública Electoral constituye un legado de gran trascendencia para la defensa de los derechos políticos de un sector relevante de la población mexicana, pero sobre todo permite mejores condiciones para el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales”, afirmó.

En su turno, el coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, destacó que los trabajos que se llevan a cabo en este Seminario contribuirán directamente a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas al acceso a la justicia para los pueblos originarios, a la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias y a la creación de instituciones responsables y eficaces.

“Tal es el caso de la nueva Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral mexicano, que hasta donde sabemos es única en el mundo y, por tanto, digna de estudio y análisis”, dijo.

El Senador Jorge Toledo Luis, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, manifestó su disposición a de dar los pasos que se requieran a favor de los pueblos indígenas, desde el ámbito legislativo, de manera conjunta y conciliada, revisando la cosmovisión de los pueblos indígenas.

“Así vamos no sólo a generar las políticas públicas o las leyes que se requieren, sino visualizar a los pueblos indígenas, que es un paso sin duda muy importante”.

Jesús Fuentes Blanco, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comentó que hoy se está avanzando en una coyuntura que permitirá generar más accesos y mejores condiciones para garantizar los derechos políticos, principalmente los electorales de los pueblos y comunidades indígenas.

Álvaro Pop, presidente del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, aseveró que hoy los pueblos indígenas en el mundo están poniendo en tela de discusión la democracia, la interculturalidad, el diálogo de saberes y la representación parlamentaria, pero además “están llamando a reconocer los retos del futuro, a repensar la democracia, las maneras con que creamos la riqueza, la mantenemos o la distribuimos, a ponerle atención a la migración y a reconocer que el desarrollo debe ser algo que no puede estar fuera de nuestras agendas”.

Horacio Corti, defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, señaló que, en el caso de Argentina, la reforma constitucional de 1994 reconoció en un artículo la situación de los pueblos indígenas, y que ello representó en su momento, una innovación muy grande, pero que su aplicación ha avanzado muy lentamente en las decisiones de los tribunales y de las legislaciones.

Destacan labor del Tribunal en “Declaración de México”
El Presidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y los Expertos salientes y entrantes de la región latinoamericana, junto con la experta de la región en el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre asuntos indígenas, hemos estado reunidos el 4 y 5 de septiembre 2016 en la Ciudad de México, a fin de realizar una transición histórica de información, experiencias y desafíos de la participación de pueblos indígenas dentro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en Naciones Unidas, en los Estados, en las organizaciones indígenas, en la región Latinoamericana y en el mundo.

Los aquí reunidos saludamos hoy a todas las mujeres indígenas del mundo. Las mujeres indígenas han tenido un importante rol en el mantenimiento de la identidad de los pueblos, en la trasmisión de conocimientos y saberes, en la economía de los hogares y pueblos, en la garantía de la seguridad alimentaria y en la educación de generaciones. Motivamos a las mujeres a seguir en la lucha para el pleno ejercicio de sus derechos. Exhortamos a los Estados a intensificar políticas, planes y programas que contribuyan a superar las diversas desigualdades que las mujeres hoy en día atraviesan en el hemisferio, y a erradicar todas las formas de violencia, discriminación y racismo en contra de mujeres indígenas.

En víspera del cumplimiento de los 10 años de aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, su efectiva implementación sigue siendo uno de los principales desafíos y guía de actuación para el Foro y en general para los pueblos indígenas del mundo. Deseamos remarcar que, sin perjuicio de acciones positivas que se han realizado en varios de nuestros países, aún resta mucho por hacer porque las condiciones de vida y el goce de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas aún presentan realidades no compatibles con los principios y aspiraciones previstos en la Declaración.

Quienes participamos en esta sesión deseamos agradecer profundamente al pueblo mexicano, al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala y México por el apoyo para hacer posible este encuentro, lo cual es de gran valor ya que refleja las posibilidades de coordinación de esfuerzos entre instituciones estatales, organizaciones indígenas y los mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los pueblos indígenas. (Texto íntegro de la Declaración)