23/agosto /2016 / Sala Superior 311/2016

Ciudad de México

Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el Tribunal Electoral ha resuelto en una década más de 100 mil asuntos con base en criterios de constitucionalidad y legalidad, para garantizar los derechos políticos- electorales y libertades.

Al participar como moderador de la Mesa 3. Libertad de expresión en materia electoral”, del IX Observatorio Judicial Electoral “2006-2016 Diez años de jurisprudencia”, en el marco de los 20 años del TEPJF, el magistrado Nava Gomar destacó la aplicación de criterios de progresividad para defender derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nava Gomar informó que dentro de la labor que desarrolla el organismo jurisdiccional, de 2015 a la fecha se han resuelto alrededor de 700 juicios relacionados con la libertad de expresión, “eso significa que son más o menos dos demandas al día”.

El Magistrado celebró la libertad de expresión, el acceso a la información, el control jurisdiccional de los derechos humanos, la crítica abierta de las instituciones y la exigencia en la rendición de cuentas que hay en el país.

Señaló que nuestro sistema de comunicación política está sobrerregulado y es cada vez más sofisticado porque después de cada elección se ha realizado una reforma. “Nuestro modelo de comunicación política, que la que rige la libertad de expresión en materia electoral, ha sido objeto de modificaciones constantes, promovidas por una parte de contendientes y partidos que no estuvieron de acuerdo con los resultados”.

Nava Gomar aseveró que se está matando la política por las limitaciones a la libertad de expresión para decir lo que se quiera respecto de la política, cuando el titular del Ejecutivo federal, los gobernadores, los presidentes municipales y los legisladores no pueden hablar de lo que hacen más que en sus informes.

“El papel del gobierno, hablando de comunicación política, es decir lo bien que lo hace o rendir cuentas. Y el papel de la oposición es decir lo mal que lo hace, lo mejor que podría hacerlo y que si los votan a ellos lo harían mejor. Esa es la deliberación democrática por excelencia”, dijo.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto
En su intervención, Irene Spigno, directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que en sus 20 años de actividad, el TEPJF ha sentado principios jurídicos muy importantes, en particular, sobre el papel que debe desempañar la libertad de expresión en un contexto democrático.

En ese sentido, consideró que a nivel comparado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es uno de los pocos jueces, de los pocos tribunales, que abre sus puertas a las críticas, a la academia y a la sociedad, “lo cual debería ser replicado por otros tribunales constitucionales; son un modelo de apertura judicial y jueces constitucionales modernos”.

Sin embargo, explicó que, en sus jurisprudencias, el Tribunal Electoral ha dejado claro que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, “ya que, como todos los derechos constitucionales, conlleva responsabilidades y tiene límites”.

En tanto, Arcadio Díaz Tejera, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, refirió que la libertad de expresión no surge como un derecho para las mayorías, sino como un derecho para los que no tienen poder.

“La libertad de expresión nace para el que disiente de la mayoría. No hace falta hablar de la libertad de expresión cuando todos están de acuerdo; la libertad de expresión nace para cuando el que tiene el poder no quiere escuchar”, expresó.

Los pueblos indígenas se están involucrando con mayor fuerza en los procesos político-electorales
Álvaro Esteban Pop Ac, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, reconoció al TEPJF el avance que ha tenido en la normativa electoral a favor de los pueblos originarios.

Al participar en la Mesa 4. Derechos fundamentales de los indígenas en materia electoral del IX Observatorio Judicial, moderada por la magistrada María del Carmen Alanis, Pop Ac afirmó que en América Latina la democracia electoral ha limitado a los pueblos indígenas a las dinámicas exclusivamente a nivel local o municipal, incluso muy rural, reduciendo su capacidad de acción e incidencia a nivel nacional.

Aseguró que en la región se mantiene el desafío de las construcciones nacionales con un enfoque de derechos de pueblos indígenas, especialmente en el ámbito de la consulta previa, libre e informada, y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

“A pesar de las limitaciones de información, de capacitación económica en un sistema profundamente clientelar y oneroso, monolingüe en español en una realidad multilingüe de cobertura urbana en un contexto de residencia rural de la población y de distanciamiento de las características geográficas, climática y culturales, las sociedades, particularmente los pueblos indígenas, están involucrándose con mayor fuerza en los procesos políticos electorales”, agregó.

David Recondo, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, señalo que el Tribunal Electoral ha colmado muchos vacíos en términos de interculturalidad y de reconocimiento, porque la política del multiculturalismo de los años 90, tardó mucho en tener efectos concretos, en traducirse en derechos justiciables y en tener un impacto para los ciudadanos indígenas de México.

“El trabajo de esos 20 años del Tribunal va más allá del tema de la justicia electoral pues suple ciertos vacíos en una política general de reconocimiento del carácter pluriétnico e intercultural de la sociedad mexicana. Entonces, como en muchos otros aspectos, el Tribunal es puntero, innova, abre camino, produce derecho, no sólo controla, sino que interpreta y da una serie de elementos para colmar esos vacíos que se dan en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas”. dijo.

Finalmente, Jesús Fuentes Blanco, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, destacó el hecho de que entre el 2008 y el 2016 el Tribunal Electoral emitió 71 criterios que han fortalecido los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, de los cuales 27 son jurisprudencias y 44 son tesis jurisprudenciales.

“El TEPJF ha sido una de las instituciones que ha sido más sensible al tema indígena. Hoy tenemos esa gran oportunidad de poder crear un camino juntos que nos permita redituarlo no solamente a los pueblos y comunidades indígenas, sino también al Estado mismo, porque si hay mayor y mejor participación indígena con capacidad y calidad, estaremos dando una muestra al mundo de una buena práctica, de esa oportunidad y capacidad del Estado de poder entenderse con la población indígena”, puntualizó.

La semana conmemorativa de los 20 años de que el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación continuará este miércoles 24 de agosto con el Foro 20 años del TEPJF: La evolución de la justicia electoral en México y el mundo.