DIPLOMADO EN FORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: EL ESTADO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
2 /septiembre/2016 / Sala Superior 326/2016
Ciudad de México
- La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa destacó la importancia del control de convencionalidad, pues busca hacer una tutela más amplia de los derechos humanos y comentó que la Sala Superior del TEPJF ejercía este control mucho antes de la reforma constitucional del año 2011
- Alanis Figueroa reconoció que las sentencias del Tribunal encuentran su fundamento, un gran número de veces, en tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluso, previo a las leyes nacionales
En la Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se está realizando el Diplomado en Formación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor Fix-Zamudio”, edición 2016. La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa participó en el Panel “El Estado y la protección de los derechos humanos”.
Al hacer uso de la voz, Alanis Figueroa aludió a la importancia del control de convencionalidad en los tribunales cuando se busca hacer una tutela más amplia de derechos. Además, la juzgadora reconoció que en su papel de representante del Estado mexicano ante el órgano consultivo del Consejo de Europa (Comisión de Venecia), le ha tocado ver cómo la doctrina del sistema interamericano se ha constituido en una verdadera fuente de derecho, pues sobre todo en materia político-electoral ha habido importantes avances.
Precisó que la doctrina construida en los órganos interamericanos y en los tribunales constitucionales de América es una verdadera riqueza jurisprudencial, puesto que en este hemisferio se generan un amplio contenido de temas que sirven como precedentes para las demás latitudes del planeta.
Al abordar el caso mexicano, la magistrada María del Carmen Alanis destacó cuatro criterios en los que la Sala Superior ha realizado un control de convencionalidad, incluso, antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Así, compartió el caso Pedraza Longi, donde destacó que la Sala Superior adoptó un criterio que permitiera ejercer los derechos políticos como lo es el de votar, aún y cuando se estuviera sujeto a un proceso penal. Además, se refirió al control de convencionalidad que se ejerció en la resolución sobre sistemas normativos internos indígenas en Michoacán, particularmente en el asunto de la comunidad purépecha de Cherán.
Finalmente, Alanis Figueroa expuso dos asuntos recientes resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionados con supuestas renuncias de presidentas municipales en el Estado de Chiapas. Al resolver la impugnación de Rosa Pérez, del municipio de Chenalhó, se tuvo por demostrada la violencia política de género y se ordenó la restitución de la funcionaria en su cargo, así como las medidas de protección que garantizaran el ejercicio del mismo. Asimismo, comentó el caso de Oxchuc, en el que se ordenó restituir a la Presidenta Municipal María Gloria Sánchez Gómez en su cargo y garantizar su ejercicio; esto, sin que se acreditara la violencia política de género.
En el panel estuvieron presentes la Senadora Angélica de la Peña y el Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos Torres, quienes en sus intervenciones abordaron temas como las desapariciones forzadas, arraigo y las medidas que se han tomado, tanto en el Ejecutivo Federal como en el Senado de la República, para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.