16/agosto /2016 / Sala Superior 299/2016

Ciudad de México

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), coincidió con legisladoras y legisladores en la necesidad de legislar un tipo penal para sancionar la violencia política contra las mujeres, dado el incremento sustantivo de los juicios para la protección de los derechos político electorales promovidos por mujeres que han sido depuestas por medios violentos de los espacios de representación política.

Al participar en la instalación de la “Mesa de Trabajo Legislativa sobre Violencia Política”, Carrasco Daza sostuvo que el orden jurídico actual es insuficiente para las víctimas de violencia política, quienes además de padecer los efectos directos de la violencia, se ven obligadas a renunciar a sus aspiraciones de participación política.

“El incremento sustantivo de juicios promovidos por mujeres que han sido depuestas por medios violentos de los espacios de representación política exigen una respuesta ejemplar, más allá de su reinstalación en el cargo, a través del ámbito punitivo que no permita la impunidad de estas conductas”, subrayó.

En su intervención manifestó que la violencia política es una afrenta al gobierno democrático y las víctimas de violencia política tienen una doble condena porque además de padecer los efectos directos de ella, se ven obligadas a renunciar a sus aspiraciones políticas.

“No es inusual el desfase entre las normas y su efectividad material, sin embargo, en materia de violencia política considero que es imperativo efectuar un análisis profundo y completo de la problemática para lograr un cambio sistemático sustancial, puesto que resultará insuficiente por necesario que sea, un ejercicio de reforzamiento normativo que reconozca de una vez el tipo penal de violencia política”, afirmó.

La violencia política es la barbarie en la consolidación democrática
El Magistrado Presidente del TEPJF afirmó que la violencia política diluye las reglas del juego democrático y en su lugar busca hacer que impere la barbarie, condicionando a quienes contienden por un cargo popular y a quienes ya lo tienen a contender y desempeñarse en un contexto hostil y ausente de protección a su integridad o, inclusive, a su vida.

Reconoció que se ha dejado de considerar el impacto integral que esta problemática representa en el paisaje del país, sobre todo porque la violencia obstruye el ejercicio de los derechos humanos de participación política que debe ser garantizado precisamente por todos, porque “la violencia política es nuestra barbarie en la consolidación democrática, es una respuesta convulsa y una afrenta al gobierno democrático”.

El binomio violencia e impunidad, dijo Carrasco Daza, coloca a la ciudadanía en un dilema en el que cualquiera de las opciones que la componen supone una pérdida cuantiosa en términos de seguridad mínima implica ceder espacios de libertad y derechos que es una afrenta al Estado, “ante este escenario el quehacer institucional ha resultado insuficiente, no podemos permitir que nuestro orden jurídico continúe escindido”.

Reconocen en el Senado labor del TEPJF en favor de los derechos políticos de las mujeres
En el Senado de la República reconocieron también la labor de la Sala Superior del TEPJF en favor de los derechos políticos de las mujeres; Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado felicitó al Tribunal Electoral por reconocer la vigencia de los derechos políticos de las mujeres y de las comunidades indígenas.

“Quiero aprovechar para felicitar el esfuerzo que ha hecho la Sala Superior en el reconocimiento de los derechos, no solamente en términos de condiciones de acceso de las mujeres a la política sino también el esfuerzo que recientemente ha hecho el presidente de la Sala Superior para la defensoría de los derechos indígenas, donde se da una doble condición de discriminación, no solamente por ser mujer sino por formar parte de un grupo vulnerable, que son justamente los pueblos indígenas”.

Por su parte, Kathia María Bolio, senadora del PAN destacó el compromiso del TEPJF para defender a las mujeres de la violencia política.

“Yo estoy aquí, resultado precisamente de un fallo a favor que estuvo en las manos, en la ponencia del magistrado Constancio Carrasco, porque sigue habiendo hoy en nuestros tiempos violencia política. Las mujeres todavía sufrimos mucha violencia política en el terreno cuando competimos, y ya que competimos, cuando ganamos y ya que ganamos muchas veces somos impugnadas. Repito, yo estoy aquí producto de un fallo favorable del TRIFE, y así que agradezco al magistrado Constancio todo ese apoyo que nos ha dado a las mujeres”.

Por su parte, Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal enfatizó algunas de las sentencias y jurisprudencias dictadas por el TEPJF.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios sobresalientes. He de destacar que el presidente Constancio Carrasco Daza ha sido uno de los juzgadores fundamentales en la construcción de las sentencias más importantes de este tribunal, como la sentencia antijuanitas y son una muestra de los esfuerzos que diariamente se realizan en el Poder Judicial de la Federación para lograr el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y combatir las acciones que tienen por objeto limitar, condicionar, excluir, impedir o incluso anular ese derecho”:

En la instalación de la Mesa de Trabajo Legislativa sobre violencia política, participaron el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; la senadora Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la igualdad de género; Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal y representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres); Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); y Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.