20/agosto /2016 / Sala Superior 304/2016

Ciudad de México

Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), aseveró que la educación es fundamental para lograr el cambio social que acepte la participación política de las mujeres y evite casos como la violencia contra la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez.

“El problema de la democracia paritaria es que el derecho se adelantó al cambio social, y entonces tratamos de hacer ese cambio de mentalidad, en el que ni las sentencias ni las leyes lo lograrán sin la asociación de una política educativa clara de esa igualdad”, manifestó.

Al presentar su libro Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México, en el Foro “Juzgar con Perspectiva de Género en una Democracia Paritaria”, organizado por la Sala Regional Guadalajara, el Magistrado expresó su preocupación por el rechazo a hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.

“Las leyes han cambiado para bien, promovieron primero la cuota y después la paridad, y los tribunales hemos aplicado esas leyes para hacerla efectiva, pero nos topamos con una barrera que es el medio social, la mentalidad de la gente. Con el caso de Chenalhó, Chiapas, se ve claramente que existe todavía para infortunio de nuestro país el rechazo a la paridad y la igualdad del hombre y la mujer”, dijo.

Refirió que en Chiapas los problemas sociológicos son muchos y la tensión social no se reduce a la discriminación de la mujer. “Muchas veces no se ejecutan las sentencias ni se aplican las leyes en materia de paridad porque no se quiere cambiar, porque no se aceptan estas ideas, y como operador jurídico me preocupa. Me parece que la educación es fundamental en todos nuestros problemas,”, añadió.

González Oropeza explicó la transformación de las leyes para reconocer los derechos políticos como derechos fundamentales, del sistema de cuotas a la democracia paritaria, y reconoció la lucha de las mujeres para ejercer sus derechos políticos como lo hizo Elvia Carrillo Puerto, promotora del voto femenino, agredida y amenazada, que escapó de ser asesinada en 1925.

Casi cien años después, ahora en la Sala conocemos de un hecho de violencia política contra la Presidenta Municipal de Chenalhó, que es forzada a presentar una renuncia violenta, ficticia y que además si no la suscribía, el palacio municipal y ella misma hubiera sido quemada viva”, agregó.

El sufragio es un derecho colectivo de mujeres y hombres
El magistrado González Oropeza expresó que el sufragio es un derecho colectivo y algunas veces es tratado como un derecho individual. “La siguiente etapa de la justicia electoral debe ser tratar a los derechos políticos como derechos colectivos y eso tiene una implicación muy grande en los medios de impugnación electoral”.

“Si bien el voto es un derecho colectivo y nos pertenece a todos, como todo derecho es una prerrogativa del ciudadano y una obligación que debe ejercerse. Si ya transformamos la Constitución, si ya las autoridades electorales estamos haciendo todo lo posible por hacer un cambio social, es la educación el cambio que tenemos que hacer”, concluyó.

En la presentación del libro participaron los coautores Karolina Mónika Gilas y Carlos Báez Silva, profesora-investigadora y director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, respectivamente.